La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, prestó declaración en calidad de testigo por presuntas irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a personas víctimas de violaciones de derechos humanos, en el marco del estallido social.

Concluida la diligencia, la directora del INDH señaló que “el Instituto Nacional de Derechos Humanos cumplió con lo que se le mandató en la ley de presupuestos 2021 y 2022, que era acreditar violaciones a los derechos humanos”.

“Esa tarea se cumplió con un procedimiento establecido, con un alto nivel de trabajo técnico profesional. Por lo tanto, somos testigos en la investigación”, agregó la autoridad.

Consultada Contreras durante la declaración por las responsabilidades del INDH en la entrega de estos beneficios, indicó que “las pensiones de gracia son atribuciones del Ejecutivo, no del instituto y nosotros cumplimos con la voluntad del legislativo”.

Respecto a la revocación de 27 pensiones anunciadas por el Gobierno a personas con antecedentes, la directora del INDH indicó que “la comisión de delitos no significa que una persona no puede ser víctima de Derechos Humanos. Yo no tengo opinión al respecto, son una atribución del Presidente”.

Pensiones de gracia

“La reparación a DDHH debe ser hecha por ley, nosotros creemos que, efectivamente durante el periodo del estallido social, se violaron los derechos humanos en Chile, hay muchos informes que dan cuenta de esa situación. Sin embargo, creemos que tiene que haber una ley de reparación, que permita conocer la verdad, hacer justicia, reparar a las víctimas y tomar medida de no repetición”, concluyó Consuelo Contreras.

La investigación que busca determinar irregularidades, tras el informe de Contraloría General de la República, por la entrega de pensiones de gracia a víctimas de violaciones de Derechos Humanos, es liderada por el fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marco Pastén.