La semana pasada Piñera sufrió una doble derrota en la Cámara de diputados ya que fue aprobado con más de 2/3 de la sala el retiro excepcional del 10% de los ahorros previsionales y fue rechazado el veto presidencial que elimina el Internet gratuito para los alumnos del 60% más vulnerable entre otros temas demostrando la soledad política de un gobierno conservador que termina defendiendo a las AFP’s y a las empresas

La iniciativa política de Piñera es mínima, sus únicas apuestas para incidir en el nuevo escenario es hacer un cambio de gabinete donde nombre a un jefe de gobierno que lo ayude a navegar estos 18 meses, pero parece difícil que se retire de la primera escena por su egolatría y su carácter winner o la otra posibilidad es endurecerse con un gabinete de “halcones” Matthei, Allamand, tratando de suspender el plebiscito del 25 de octubre, inventando una amenaza de “los grupos violentistas” u otra excusa que lo pone al borde de amenazar la estabilidad institucional.

Su proyecto pro mercado, la reversión de las reformas sociales de Bachelet ha sido derrotado por una ciudadanía y una mayoría política-social que develó ante la crisis sanitaria una sociedad excesivamente desigual, con mayorías desprotegidas socialmente ante la crisis económica que generó el Covid19.

Piñera se la jugó por una campaña del terror ante la aprobación del retiro del 10% y nada de eso pasó, incluso ahora algunos técnicos de derecha reconocen el impacto positivo en el corto plazo de inyectar liquidez a la economía que incluso podría amortiguar la fuerte caída del PIB de este 2020.

Esto fue un fracaso para su comité político, de la tecnocracia y de una derecha que no asume la profundidad de la crisis sanitaria, económica y social y se apura en decretar el desconfinamiento en comunas con tasas de positividad aún en 10%.

Para la derecha vienen horas complejas probablemente acentuará su dispersión actual; por tanto, el desafío se instala en la oposición que logre unirse en estas causas pero que debe transformarse en una fuerza política y social que funcione articuladamente en el parlamento, movilizar a las mayorías ciudadanas para que voten por el apruebo y la convención Constitucional del 25 de octubre, tener una agenda programática común para instalar la urgencia de modificar el actual modelo de AFP’s hacia un nuevo modelo de seguridad social mixto donde haya efectivamente solidaridad intra e intergeneracional, con una nueva política de inversiones para el ahorro previsional de los trabajadores que ayude a impulsar un nuevo modelo de desarrollo productivo y empezar a construir plantillas unitarias para las elecciones de abril a nivel municipal y regional.

No es una tarea fácil considerando la falta de diálogo político en la centro-izquierda en los últimos años, la vigencia de las perversas lógicas de perfilamiento partidario que incluso hace que ciertos partidos de tradición unitaria levanten candidaturas presidenciales propias -que pueden debilitar este naciente proceso de coordinación- y la falta de comprensión cultural sobre el nuevo Chile que emergerá post pandemia.

Es de esperar que de cara al plebiscito del 25 de octubre se genere una corriente unitaria desde la sociedad civil, desde el Parlamento que permita construir una potente coalición política-social que promueve la más amplia participación ciudadana en el plebiscito, que sea capaz de vencer los miedos y siembre esperanzas de que es posible construir y vivir en un Chile distinto al actual.

La sociedad chilena está desprotegida, las familias de ingresos medios y de sectores vulnerables están “sobreviviendo” con sus propias uñas –recurrir al ahorro previsional y a las cuentas individuales del seguro de cesantía, así lo revelan-, el apoyo fiscal no llega el bono de $500.000 para la clase media aún no se legisla y hay 1,3 millones de familias vulnerables cuya solicitud al Ingreso Familiar de Emergencia sigue pendiente- y será tardío.

Para la etapa de recuperación económica se requerirá un potente plan fiscal que potencie la inversión, que ayude a las empresas con subsidios a la contratación laboral, con apoyos directos a las pequeñas empresas y el fondo covid19 de US$ 12.000 millones se está quedando corto.

Esa tremenda tarea requerirá la mayor transversalidad política y social.