Este miércoles 1º de junio, el Presidente de la República dará su Cuenta Pública al Congreso Pleno y se ha anunciado en la prensa que ahí presentará la hoja de ruta legislativa, el timing de las reformas a impulsar y los compromisos sectoriales que se implementarán durante su administración.

Después de una lenta instalación política y legislativa, parece que ahora sí se tendrá la hoja de ruta gubernamental que ordena las prioridades de la gestión gubernamental.

La ciudadanía espera un plan de acción -que involucre a municipios, concejos municipales, organizaciones sociales- en que el gobierno actúa coordinadamente con las policías – Carabineros, PDI- para contener la delincuencia de los narcos en infinidad de territorios y comunas del país; también se espera que junto a esta acción preventiva se impulse un plan de recuperación de los espacios públicos (plazas, luminarias a lo menos) que le permitan a la ciudadanía empezar a reconstruir su vida comunitaria. Recuperar la vida en comunidad es clave para derrotar la nefasta influencia de los Narcos en muchas comunas del país.

 Es clave también que se mejore la institucionalidad para combatir a la delincuencia y se requiere tener ya el Ministerio de la Seguridad Pública y una reforma integral a Carabineros que apunte a una mayor profesionalización, establecimiento de reales controles civiles y rendiciones de cuentas. La ciudadanía no puede seguir viviendo prisionera del miedo como ha estado los últimos meses.

También se requiere un plan político para enfrentar la crisis en la Araucanía o macro zona sur asumiendo que lo ocurrido en Temucuicui al inicio de esta gestión fue un traspié que dejo sin capacidad de acción a las nuevas autoridades, como también hay que reconocer que existe una situación más explosiva con los llamados de grupos radicalizados que desafian al Estado. No es suficiente restablecer la seguridad por la vía de la militarización de la región, se requiere un Plan Político de mediano plazo encabezado por el Presidente de la República que reúna una común mirada de diversos actores políticos y sociales para iniciar un largo camino para construir un nuevo pacto político con los pueblos indígenas y nos conduzca a restablecer la paz en la zona.

Es una oportunidad inmejorable que el Presidente Boric se anticipe al recrudecimiento de los hechos de violencia, actúe con templanza y sentido de Estado convocando al país a construir ese nuevo pacto político. No esperemos tragedias mayores, sabemos que hay mucho dolor, desesperanza y rabia en la región, por eso se requiere un diálogo político al más alto nivel para empezar a resolver esta crisis que está estancando al país.

En materia económica se requieren nuevas iniciativas para enfrentar este complejo panorama de alta inflación y bajo crecimiento, que puede acentuarse con nuevas alzas de la tasa de política monetaria del Banco Central y con los efectos que tiene en la economía interna la fuerte desaceleración de la economía mundial. Se requieren apoyos sociales a las familias más vulnerables que son las más impactadas por la alta inflación de los alimentos y los combustibles.

Dar un subsidio a las familias del 40% más vulnerable para suavizar impacto del fuerte aumento de las tarifas eléctricas de julio 2022/enero 2023 es relevante, así como dar masivos food/card o cupones alimentarios para las familias con ingresos laborales informales y en situación de extrema pobreza son políticas que pueden aliviar a las familias más vulnerables.

Esto resulta éticamente urgente realizar más si gobierno anuncia esta semana que inyectará otros US$ 1.000 millones al MEPCO que favorece al 40% de mayores ingresos que son los que más consumen bencinas y diésel. Resulta incomprensible que un gobierno de izquierda de subsidios vía MEPCO a las familias de mayores ingresos y se niegue a subsidiar a las familias más vulnerables para contener las alzas de las tarifas eléctricas.   

También se requiere un timing para empezar a avanzar legislativamente en la reforma tributaria para aumentar la recaudación fiscal con medidas que apunten a que quienes tienen más ingresos y patrimonio paguen más impuestos y la tramitación de la reforma al sistema de pensiones donde quede atrás un sistema de ahorro individual y se pase a un sistema mixto con una reforma que genere los pilares de una real seguridad social mediante la solidaridad intra e intergeneracional.

Las pensiones autofinanciadas de las AFP’s siguen siendo miserables, especialmente para las mujeres, las que reciben pensiones de $158.000 mensuales que son complementadas por la pensión garantizada con financiamiento fiscal.

Se requiere un timing para esas reformas que permitan reinstalar en la sociedad el debate sobre los cambios necesarios para avanzar hacia un Chile más inclusivo socialmente.

La primera cuenta pública del nuevo gobierno permite conocer la real hoja de ruta y es de esperar que se aborden estos temas.