Sería bueno que el Gobierno asumiera que carece de apoyo ciudadano y parlamentario para implantar “sus visiones” para enfrentar la crisis y debiera tratar de implementar políticas de Estado negociadas y concordadas con la oposición; sin embargo, ha optado por seguir promoviendo sus soluciones de mercado que han fracasado como respuestas ante la pandemia.
Cuando se tiene sólo un 12% de apoyo ciudadano y se está viviendo una crisis sanitaria, económica y social lo que corresponde es escuchar a las mayorías, pero estamos en presencia de un gobierno de minoría que tiene como único objetivo político reagrupar a su 30% para poder enfrentar las siete elecciones que vienen en los próximos 17 meses.
Un ejemplo de esta falta de sintonía es en lo económico donde el Ministro Briones insiste en darle prioridad a la rebaja de impuestos a las grandes empresas vía la depreciación de activos fijos e intangibles -que al año 2022 implican una caída de la recaudación fiscal en US$ 2.000 millones-, pero no implementa políticas de subsidios directos y asistencia técnica a las pequeñas empresas ni implementa mecanismos de apoyo para salvar al sector turismo, a la industria cultural y a la gastronomía como lo demandan los gremios Pymes y la oposición.
Recuperar la normalidad económica requiere estrictos protocolos sanitarios y una activa política fiscal para ayudar hoy a familias y pequeñas empresas, en inversión futura, en subsidios -aunque aumente el endeudamiento-, pero rebajar impuestos a las grandes empresas no es el camino reactivador.
Estamos frente a un gobierno que llega tarde, no escucha a la ciudadanía y hace mal sus tareas básicas de gestión del aparato estatal.
En el campo político, en la Araucanía la derecha insiste en reducir el conflicto mapuche a un tema de violencia cuando lo que reclaman esas comunidades es una solución política, que se le de espacios en la institucionalidad democrática con “los escaños reservados” y que se reconozca la multiculturalidad del Chile del futuro.
Estamos frente a un desafío democrático no tan sólo con los pueblos originarios sino también con la ciudadanía democrática que demanda más transparencia y más participación en la vida política y en el espacio público.
Por eso es relevante que el 25 de octubre participe la mayor cantidad de ciudadanos/as en el plebiscito constitucional y se exprese una potente mayoría a favor de construir una nueva Constitución que genere las nuevas reglas para que tengamos una mejor democracia, un modelo de desarrollo más sofisticado con más inversión en ciencias e innovación tecnológica, una sociedad con más meritocracia y con educación y salud de calidad.
