Chile está cerrando el ciclo del gobierno de Gabriel Boric con un dato que no admite relativismos: será el período de menor crecimiento económico desde el retorno a la democracia. Las cifras son claras. Con un crecimiento estimado del PIB 2025 cercano al 2,3% y un promedio del período 2022–2025 en torno al 1,9%, este gobierno no solo queda por debajo de todos sus antecesores, sino que lo hace sin haber tenido que enfrentar una crisis externa comparable a la crisis asiática, la subprime, ni un mega terremoto (8.8) como el del año 2010, ni tampoco un estallido social o una pandemia.

Este no es un juicio ideológico. Es una constatación empírica, sustentada en datos del Banco Central y en comparaciones históricas inevitables  .

La pregunta de fondo por tanto es: ¿cómo un gobierno que se propuso “superar el modelo”, “poner la dignidad en el centro” y “cambiar las prioridades del desarrollo” terminó debilitando las bases mismas que hacen posible cualquier política social sostenible, y ello sin crisis económicas, desastres naturales, pandemias u otras, como si enfrentaron casi todos los gobiernos que le predecedieron ?

La respuesta es incómoda, pero necesaria: el daño al país no provino de malas intenciones, sino de una combinación peligrosa de convicción moral sin comprensión técnica, desconfianza hacia la experiencia acumulada y una lectura simplista del funcionamiento económico e institucional del Estado.

Esta generación gobernante llegó convencida de que el crecimiento era un concepto casi sospechoso, una obsesión del pasado. Se habló de “crecer distinto”, de redistribuir antes de crear, de regular antes de incentivar. Pero la economía no opera por consignas. Sin inversión, sin ahorro, sin empleo formal y sin productividad, no hay redistribución posible, solo reparto de escasez.

Las decisiones —y omisiones— fueron consistentes con esa visión. No se anticipó la crisis de Huachipato. Se dejaron caer proyectos estratégicos de inversión extranjera. Se perdió la oportunidad de modernizar puertos y consolidar hubs logísticos, mientras países vecinos avanzaron sin complejos. Se empujaron reformas estructurales sin una adecuada evaluación de impacto, pese a advertencias explícitas del propio Banco Central sobre pensiones, mercado laboral y costos de contratación.

El resultado está a la vista: menor crecimiento, mayor desempleo estructural, debilitamiento del mercado laboral formal y menor capacidad fiscal futura. Todo ello afecta, precisamente, a quienes este proyecto decía representar: jóvenes, trabajadores, clases medias y sectores vulnerables.

Lo más grave es que este deterioro no es neutro en el tiempo. El crecimiento perdido no se recupera automáticamente. Cada punto de PIB que no se genera hoy es menos empleo, menos recaudación y menos movilidad social mañana. Es una mochila que cargará el próximo gobierno y, sobre todo, las generaciones futuras.

Chile no necesita gobiernos cínicos ni tecnocracias deshumanizadas. Pero tampoco puede permitirse experimentos guiados por certezas morales sin conocimiento técnico, ni por una desconfianza casi adolescente hacia la experiencia, la evidencia y la complejidad del desarrollo.

Las buenas intenciones no bastan para gobernar un país. Cuando se confunden convicciones con competencia, el costo no lo paga la élite gobernante: lo paga el país entero. Y este es, precisamente, el daño más profundo que deja esta generación en el poder, generación cuya juventud representa, lamentablemente, la posibilidad de repetir en el corto plazo los mismos errores y negativas consecuencias que el país desea dejar en el pasado.