Oh I'm just counting

Emergencias sin responsables. Por Ricardo Rincón González, Abogado

La tormenta eléctrica que afectó a la Región Metropolitana el sábado no solo dejó 341 viviendas anegadas, cerca de 30 mil clientes sin suministro eléctrico y escenas impropias de una capital —vehículos arrastrados por el agua, barrios completos colapsados—. Dejó, sobre todo, al descubierto una falla más profunda y persistente: una institucionalidad de emergencia que no anticipa, no coordina y, lo que es más grave, no asume responsabilidades.

El fenómeno no fue un evento imposible de prever. La Dirección Meteorológica de Chile había emitido alertas por tormentas eléctricas entre las regiones Metropolitana y de O’Higgins. Los expertos advertían sobre bajas segregadas, conocidas por su capacidad de generar precipitaciones intensas, localizadas y disruptivas. Aun así, la reacción del Estado fue tardía y fragmentada. Municipios sobrepasados, empresas reaccionando a destiempo y una autoridad nacional prácticamente ausente antes del impacto.

Aquí no estamos frente a un simple error operativo. Estamos frente a un problema de diseño, selección y exigencia en la conducción del aparato público encargado de las emergencias.

La máxima autoridad de Senapred es seleccionada a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Ese dato no es menor. La ADP existe precisamente para asegurar que cargos críticos para la población sean ocupados por personas con competencias técnicas, liderazgo probado y capacidad de gestión bajo presión. Si, frente a eventos anunciados y de alto impacto, la institucionalidad no actúa preventivamente ni coordina al Estado, entonces el problema no puede cerrarse con comunicados o balances posteriores: debe revisarse exhaustivamente el proceso de selección.

Ello implica examinar los perfiles definidos por el área sectorial correspondiente —en este caso, el Ministerio del Interior, al menos para el sistema de emergencias—, los criterios de evaluación utilizados por la ADP y, especialmente, los convenios de desempeño suscritos por estas autoridades. Resulta inaceptable que situaciones de esta magnitud se repitan sin que exista una trazabilidad clara de responsabilidades ni consecuencias administrativas o políticas.

Servir en el Estado, y particularmente en áreas tan sensibles como emergencias, energía o protección civil, debiera implicar estándares de exigencia muy superiores a los habituales. Compromiso, disponibilidad permanente, liderazgo anticipatorio y capacidad real de articulación intersectorial no pueden ser atributos deseables: deben ser requisitos mínimos. Sin embargo, lo que se observa con demasiada frecuencia es una cultura de cumplimiento formal, baja exposición personal al error y una preocupante normalización de la mediocridad institucional.

El problema se agrava cuando la respuesta del sistema político se limita a explicaciones ex post. Declaraciones que reconocen la complejidad del fenómeno, la intensidad inesperada de las lluvias o las limitaciones estructurales de infraestructura pueden ser técnicamente correctas, pero políticamente insuficientes. Cuando hubo advertencias previas, cuando los expertos alertaron sobre escenarios complejos, la explicación posterior no mitiga la falta: la profundiza.

Esta práctica recurrente —reaccionar, explicar, justificar— se ha vuelto una constante en la gestión pública chilena, particularmente en materia de crisis. Y esa lógica debe ser objeto no solo de análisis técnico, sino también de autocrítica política y reproche concreto. La anticipación y la coordinación no son virtudes opcionales: son el núcleo mismo del mandato de una autoridad de emergencia.

Que un alcalde reconozca haberse visto sobrepasado es honesto. Que el Estado central llegue tarde, no. En un país cada vez más expuesto a eventos climáticos extremos (lo que todo indica se acentuará con el devenir de los próximos años), la ausencia de liderazgo preventivo no es una anécdota administrativa: es una falla grave del Estado.

La tormenta pasó. Las cifras quedaron. Pero mientras la institucionalidad de emergencia siga funcionando sin estándares exigentes, sin evaluación real de desempeño y sin responsables claros, el problema seguirá ahí, esperando el próximo aviso meteorológico para volver a repetirse.