La ética, esa rama de la filosofía que analiza la conducta del ser humano y establece si es correcta o incorrecta, ha acompañado al ser humano casi desde siempre. Desde que se pudo escribir y dejar para el después sus fundamentos y sus bordes, la humanidad ha podido acudir a ella para juzgar conductas, hechos y acciones. 

 

En las escuelas de periodismo, derecho, medicina y otras es un ramo importante, pero es visto por algunos estudiantes como algo ajeno a su profesión... hasta que en algún momento se ven enfrentados a elegir si actuar éticamente o alejarse en forma deliberada de ella. 

 

Por muchos años, el país fue tratando de resolver situaciones a través de organizaciones de nivel intermedio en la sociedad, tomando medidas relevantes. Hablo de tiempos en los que los colegios profesionales podían ejercer tuición sobre sus asociados, estableciendo tribunales de ética que sancionaban o absolvían a quienes eran llevados hasta esas instancias. 

 

Pero vino la dictadura civil-militar, enemiga de las organizaciones y no sólo arremetió contra juntas de vecinos, sindicatos, federaciones estudiantiles, sino también contra los colegios profesionales.

 

Así, llegó 1981 cuando la dictadura militar mediante el DL 3621, eliminó la colegiatura obligatoria perdiéndose por lo tanto la tuición ética, y con ello la facultad de sancionar, suspender o inhabilitar a un profesional ante una comprobada falta a la ética. Y así estamos. 

 

Hoy, el Colegio de Periodistas sigue recibiendo diversas denuncias de personas o instituciones quejándose de profesionales que a su juicio atentaron con sus notas o reportajes contra la ética profesional.

 

Y el Colegio, que tiene conformado un tribunal a nivel nacional y otros, regionales, en un alto porcentaje ellos se enfrentan a la imposibilidad de tramitar la causa ingresada porque el o la colega no se encuentra colegiado/a y por lo tanto no existe posibilidad alguna ni siquiera de iniciar un proceso. 

 

Ante estos hechos, dos situaciones saltan a la vista: la incapacidad de los colegios profesionales de recuperar una alta función perdida en dictadura, y también para convencer -en el reino del individualismo- a las nuevas generaciones de ingresar a sus propias organizaciones. 

 

Atomizadas, las y los jóvenes profesionales deben “saltar a la arena” y defenderse como puedan a fin de superar ciertas barreras e imponer sus condiciones laborales. La mayoría debe aceptar lo que el mercado diga, ya que está en su conocimiento y menos en su ADN, el concepto de “arancel profesional”. 

 

La ciudadanía queda, entonces, inerme ante un profesional que si se equivoca o si actúa con mala intención, permanece impune. Así sucede con periodistas, abogados o médicos. 

 

Recordaré un caso mediático, aunque de abogados, del que hemos sido vehículos de transmisión. Hablo del caso de Luis Hermosilla, el que llevado ante el tribunal de su Orden fue sancionado y expulsado de su colegio (4.6.2026) por el llamado “caso audios”. Apeló. Ello, porque siendo de la antigua generación “algo” le dice y le motiva la pertenencia a este grupo de profesionales. En el Colegio de Periodistas pasó algo similar con Claudio Sánchez y Julio López, sancionados con suspensión de la colegiatura. 

 

Hoy, ya nos inocularon el individualismo y aquí estamos, bien vacunados. El sentido de pertenencia no existe. Los colegios profesionales y sindicatos viven de glorias pasadas. 

 

La ética pasó a ser algo así como un cuadro colgado en un muro, que de a poco se va oscureciendo y difuminando sus formas. Y así estamos.