En la campaña presidencial 2021 las distintas candidaturas de la centroizquierda (Gabriel Boric, Yasna Provoste y MEO) coincidieron que para avanzar hacia un Chile más inclusivo, con más equidad social se requería un nuevo Pacto Tributario que permitiera aumentar la recaudación fiscal de manera progresiva o sea desde las más altas rentas para financiar mejores prestaciones sociales que nos permitan avanzar hacia una sociedad más integración social y menos desigualdades.
Esta promesa progresista es la que estará en debate esta semana en la Sala de la Cámara de Diputados y podremos ver si el Ministro de Hacienda realizó la articulación política necesaria para saltar esta primera valla legislativa, sabiendo que la verdadera negociación con la derecha se realizará en el Senado, probablemente encabezado por senador UDI Juan Antonio Coloma.
Estos meses en la Comisión de Hacienda de la Cámara quedó claro para la opinión pública que lamentablemente una parte de la derecha no quiere aumentar la recaudación fiscal de manera progresiva ni tampoco quiere dar más herramientas a SII y Aduanas para combatir la evasión y la elusión tributaria.
No asumen las recomendaciones y conclusiones de los estudios internacionales que dan cuenta de una brecha importante en materia recaudatoria entre nuestro país y otros países de la OCDE, que redunda en un sistema poco progresivo en que los que más tienen contribuyen menos en términos relativos que el resto de la población.
Y además, la llamada pseudo derecha liberal insiste en proponer ampliar “la base tributaria” que elevar los impuestos personales a la clase media empobrecida que gana alrededor de $900.000 mensuales. Evopolis ha iniciado una campaña sobre una mal llamada “trampa tributaria” de la progresividad que no es otra cosa que tener mayor justicia tributaria en que paguen más impuestos los que tienen más rentas y más patrimonio.
Si hay algo destacable de este proyecto de reforma tributaria del ministro Marcel es la progresividad expresada en crear un impuesto patrimonial que recaudará en régimen 0,4% del PIB, se incrementan las tasas impositivas de aquellos contribuyentes que perciben rentas mensuales superiores a $4.300.000 aprox, que la UDI, la CPC cuestionan abiertamente.
Votar en contra de esta reforma -como lo hará la derecha y la ultraderecha- es rechazar la posibilidad de avanzar hacia un Chile con más herramientas para combatir las desigualdades sociales que tanto molestan en nuestra sociedad.
Los sectores ultraconservadores nunca han logrado entender esta demanda social por mayor equidad y justicia en nuestro ordenamiento social.
La reforma tributaria que se votará esta semana en la Sala de la Cámara permitirá aumentar la recaudación fiscal en 2,7% del PIB en régimen; pero es clave que exista mayor claridad sobre los usos de estos nuevos recursos.
La mayor recaudación fiscal debe traducirse en mejoras concretas de la vida para los sectores vulnerables y las nuevas clases medias, deben traducirse en nuevos programas sociales que signifiquen avances concretos para los sectores más humildes del país y las clases medias que están viviendo con incertezas el presente cuasi recesivo.
Es relevante que el Ministro de Hacienda explicite a la ciudadanía el uso de estos nuevos recursos fiscales como por ejemplo la meta de llevar la PGU a más de $250.000 una vez aprobado este proyecto; como también en otros ámbitos como en salud y en el sistema de cuidados donde aún hay poca claridad de parte del gobierno. Esto implica enfrentar la urgente y necesaria modernización del Estado.
En este debate sobre una mayor recaudación fiscal se requiere más transparencia del Ministerio de Hacienda sobre el destino de los ingresos fiscales extras que está generando el boom de precios del Litio, que gracias a la modificación contractual que hizo la CORFO en 2017, ha permitido en 2022 un flujo de casi US$ 5.000 millones a las arcas fiscales, y ya se anuncia que solo en enero de este año se recaudaron US$ 1.100 millones.
El país se merece un debate democrático y transparente sobre el destino de esa mayor recaudación fiscal y no puede repetirse lo ocurrido el año pasado donde los ingresos extras del litio se ahorraron íntegramente para tener superávit fiscal.
Es clave definir como lo pide el Consejo Fiscal Autónomo cuanto de esos mayores ingresos serán estructurales y cuanto son transitorios y como país en la Comisión Mixta de Presupuestos debemos concordar con Ejecutivo el mejor uso de esos ingresos extras.
Si queremos atender las demandas sociales de mayor calidad y equidad en las prestaciones sociales debemos aumentar la recaudación fiscal mediante este reforma a la ley de impuesto a la renta como también creando un royalty minero a la gran minería del cobre como se está aprobando en el Senado y usar racionalmente y de manera transparente los ingresos fiscales extras generados por CORFO en los contratos de concesión del Litio.
Chile necesita más recaudación fiscal, es de esperar que esta semana se dé un primer paso.