La historia de esta reivindicación se inscribe en una trayectoria mucho más antigua que la propia controversia contemporánea. Marruecos cuenta con más de doce siglos de existencia como Estado-nación, con una notable continuidad estatal e institucional articulada en torno a sucesivas dinastías y a una autoridad monárquica que mantuvo sus fundamentos incluso durante el período colonial. Esta profundidad histórica constituye uno de los fundamentos de la
reivindicación marroquí, sustentada en relaciones tradicionales de lealtad y en la bay`a, juramento de lealtad que, dentro de la tradición jurídico-política islámica, expresaba el reconocimiento de la autoridad legítima del sultán y el vínculo de obediencia política, desempeñando una función comparable, aunque no idéntica, a determinados atributos de
soberanía del derecho público occidental.

Tras recuperar su independencia en 1956, Marruecos emprendió un proceso gradual de recuperación de los territorios que permanecían bajo administración colonial. Fue el propio Reino quien promovió ante Naciones Unidas la inscripción y el examen de la cuestión de Ifni y del Sáhara en el marco de la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas. La resolución 2072 de la Asamblea General, adoptada el 16 de diciembre de 1965, abordó conjuntamente ambos territorios e instó a España a poner fin a su dominación colonial y negociar las cuestiones de soberanía correspondientes. Aquella reivindicación precedió tanto a la creación del Frente Polisario, en 1973, como a la propia independencia de Argelia, alcanzada en 1962.

No obstante, España bajo la dictadura de Franco, favoreció posteriormente un tratamiento diferenciado de Ifni y del Sáhara, pese a que ambos expedientes estaban estrechamente vinculados en la reivindicación marroquí. Esta evolución quedó reflejada en las resoluciones sucesivas de Naciones Unidas y condujo a la retrocesión de Ifni en 1969, mientras el Sáhara permaneció bajo colonización española. La cuestión adquirió entonces una dimensión regional e internacional en plena Guerra Fría, cuando Argelia, apenas independizada y cada vez más vinculada estratégicamente al bloque soviético, comenzó a desarrollar una política de apoyo a movimientos revolucionarios. La aparición en 1973 del Frente Polisario, organización guerrillera de inspiración revolucionaria marxista-leninista comunista, y el respaldo político, financiero y
militar que recibió posteriormente de Argelia y de la Libia de Muamar Gadafi contribuyeron a transformar una reivindicación territorial anterior a la existencia de esos actores en un diferendo artificial, profundamente condicionado por las rivalidades ideológicas y estratégicas de la época.

Un momento decisivo se produjo en octubre de 1975, cuando la Corte Internacional de Justicia emitió, a solicitud de la Asamblea General de Naciones Unidas y tras las gestiones diplomáticas promovidas por Marruecos, su opinión consultiva sobre el Sáhara. Las preguntas sometidas al tribunal buscaban determinar si el territorio constituía una tierra de nadie (terra nullius) en el momento de su colonización por España y, en caso contrario, qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio y el Reino de Marruecos. La Corte respondió que el Sáhara no era una tierra de nadie y reconoció la existencia de vínculos jurídicos tangibles de juramentos lealtad entre el sultán de Marruecos y la mayoría de las tribus saharianas. En la tradición jurídico-política marroquí, estos lazos expresaban relaciones de obediencia, subordinación política y reconocimiento de la autoridad del sultán, constituyendo uno de los fundamentos históricos de la concepción de la soberanía. Sobre la base de estos fundamentos históricos y jurídicos, el rey Hassan II anunció la movilización popular y pacífica de la Marcha Verde.

Marruecos respondió a esta evolución presentando, en abril de 2007, su iniciativa de autonomía bajo soberanía nacional, concebida como una fórmula de compromiso institucional que permite conciliar el autogobierno regional con la preservación de la integridad territorial. La propuesta contempla instituciones representativas propias, competencias legislativas, ejecutivas, financieras y judiciales, así como amplias atribuciones económicas, sociales y culturales. Su fundamento reside en una solución de beneficio mutuo, sin vencedores ni vencidos, que permita superar décadas de confrontación mediante la participación democrática y una gobernanza regional dotada de garantías institucionales.

Bajo el reinado del rey Mohammed VI, esta orientación ha adquirido una dimensión económica y social de gran alcance. Desde entonces, las provincias del sur del Reino, situadas en su fachada atlántica y articuladas en torno a ciudades como El Aaiún y Dajla, no han dejado de experimentar una profunda transformación, visible en la expansión urbana, la modernización de las infraestructuras, la conectividad vial, las inversiones energéticas y el fortalecimiento de los
servicios públicos. La regionalización avanzada, los consejos regionales electos y la participación de los habitantes en las instituciones locales y nacionales han acompañado este proceso. La comparación entre las limitadas infraestructuras heredadas de la administración colonial española y el desarrollo alcanzado durante las últimas décadas refleja la importancia de una política que vincula la integración territorial con el crecimiento económico, el autogobierno, la participación ciudadana y la mejora de las condiciones de vida.

Esta dinámica ha venido acompañada de una evolución sustancial de las posiciones internacionales. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara en diciembre de 2020, el respaldo de España a la iniciativa de autonomía en 2022 y las posiciones expresadas por Francia en 2024 y el Reino Unido en 2025 constituyen hitos significativos. A ellos se han sumado numerosos países europeos, africanos, árabes, asiáticos y de otras regiones del mundo. Hoy en día, más de dos tercios de los Estados miembros de Naciones Unidas respaldan actualmente la posición marroquí, particularmente la autonomía del Sáhara bajo soberanía nacional como unico marco viable de solución. La apertura de más de treinta representaciones consulares extranjeras en El Aaiún y Dajla constituye otra expresión de la creciente proyección diplomática de las provincias del sur.

La adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, el 31 de octubre de 2025, representó un avance fundamental al situar la propuesta marroquí de autonomía como base de las negociaciones y reconocer que la autonomía bajo soberanía marroquí podía constituir la solución más viable. Un año después, el veto ruso del 30 de octubre de 2026 bloqueó un proyecto estadounidense que pretendía renovar y adaptar el mandato de la Misión de la ONU MINURSO desplegada en la region, al nuevo contexto político. La iniciativa alternativa de Moscú, orientada a mantener el dispositivo existente sin modificaciones sustanciales, obtuvo apenas tres votos favorables, confirmando la ausencia de apoyo suficiente para perpetuar un mecanismo concebido 35 años antes.

Según diversos analistas, este desenlace ha puesto de manifiesto las limitaciones de una práctica consistente en renovar indefinidamente mandatos internacionales que no han permitido alcanzar sus objetivos originales. Los preparativos de un referéndum habían quedado bloqueados hacía más de dos décadas, mientras sucesivas generaciones continuaban
afrontando las consecuencias de un diferendo sin solución. La continuidad de una misión internacional no constituye, por sí misma, una garantía de progreso político, especialmente cuando las condiciones que justificaron su creación han experimentado profundas transformaciones. En ese sentido, el resultado de la votación del 30 de octubre reflejó las
dificultades para seguir sosteniendo un mecanismo cuya permanencia había terminado convirtiéndose en uno de los elementos centrales del statu quo negativo.

De hecho, las dos únicas misiones atribuidas a la MINURSO dejaron de funcionar : el referéndum previsto en 1991 nunca llegó a celebrarse debido a la imposibilidad de consensuar un registro electoral, mientras el alto el fuego sufrió una ruptura en noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario anunció que dejaba de considerarse vinculado por ese compromiso. A ello se añaden las limitaciones operativas de la MINURSO, que disponía de apenas 43 observadores desplegados en seis emplazamientos al este del dispositivo defensivo marroquí, dentro de un contingente de 157 efectivos. En tales circunstancias, prolongar sucesivamente el mandato sin modificar sus fundamentos habría significado mantener un mecanismo cada vez más alejado de sus objetivos iniciales.

La cuestión humanitaria de Tinduf constituye otro componente esencial del diferendo. Durante aproximadamente cinco décadas, mientras la mayoría de la población del Sáhara marroquí gozaba del desarrollo socioeconómico y político en el seno del Reino de Marruecos, generaciones enteras han permanecido retenidas, en contra de su voluntad por Argel en
campamentos asidiados, situados en el suroeste de Argelia, cerca de las fronteras con Marruecos y Mauritania, sin que se haya completado un registro individual exhaustivo de su población. La ausencia de un censo verificable, pese a las reiteradas solicitudes internacionales, suscita importantes interrogantes sobre las responsabilidades del país de acogida y las condiciones de protección de los refugiados. La comunidad internacional ha denunciado reiteradamente las restricciones a la libertad de circulación, el desvio de las ayudas humanitarias recibidas, las situaciones de dependencia prolongada y las presuntas prácticas de adoctrinamiento y control ejercidas por el Polisario para quienes deseen regresar libremente al Reino. Asimismo, la pretensión de esta organización de representar exclusivamente a todos los saharauis resulta cuestionada por la existencia de otras corrientes políticas y por la participación de numerosos saharauis en las instituciones representativas de las provincias del sur del Reinode Marruecos.

El papel de Argelia constituye, igualmente, una cuestión ineludible en cualquier análisis del diferendo. Su condición de país de acogida de los campamentos, su respaldo político, financiero y militar al Polisario y su implicación histórica en la controversia contrastan con su pretensión de presentarse como un actor observador ajeno a las responsabilidades directas del proceso. De ahí la importancia de esclarecer la situación humanitaria de Tinduf, completar el registro de sus habitantes, garantizar su libertad de circulación y reconocer la pluralidad de posiciones existentes entre los saharauis. La búsqueda de una solución duradera difícilmente puede limitarse a una sola organización, prescindiendo de los representantes electos de las provincias del sur de Marruecos y de otras sensibilidades favorables a una salida negociada.

El Gabinete Real de Marruecos calificó la expiración del mandato de la MINURSO como un paso significativo hacia el cierre definitivo del expediente del Sáhara marroquí en Naciones Unidas. Esta orientación quedó reforzada durante la reunión de trabajo presidida por el rey Mohammed VI el 4 de noviembre en Rabat, en la que se establecieron las prioridades de la nueva etapa: Acompañar la retirada ordenada de la misión, preservar la integridad territorial y la
seguridad nacional, garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y asegurar la continuidad de los proyectos de desarrollo de las provincias del sur. Paralelamente, Marruecos reafirmó su compromiso con el alto el fuego de 1991, dejando constancia de que su defensa de la soberanía nacional permanece vinculada a una política de estabilidad y responsabilidad internacional.

Más allá de sus dimensiones histórica y diplomática, la cuestión del Sáhara se inscribe hoy en una visión estratégica de mayor alcance. Las iniciativas atlánticas promovidas por el rey Mohammed VI, la cooperación entre los 22 Estados africanos ribereños del Atlántico, el acceso de los países del Sahel a las rutas marítimas, el desarrollo de los puertos de Tánger Med y Dajla Atlántico, la promoción de la economía azul, la reconstrucción de la flota nacional de transporte marítimo y el proyecto del Gasoducto África-Atlántico forman parte de una arquitectura de conectividad, integración económica y seguridad energética. En un entorno regional marcado por el terrorismo, la criminalidad transnacional y las fragilidades institucionales, Marruecos apuesta por la cooperación y la prosperidad compartida como instrumentos de estabilidad.

Esta visión permite comprender el alcance de la solución propuesta y promovida por Marruecos: La autonomía no constituye una iniciativa aislada, sino el componente institucional de un proyecto que articula soberanía, participación ciudadana, desarrollo territorial e integración socioeconómica. Frente a un diferendo alimentado durante décadas por rivalidades heredadas de la Guerra Fría, Marruecos ha presentado una propuesta política concreta, ha impulsado inversiones estructurantes y ha conseguido ampliar sus apoyos internacionales, manteniendo abierta la perspectiva de una solución negociada cuyos parámetros respondan a la realidad actual.

Cincuenta y un años después de la histórica movilización convocada por el rey Hassan II, Marruecos y la comunidad internacional se encuentran ante una oportunidad decisiva para superar definitivamente un diferendo regional artificial, heredado de las rivalidades de la Guerra Fría, cuya prolongación ha obstaculizado durante décadas la integración del Magreb. La expiración del mandato de la MINURSO y el creciente respaldo internacional a la autonomía bajo soberanía marroquí abren la posibilidad de dejar atrás el estancamiento y avanzar hacia una solución política realista, duradera y de beneficio mutuo, sin vencedores ni vencidos. Si la Marcha Verde simbolizó en 1975 la voluntad de Marruecos de recuperar su integridad territorial, hoy, bajo el liderazgo del rey Mohammed VI, esa misma aspiración encuentra su continuidad en una estrategia que combina diplomacia, autogobierno regional, desarrollo económico e integración atlántica. La profunda transformación de las provincias del sur y los avances diplomáticos alcanzados permiten vislumbrar un nuevo horizonte de estabilidad, cooperación y prosperidad compartida para el conjunto del noroeste africano.