Hasta 48 meses tendrá el 70 por ciento de las familias que debido a la contingencia de la pandemia debieron suspender el pago de sus cuentas de servicios básicos como agua y electricidad. También, el 30% de las familias de más alto consumo podrán acceder al beneficio según establece la iniciativa legal.

La propuesta que fue impulsada por un grupo de parlamentarios de oposición y fundida con una norma del Ejecutivo, busca resolver las deudas con aportes del Estado, las empresas y las familias que no pudieron pagar sus boletas entre el mes de marzo de 2020 y diciembre de 2021.

La senadora Yasna Provoste, indicó que la normativa “establece una fórmula solidaria para apoyar a las familias que finalmente puedan resolver el pago de las cuentas acumuladas de los servicios básicos del agua y la luz”.

La legisladora recordó que “desde el Senado en el mes de mayo le propusimos esta fórmula al Gobierno. Se demoró bastante. Esta era una iniciativa que requería el patrocinio del Gobierno y finalmente entendieron que no bastaba con seguir prorrogando una ley que por una parte impedía el corte del suministro de los servicios básicos, pero seguía manteniendo una pesada mochila de deuda en miles de familias de nuestro país”.

En ese mismo sentido, la senadora Isabel Allende indicó que a su juicio el Gobierno “se demoró un poco” con impulsar la propuesta en el Congreso, pero “al final reaccionó y entendió que teníamos que buscar una salida”.

La parlamentaria socialista precisó que se trata de “48 cuotas sin interés y que no puede ir más allá del 15% del consumo promedio, además con una cierta medida, 15 metros cúbicos para el agua, 150 kilowatts para la electricidad. Y aquí lo importante es que no puede sobrecargarse tampoco a las familias. Pero el hecho de prorrogar por un año más como se está presentando en este momento a la Cámara, yo creo que no soluciona el tema de fondo, porque significa más deuda”.

En tanto, el senador Alejandro Navarro lamentó que en la propuesta que ahora deberá ver la Cámara de Diputados, se excluyera al gas de cañería que consumen los habitantes de la Región de Magallanes.

“Esto es una discriminación. Esperamos pueda corregir el próximo gobierno del Presidente Gabriel Boric y espero que el actual oficialismo no lo acuse de camisetero con Magallanes porque solo va a corregir una discriminación con Magallanes que no pudimos sortear en esta fase legislativa. Se dejó fuera el gas de cañería que es un elemento esencial en Magallanes. Los que usan gas de cañería no son ni ricos ni más acomodados. Son el pueblo en general y han quedado fuera”, subrayó Navarro.

A esta crítica se sumó la senadora Loreto Carvajal quien recordó que durante el trámite “hubo un intento en la comisión de Hacienda de la que formé parte a propósito de una indicación presentada por el senador Bianchi, pero que finalmente no prosperó. Creo que aquí el Ejecutivo deberá generar algunas condiciones a propósito de la necesidad que debemos tener a nivel país de cómo se subsana este suministro que para todo efecto es básico y tiene que ver con la subsistencia elemental de todas las familias y particularmente más vulnerables”.

De todas formas, precisó que la iniciativa “termina con la incertidumbre de muchas familias que han vivido con un impacto económico muy fuerte lo que han sido estos casos dos años de pandemia. Sin duda la fecha límite culminaba el 31 de diciembre. Hoy día se termina con esa incertidumbre en el sentido de poder generar una prórroga en 48 meses con una distinción muy elemental, cierta y justa respecto a las familias más vulnerables y creo que en ese contexto nos hacemos cargo de la deuda efectiva que queda con respecto al suministro también básico que es el gas”.

Ahora el proyecto de ley deberá ser revisado en la Cámara de Diputados donde los senadores impulsores de la propuesta esperan que se aplique la discusión inmediata por parte del Gobierno para que se convierta en ley antes del receso parlamentario del mes de febrero.