Febrero fue otro mes en que se conocieron nuevas situaciones reveladoras de la mala gestión de Piñera y que explican el 83% de rechazo ciudadano que mostraron las encuestas realizadas en el mes de vacaciones.

 

Este mes la opinión pública conoció la trama de corrupción en el MOP Araucanía en que está involucrado un ex diputado UDI por cohecho y tráfico de influencias, revelando que en el MOP se pagan por adelantado trabajos que no se han realizado y que generan una turbia relación entre autoridades regionales MOP, contratistas y ex parlamentarios –hoy dedicados al lobby empresarial-.

 

Esta trama de corrupción fue denunciada por diputado de Evopolis al Intendente regional y afectaba a un exdiputado UDI -que fue candidato a senador por la Araucanía el 2017 y que armó una red de autoridades regionales sobre los cuales ejerce presión e influencia en su condición de lobbysta.

 

Lo grave es que esta captura al gobierno regional fue avalada políticamente por la presidenta UDI mostrando que para ese partido son válidas esas malas prácticas, que operaban en el MOP Araucanía.

 

Esta corruptela en la Araucanía se une a la mala y deplorable gestión en el Instituto Nacional de Estadística por el caso IPC y por el mal manejo de las estadísticas sobre despidos según la normativa del Código del Trabajo que lleva la Dirección del Trabajo.

 

Los países serios y modernos requieren “estadísticas confiables”. Lamentablemente con la administración Piñera eso no se tiene, producto de la tentación de manipular las estadísticas para lograr avalar el discurso exitista que caracteriza a este gobierno.

 

Ya lo vimos con las autoridades económicas (Larraín, Cerda, Valente) que en enero del 2019 proyectaban un crecimiento económico del 4% -a pesar de los informes de analistas y críticas opositoras que advertían la complejidad del entorno externo por la guerra arancelaria entre China y Trump- y que advertían un estancamiento económico. La economía en 2019 finalmente creció sólo 1,2% y no los guarismos que anticipaban las autoridades.

 

En el caso de las estadísticas de empleo hace rato que MINTRAB vía el uso de los registros administrativos del seguro de cesantía y de la información a DITRAB estaba debilitando la credibilidad de las tasas de desempleo del INE. Esto en febrero se extremó al cambiar la metodología, no validarla técnicamente y anunciar menores despidos en enero pasado que finalmente no eran tales. El afán de usar las estadísticas parciales para tratar de mostrar éxitos comunicacionales le pasó una mala jugada al Ministerio del Trabajo, terminó con la renuncia del director y se espera también la del Subsecretario del Trabajo que es la autoridad política que decidió difundir las estadísticas administrativas y debilitar las estadísticas de empleo del INE.

 

También en febrero –como una crónica de una crisis anunciada- el INE se volvió a equivocar con la información del IPC –que ya a mitad del 2019 había generado otra situación confusa- y revivió el debilitamiento que vivió el INE en 2012 durante Piñera uno con el fracaso del Censo 2012 –“el mejor de la historia” según Piñera-. 

 

Lamentablemente el INE en Piñera uno y dos ha sido gestionado con criterio político, tratando de usar las estadísticas para el discurso triunfalista; lo que ha generado es el debilitamiento de su confiabilidad en la ciudadanía.

 

Entre el 2015 hasta marzo 2018 la administración Bachelet tramitó un proyecto de ley de nuevo INE que genera una nueva institucionalidad tendiente a independizarla del gobierno de turno, reforzando sus decisiones técnicas, creando un consejo directivo técnico elegido por el Senado como órgano de dirección del INE, de tal manera de dar confianza al conjunto de la sociedad sobre la calidad de los diversos productos estadísticos que genera para mejorar la eficiencia de las políticas públicas.

 

Ese proyecto de ley “se congeló” desde marzo del 2018 en la Comisión de Hacienda del Senado y el Gobierno de Piñera no mostró interés en darle continuidad a ese proyecto de ley de nuevo INE –que ya había sido aprobado por Cámara de Diputados y Comisión de Economía del Senado- y estaba en la parte final de su tramitación.