Así lo aseguró el Presidente electo Gabriel Boric, al referirse a las condiciones bajo las cuales el renunciado presidente del Banco Central, Mario Marcel, aceptó asumir como ministro de Hacienda de su gobierno.

En su primera entrevista televisiva tras ser elegido, concedida al programa Tolerancia Cero de CNN-CHV, Boric comentó que conversó "largamente con él en varias ocasiones" y dijo que como cualquier socialdemócrata, el economista está "comprometido con la creación de un Estado que garantice derechos sociales sin importar el tamaño de la billetera de la persona".

Precisó que  "él adhiere plenamente  a los lineamientos" del programa, recordando la convergencia que existió en la segunda vuelta con las propuestas de los excandidatos presidenciales Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami. Aquí ratificó que la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica a los profesores -que calificó como "un robo por parte del Estado- son compromisos y se debe buscar cómo asumirlos en forma fiscalmente viable.

Insistió en que avanzar hacia un nuevo pacto tributario será una de las primeras tareas de Marcel, ya que tener más recursos y que estos vengan de los grupos más acomodados es vital para cumplir el programa. A su juicio, ya hay señales de acuerdo en materia de exenciones y royalty minero, pero "seguramente tendremos diferencias en el impuesto a los súper ricos", dijo. 

No renovará el estado de excepción en la macrozona

Boric también tomó postura respecto de una serie de temas. Además de lo tributario, adelantó que en los primeros cien días de su gobierno las prioridades estarán en la gestión de la pandemia y mantener la vacunación, retomar la educación presencial e iniciar un proceso de diálogo respecto de la situación de la Araucanía, donde se declaró disponible a "dialogar con todos los que estén por el camino de la paz". Confirmó, además, que no renovará el estado de excepción en la macrozona.

Insistió en pedir un acuerdo en el Senado en torno a una solución para quienes están detenidos por delitos en el marco del estallido de 2019, pero sostuvo que una "línea roja" para el indulto o amnistía que se acuerde es que no se incluya a agentes del Estado que cometieron delitos. Y aseguró que hará todo lo posible para garantizar justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos registradas en la crisis social, no descartando acudir a los tribunales internacionales si eso no se consigue en los juzgados nacionales.

En lo político, dijo que la conformación del gabinete "inaugura nuevo ciclo político que no está aún plenamente definido", aludiendo a que la integración del PS rompe el eje de centroizquierda con la DC vigente desde 1990. Sostuvo que la no incorporación de la DC a su gobierno no debe ser leída como un desprecio, sino que ambos bloques vienen "de proyectos políticos distintos y me parece que hay que darle coherencia al gobierno".

Y aunque matizó sus cuestionamientos históricos a los gobiernos de centroizquierda de los últimos 30 años, mantuvo una "visión crítica  de la transición a  la democracia y la renovación del socialismo, que terminó teniendo un acomodo a ciertas posiciones que dejaron de cuestionar el neoliberalismo en Chile".