Nos vemos en la obligación de referirnos nuevamente al pasado aluvión en el sector alto de la comuna de Las Condes, asunto que ya habíamos tratado con el ingeniero forestal, Mauricio Montecinos, en columna de opinión "El aluvión de Las Condes: no fue la lluvia, fue falta de previsión", publicada en algunos medios de prensa, dando cuenta de los arreglines normativos realizados entre inversionistas inmobiliarios y funcionarios públicos de la Dirección General de Aguas (DGA), para sus terrenos ribereños de quebradas emplazadas en ese sector de Las Condes.

Los lectores deben saber que todas las quebradas existentes en la región Metropolitana de Santiago se encuentran listadas en la letra a.1.3, del artículo 8.2.1.1 "De Inundación" del capítulo 8.2 "Areas del Alto Riesgo para los Asentamientos Humanos" del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994, las que se reflejan también en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes de 1995. Como no todas las 52 comunas de esta región tienen PRC, igual las quebradas se observan en ese PRMS.  

Pues bien, como esas "movidas", de una u otra forma, significaron modificar los naturales cursos de agua de esas quebradas, en dicha publicación le habíamos formulado a Louis de Grange, ministro del MOP y a Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, que dieran a conocer a la opinión pública las autorizaciones de la DGA para “liberar" del riesgo de inundación a esos predios. Estamos seguros de que ambas autoridades, en un reducido período de tiempo, informarán caso a caso indicando las fechas y el nombre de las quebradas intervenidas para reducir las franjas de resguardo de esos terrenos.  

Los denominados "técnicos" que procedieron a tramitar en la DGA el asunto estaban seguros de que, con la ejecución de ciertas obras de contención, se eliminaban automáticamente los riesgos aluviales y así los inversionistas pudieron construir calles y loteos de viviendas en sus terrenos ya desafectados, luego sin las restricciones establecidas en el PRMS y PRC Las Condes. Entendemos que los propietarios de las viviendas que se inundaron y de los vehículos motorizados que navegaban por los torrentes de barro querrán conocer los nombres de las inmobiliarias expertas en obtener plusvalías territoriales.  

Sin saber cual será el epílogo de lo acontecido en dicha comuna, pero suponiendo que no habrán responsables, porque los "estudios" de los empresarios presentados en la DGA están admitidos en la institucionalidad del Estado, fenómeno similar a la millonaria pérdida económica del fondo E de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP), cuya reglamentación permite especular, tendremos que esperar las respuestas formales del ministro de Grange y de la alcaldesa San Martín, para compararlas y verificar si son coherentes entre ellas. Siendo así, se conocerá la eliminación de las restricciones que estaban fijadas en los cuadros descriptivos de esas quebradas. 

En este mismo sentido, en el equivocado oficio N° 569 de fecha 9 de octubre de 2026 de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, dirigido a la Contraloría General de la República, a propósito de una denuncia de este columnista sobre la aplicación del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), nuevamente queda en evidencia que el Minvu, dirigido ahora por el ministro Poduje, se resiste a determinar qué organismos deben aprobar los estudios de los distintos riesgos señalados en ese artículo (inundaciones, avalanchas, actividad volcánica y riesgos generados por actividades humanas) y/o y qué profesionales son idóneos para elaborarlos. La falta de esas definiciones genera un vacío normativo que ha sido aprovechado por quienes ejecutan proyectos muy rentables para ellos, que luego generan enormes perjuicios a terceros.

Hemos sabido, por algunos medios, que el ministro Poduje adelantará la licitación de un estudio de los riesgos naturales en la precordillera de Santiago, informándose que ahora, después de la tragedia, se buscará identificar amenazas de incendios forestales, remociones en masa, inundaciones y licuefacción, además de actualizar los antecedentes técnicos necesarios para planificar nuevas obras de mitigación y mejorar la seguridad de las zonas expuestas a desastres naturales.

En una actividad del mencionado ministro con la alcaldesa de Las Condes, Poduje decía que hay 44 quebradas, siendo 10 de alto riesgo y que, por ello, es necesario acelerar la planificación preventiva y avanzar en intervenciones que permitan reducir los daños asociados a fenómenos meteorológicos extremos. El ministro decía "el objetivo será actualizar los mapas de amenazas naturales a partir de las condiciones climáticas actuales, los registros recientes de precipitaciones y las características del territorio". En síntesis, ambas instancias señalaron que se debe combinar la recuperación inmediata de los sectores afectados con una planificación de largo plazo que permita disminuir la exposición de Santiago a aluviones, inundaciones y otros fenómenos naturales.  

Nos parece bien lo que se hará, pero frente a todo lo anterior es necesario recalcar que la Contraloría General de la República ha dictaminado que las obras de mitigación indicadas en el artículo 2.1.17 de la OGUC no tienen la virtud de eliminar los riesgos, pues eso solo puede ser realizado a través de la correspondiente modificación del instrumento de planificación territorial. Además, que el propio instrumento debe señalar qué usos se permiten en la zona de riesgo, una vez implementadas esas medidas de mitigación. La prudencia y el sentido común deberían llevar a nuestras autoridades a concluir que esos usos no deben incluir viviendas, universidades, hospitales, etc., pero sí, por ejemplo, equipamientos deportivos, parques, etc.

Por último, en la reciente modificación de la OGUC, Decreto N°68, se indica que las metodologías para realizar los estudios de riesgo serán definidas por la DDU y tal como ha sido la tónica desde hace años, se libera a la DOM de cualquier responsabilidad sobre el contenido de dichos estudios. Es decir, la responsabilidad recaerá en el organismo competente que apruebe el estudio y en el profesional que lo suscriba; como mencionamos, la DDU todavía se resiste a identificar a los organismos y/o a los profesionales idóneos para aprobar y elaborar dichos estudios, respectivamente.

Por otro lado, nos pareció improcedente que la alcaldesa San Martín, haya criticado a Orrego y a de Grange, por sus presuntas faltas de interés en comprometerse en solucionar las consecuencias de la tragedia y en tal sentido, fue adecuada la respuesta del primero y juiciosa la contestación del segundo, quien expresó, entre otras cosas de fondo, lo siguiente: ".......la primera medida deber ser siempre una adecuada planificación territorial, materia que no corresponde a las competencias del MOP". Más claro, Imposible.   

Finalmente, acorde a la iniciativa informada por Poduje, esperamos que el gobierno de Kast se preocupe responsablemente del territorio, para que aquellos que lo habitamos podamos desenvolvernos sin riesgos, pues, a pesar de los discursos falaces de los extremistas que niegan el cambio climático, la naturaleza manda: utilizando la IA: "las quebradas siempre buscan sus cauces, lo que es una realidad hidrológica y de riesgo, pues los cursos de agua naturales tienden a recuperar su flujo y su recorrido original, y cuando sus cauces se obstruyen o alteran, aumenta el riesgo de desbordes, deslizamientos e inundaciones".