Desde la Fiscalía Occidente indicaron que cerca de 5 mil funcionarios de Carabineros estarían vinculados a la estafa piramidal del caso KnightsBridge.

El Ministerio Público formalizó este lunes ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo a dos tenientes de la institución policial y a un cadete del Ejército por su presunta participación en el ilícito.

De este modo, el tribunal dictó arresto domiciliario total para Ninoska Benavides (teniente de Carabineros) y Sebastián Jara (cadete del Ejército) y prisión preventiva para Sergio Toro (teniente de Carabineros) por liderar estafa piramidal.

Previamente, Carabineros desvinculó a los dos tenientes, mientras que la entidad castrense anunció que están realizando indagatorias.

La estafa habría estado operando desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2022 a través de un mecanismo en el cual se ofrecía una especie de devolución de impuestos por medio del tax free. En concreto, los líderes de la organización les decían a las personas que tenían que adquirir ciertos productos -algunos de ellos con un valor de $3 o $5 millones- y que luego iban a recibir la devolución de los impuestos.

Parte de lo acusado por la Fiscalía es que la manera en como se financiaba la estructura, por lo cual también se le llama estafa piramidal, es que todos los montos que se le iban entregando a aquellas personas que ya llevaban más tiempo ingresando dinero se financiaban a través de los nuevos socios. Por eso mismo, se ofrecía una especie de incentivo para aquellos que atrajeran nuevos clientes.

También se entregaban donaciones a algunas entidades como Hogar de Cristo y Todo por una sonrisa.

Reacción del Ejército

Por medio de un comunicado de prensa, el Ejército expresó que “habiéndose tomado conocimiento que algunos miembros de la Institución habrían sido parte de lo que sería una estafa piramidal, el mando institucional dispuso una investigación sumaria administrativa, a fin de esclarecer dicha participación, al tiempo de entregar los antecedentes requeridos por los tribunales de justicia que se encuentran indagando el caso”.

Además, indicó que “en caso de existir efectivamente personal que hubiere incurrido en acciones que resultaren contrarias a la normativa legal o reglamentaria, el Ejército adoptará las medidas administrativas y legales que correspondan”.

Finalmente, la institución expresó su “enérgico rechazo a cualquier acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente, y manifiesta su entera disposición para continuar colaborando con los organismos competentes que se encuentran realizando la indagatoria”.