La desmunicipalización escolar prometió eficiencia, profesionalización y mejor educación. Se nos habló de economías de escala, de una gestión moderna y de una nueva arquitectura institucional capaz de rescatar la educación pública. Sin embargo, una década después, el resultado parece ser otro: una gigantesca maquinaria de creación de puestos de trabajo burocráticos, muy bien remunerados, pero desconectados de la sala de clases.

El dato revelado hace poco por un medio de comunicación es brutal: solo los 25 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) plenamente operativos ya acumulan cerca de 15 mil nuevos funcionarios. Y cuando entren en régimen los 45 restantes, podrían sumarse otros 6 mil trabajadores más. El costo solo en nuevas contrataciones podría llegar a US$ 1.337 millones.

La pregunta inevitable es: ¿qué ganó realmente la educación chilena con esta expansión del aparato administrativo?

Porque mientras el Estado multiplica cargos directivos, unidades técnicas, departamentos jurídicos, coordinaciones territoriales y estructuras administrativas, los indicadores de aprendizaje siguen estancados; la convivencia escolar se deteriora; la violencia en establecimientos aumenta; y miles de familias buscan desesperadamente escapar del sistema.

Chile terminó construyendo un ecosistema donde parece más rentable trabajar en la burocracia educacional que en la educación misma. Hoy existen salarios y estructuras administrativas que simplemente no tienen equivalente en el mercado real de la enseñanza. Paradójicamente, muchos profesionales de excelencia encuentran mejores condiciones económicas lejos de las aulas y dentro del aparato estatal que supuestamente debía apoyar a esas aulas.

El fenómeno es aún más profundo: la educación pública se ha ido convirtiendo en una industria institucional. Agencia de Calidad, Superintendencia de Educación, Dirección de Educación Pública, SLEP, organismos técnicos, unidades de acompañamiento, fiscalización, supervisión y evaluación. Cada nueva crisis genera otra oficina; cada nuevo problema, otro departamento; cada nuevo fracaso, otra capa burocrática.

Pero el aprendizaje de los niños no mejora por decreto administrativo.

La verdadera educación ocurre entre un profesor y un alumno dentro de una sala de clases segura, exigente y ordenada. Y precisamente ahí es donde el sistema ha mostrado sus mayores carencias.

El drama social ya es inocultable. Muchas familias han comenzado a emigrar silenciosamente hacia una modalidad casi desconocida hace algunos años: la educación mediante exámenes libres. No porque hayan descubierto una innovación pedagógica revolucionaria, sino porque simplemente no encuentran colegios seguros para sus hijos o porque el sistema de asignación escolar —la famosa “tómbola”— les ofrece alternativas que consideran inviables para la seguridad, estabilidad o bienestar emocional de sus hijos.

Y aquí aparece una de las consecuencias más dolorosas y menos discutidas de la crisis educacional chilena.

Porque detrás de cada niño que termina estudiando solo frente a un computador existe, muchas veces, una historia de frustración, temor o abandono institucional. La educación mediante exámenes libres puede resolver formalmente la continuidad académica, pero difícilmente reemplaza la experiencia humana y social que representa el colegio en la vida de un niño.

La escuela no es únicamente un lugar donde se transmiten contenidos. Es también el espacio donde se construyen amistades, identidad, habilidades sociales, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. Allí los niños aprenden a convivir, a compartir, a discutir, a reconciliarse y a desarrollarse emocionalmente junto a otros.

Cuando esa experiencia desaparece, el costo humano puede ser enorme.

Muchos menores pasan entonces gran parte de sus días frente a pantallas, aislados, con vínculos sociales limitados y con una interacción humana reducida a clases remotas, plataformas digitales o preparación individual para rendir exámenes. La falta de compañeros termina afectando no solo el aprendizaje, sino también la salud emocional y el desarrollo afectivo.

La soledad comienza a instalarse silenciosamente.

Y con ella aparecen preguntas profundas en niños y adolescentes: “¿Por qué no puedo ir a un colegio normal?”, “¿Por qué estoy solo?”, “¿Qué tiene mi barrio o mi escuela que obliga a esto?”. Surgen sentimientos de exclusión, desconexión y diferencia respecto de otros niños que sí pueden vivir una experiencia escolar plena.

No se trata solo de educación; se trata de infancia.

Lo más grave es que esta migración hacia modalidades excepcionales no obedece a una libre elección pedagógica masiva, sino al fracaso del sistema para garantizar algo básico: establecimientos seguros, ordenados y capaces de recibir adecuadamente a las familias.

Mientras tanto, el discurso oficial insiste en hablar de fortalecimiento de la educación pública. Pero fortalecer no puede significar únicamente expandir estructuras administrativas. Un sistema educativo no se mide por el número de funcionarios que emplea, sino por la calidad de formación que entrega, por la convivencia que logra construir y por la confianza que genera en las familias.

La gran ironía es que la desmunicipalización nació prometiendo eficiencia y terminó reproduciendo exactamente uno de los peores vicios del Estado chileno contemporáneo: creer que cada problema se resuelve creando más institucionalidad, más cargos y más burocracia.

Y así, lentamente, la educación dejó de estar centrada en los estudiantes para comenzar a sostener una compleja maquinaria administrativa que parece tener vida propia.

Porque cuando un sistema educacional genera más crecimiento en sus oficinas que en sus aprendizajes —y cuando incluso empuja a miles de niños hacia formas de escolarización marcadas por el aislamiento y la exclusión social— deja de ser una reforma educativa y pasa a ser, simplemente, una política de expansión burocrática financiada por todos los chilenos.