Se aprobó, en lo principal, la Megarreforma del Gobierno del presidente Kast. Fue una tramitación en modo “fast track”. Se sancionó como ley, se debatió con “fórceps” político, pero nunca se discutió como país.

¿Ganó el Gobierno? Sí, tuvo un triunfo en la tramitación legislativa, pero ¿ganó el país?

Creo que no, porque es una reforma profunda que no interpreta a todos y cuyos resultados están por verse. Aquí ganó una mayoría de momento, pero no un acuerdo amplio.

Sin duda, no es la aprobación de una simple reforma sectorial. En los hechos, es una verdadera declaración de principios: una orientación a un Estado mínimo, baja tributación al capital, flexibilización de la regulación y una contención del gasto público.

El supuesto de fondo es que el sector privado, liberado de frenos y restricciones, hará el trabajo que el
Estado no puede o no debe hacer. Es el mismo supuesto que se aplicó en otra época pasada donde dominó de imposición.
En los términos expuestos y el modo de su tramitación, la ley miscelánea no resuelve el debate de fondo. Más bien es una respuesta específica y acotada a una mirada particularísima de una parte de la elite política que, en general, es afín a una elite económica. Sin eufemismos, el Gobierno impuso su tesis a punta de una mayoría circunstancial y dejó pasar la oportunidad de construir un acuerdo político de mayor
alcance.

Vale la pena recordar que el denominado estallido social, descontando los hechos de violencia que condenamos, fue una expresión de un malestar social acumulado. No fue una molestia contra el Estado o el mercado per se, sino más bien por la manera en cómo la sociedad y su sistema político distribuyen las bonanzas.

Más allá de los enormes avances que hubo tras el retorno a la democracia, una parte considerable de chilenos sintieron que las oportunidades y el desarrollo no es igual para todos.

Dos procesos constitucionales, uno cargado a la izquierda y el otro a la derecha, fracasaron rotundamente y no lograron abordar esta tensión que sigue pendiente. Y los datos siguen mostrando esta realidad: Según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), que aplica el INE, la mitad de los trabajadores gana $611.000 o menos, mientras que el promedio es $897.000. La desigualdad no es una sensación, detrás de los números haypersonas.

El problema de Chile es su distribución, no reparte parejo. Por el modo en cómo se impulsó esta reforma, el gobierno deberá asumir el riesgo que implica no atender a la percepción ciudadana instalada hace mucho tiempo. Con abierta predisposición, se omitió las dos crisis que arrastra la política institucional en el país.

La crisis de representación, que es la percepción de que las decisiones importantes se toman lejos de la gente, y la crisis distributiva, que demuestra que el desarrollo beneficia sistemáticamente a los mismos.

Por ello, vale la pena hacer una advertencia: si el crecimiento prometido no llega con la fuerza esperada, se reafirmará la idea que el sistema político es diligente para asegurar oportunidades para unos pocos, pero lento para resolver las urgencias de la mayoría. Y el resultado será lo obvio: más desafección con la política institucional y un creciente malestar social.

Esta Megarreforma avanzó no porque haya ganado el debate sobre el tipo de sociedad en donde queremos vivir y los medios para aquello, sino porque ese debate, otra vez, no llegó a darse con la profundidad que merecía. Fue un debate que se disputó como una ley, pero no como un proyecto de país.

El diagnóstico del prolongado estancamiento económico que justifica hacer cambios tiene asidero, pero la respuesta ofrecida es lo que ya conocemos: crecimiento económico primero, distribución después. Esa secuencia funcionó, parcialmente, mientras el país crecía rápido y la desigualdad parecía un costo transitorio.

Hoy esa fórmula es insuficiente y, en consecuencia, está superada por la realidad. Se requiere una estrategia que haga converger crecimiento y una mejor distribución como parte de un mismo proceso.

Está por verse si la aprobación de la Megarreforma se hace cargo de los problemas estructurales que prometió resolver. Pero las preguntas principales quedan abiertas: primero, ¿Puede Chile dotarse de un modelo que combine dinamismo económico con capacidad de distribuir? Y, segundo, ¿cómo construir un pacto político que favorezca una sociedad desarrollada, más justa y con gobernabilidad democrática?

Este proyecto del Gobierno no responde esas preguntas. Las posterga. Y cada vez que se postergan, el costo de responderlas mal, o de omitirlas mediante mayorías frágiles y circunstanciales, las vuelve más difíciles y costosas.

Es cierto que el Gobierno se ganó en las urnas el derecho de implementar su programa. Sin embargo, por la magnitud y ámbitos que afecta esta ley “miscelánea”, habría sido preferible un acuerdo mayor.

La razón es que Chile lleva mucho tiempo sin discutir un tema tan de fondo, que supera con creces la discusión de impuestos o permisos sectoriales. Esta discusión tiene que ver con un nuevo pacto social que sostenga un modelo de desarrollo que sea viable para los próximos 20 años. Un acuerdo de país sustantivo es lo único que nos permitirá superar la lógica pendular que ha dominado la política chilena durante la última década.