Contraloría resolvió que una serie de elementos comprados por la municipalidad de Las Condes para el uso de la seguridad comunal  en el contexto del estallido social no debería ser usado. Se trata cascos, escudos antidisturbios, visores balísticos, rodilleras, cinturones tácticos, porta esposas, esposas, bastones retráctiles y gas pimienta, entre otros.

Los orígenes del fallo se remontan a octubre de 2020, cuando el diputado Leonardo Soto advirtió a la misma Contraloría que funcionarios de seguridad municipal habían sido capacitados para actuar como una brigada y de esa forma enfrentar los disturbios relacionados a las movilizaciones desde el 18 de octubre.

Según logró pesquisar la Contraloría, fueron 46 inspectores de la Municipalidad de Las Condes quienes se capacitaron con miembros de la Policía de Cataluña, en España, según consignó el diario La Tercera.

Si bien el órgano fiscalizador fue enfático en que el rol de los inspectores es de apoyo a las fuerzas de orden público y no de ejecutores de algún tipo de control, hubo en el dictamen una especial atención a los elementos que la misma administración municipal adquirió para este tipo de fines.

Fueron “45 pares de rodilleras ‘Titanias Race negro’, mediante compra ágil, menor a 30 UTM, por un monto total de $ 1.259.640, a la empresa Trail SPA; 110 cinturones tácticos con accesorios, (…), 110 linternas, 110 porta linternas, 110 esposas, 110 porta esposas, 110 bastones retráctil, 150 gas pimienta y 110 porta gas pimienta, por un total de $ 19.555.270″, se consignó en el dictamen del organismo estatal.

A lo anterior se sumó también “45 cascos y 45 escudos antidisturbios, a través de la licitación pública (…) por un monto de $ 9.877.000.-, cuyo proveedor es la empresa Comercial e Industrial Dagoway Trade SPA; y 50 unidades de cascos blindados y visores balísticos, mediante la propuesta pública, adjudica a la empresa importaciones exportaciones e ingeniería limitada, en la suma de $ 17.920.448″.

Sobre la misma adquisición de estos implementos, desde Contraloría señalaron que “los aludidos funcionarios no pueden intervenir directamente en el marco de las manifestaciones sociales, ya que dicha situación importaría exceder las labores de apoyo y colaboración para las que están habilitados”, como tampoco pueden usar los gases pimienta ni los bastones retráctiles, dado que las armas solo pueden ser usadas estrictamente por “Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, y no las municipalidades”.

Patricio Navarrete, director jurídico comunal, contó al mismo medio que la Brigada de Intervención de Orden Público (como se le llamaba a los inspectores capacitados y portadores de los implementos) “actualmente no existe y que solo sirvió de apoyo y colaboración a Carabineros de Chile, en el contexto del estallido social en el año 2019″.

Sobre los elementos adquiridos, señaló que se encuentran en bodega y listos para “ser utilizado cuando sea necesario en algún evento que Carabineros necesite de nuestro apoyo”.