El gobierno de Bélgica anunció en la madrugada de este martes que reconocerá oficialmente a Palestina como Estado durante la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), que comenzará el 9 de septiembre, sumándose así a la postura de países como Francia, Canadá y Australia.

El vice primer ministro y ministro de Exteriores, Maxime Prevot, afirmó en su cuenta de X que se trata de un “gesto político y diplomático contundente” para defender la solución de dos Estados y condenar la expansión de asentamientos ilegales israelíes.

No obstante, Prevot matizó que la formalización administrativa mediante un decreto real se llevará a cabo cuando se haya liberado al último rehén y Hamás no ejerza más funciones de gobierno en Palestina, en referencia al ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos y 250 secuestrados en Israel.

El canciller belga subrayó que Bruselas también condenará con mayor fuerza cualquier acto de antisemitismo o apoyo al terrorismo por parte de sectores afines a Hamas.

Sanciones contra el gobierno de Israel
Además del reconocimiento, Bélgica anunció 12 sanciones contra el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, entre las que destacan:

Prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos ilegales.
Revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes.
Restricción de asistencia consular a ciudadanos belgas residentes en asentamientos ilegales.
Acciones judiciales, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito.
Declaración de personas non gratas a colonos violentos, líderes de Hamas y dos ministros israelíes ultranacionalistas, presumiblemente Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional).
Asimismo, Prevot adelantó que Bélgica votará a favor en la Unión Europea de medidas para suspender la cooperación con Israel, incluyendo el acuerdo de asociación con la UE y programas de investigación y cooperación técnica.

El ministro justificó estas decisiones por la grave crisis humanitaria en Gaza y Cisjordania, y acusó al Gobierno israelí de violar el Derecho Internacional y Humanitario, así como de incumplir su obligación de prevenir un posible riesgo de genocidio.