Durante meses se ha debatido en el Parlamento las adecuaciones a las normas electorales que regularán las decisivas elecciones municipales y regionales de octubre, que en el curso de la tramitación han mostrado preocupantes signos de debilitamiento de nuestro sistema electoral democrático.

La propuesta de Servel de ampliar a dos días las elecciones producto del enorme flujo de electores que asistirían por efecto del voto obligatorio fue aprobada en las primeras semanas, sin no pocas resistencias de algunos senadores; pero primó la opinión técnica del Servel.

Pero después la tramitación de ese proyecto de ley se complejiza por los cálculos políticos-electorales de los partidos. La primera fricción la plantearon senadores PS y PPD que rechazaron el ajuste del gasto fiscal que propuso el gobierno que significaba gastar lo mismo que en las elecciones de 2021 en materia de reembolso fiscal a los partidos y candidatos que significa ajustar gasto de $1.500 por voto a $950 en esta elección.

En la Cámara de Diputados se repuso esa norma que significaba un gasto fiscal adicional de $30.000 millones para los partidos políticos; pero se develó la verdadera operación política en curso: diputados PS presentaron indicaciones para eliminar las multas a los que no van a votar y fue aprobada en la Sala mostrando que el debate real es achicar el cuerpo electoral de 12,0 millones como fue en los plebiscitos constitucionales 2022 y 2023 y volver al voto voluntario de 6,0 millones de electores como fue en 2021.

La norma del voto obligatorio con multas fue repuesta en el Senado para que pasará en Comisión Mixta y ahí se definiera.  Este martes en la mañana en la Comisión Mixta se repuso con una multa menor de hasta 2 UTM y fue apoyado por 7 votos a 3 incluyendo parlamentarios progresistas; sin embargo, post Mixta el ministro Alvaro Elizalde se movilizó conversando con los senadores de izquierda y centroizquierda para convencerlos de no apoyar en la Sala el informe de la Comisión Mixta, lo que significaba rechazar la reposición de las multas al voto obligatorio.

Los diversos analistas señalaron “que era un cálculo electoral pequeño”, otro señaló “que es evidente el miedo de la izquierda al voto popular y de los migrantes”; además, repararon que esa posición dejaba sin piso las declaraciones de la ministra Tohá de la semana pasada donde señaló que “el gobierno es promotor de un voto obligatorio con multa y lo vamos a defender, nos convenga o no”.

Resultaba incomprensible el lobby del Gobierno para rechazar el informe de la Mixta con las declaraciones previas de la ministra Tohá; pero revela un dato político no menor un sector de la izquierda prefiere el voto voluntario -como lo reveló el diputado Winter (FA)- y no el voto masivo y obligatorio. Adicionalmente otro grupo de diputados socialistas presentaron un proyecto de ley para suprimir el voto de los extranjeros residentes en el país.

La crítica al voto voluntario es que votan los más politizados y los de mayor educación y eso en Chile son los sectores medios y altos, lo que significa una política enfocada en esos sectores. 

El voto obligatorio es más masivo, especialmente a nivel popular y el efecto  que tiene es que la política debe atender las demandas de las familias vulnerables también. Quienes defienden el voto voluntario quieren una política de nichos, de los que van a votar y así generan un sesgo en contra de los pobres porque ellos votan menos, y es eso lo que se está debatiendo y es lamentable políticamente que existan sectores que se autodefinen de vanguardia y generen en la práctica estos sesgos en contra de los más pobres.

Es incomprensible que en las nuevas generaciones predominen estos sesgos anti pobres, ojalá surjan con fuerza voces  que defiendan la relevancia del Voto Obligatorio como perfeccionamiento democrático ineludible y donde no puede retrocederse a propósito del cálculo electoral de algunos sectores temerosos de la voz de los más humildes.

Este debate no es menor para el tipo de democracia que queremos construir.