La Justicia confirmó la condena contra exagentes de la Armada por los delitos de tortura y homicidio de un ciudadano español durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que condenó a Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo y Pedro Alcayaga Zúñiga a 12 años de presidio, en calidad de autores de homicidio calificado; y a 541 días de reclusión, como autores de aplicación de tormentos.

En tanto, Gastón Silva Cañas fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridor del homicidio calificado.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia que condenó a los tres exmiembros de la Armada por su responsabilidad en los delitos de aplicación de tormentos y homicidio calificado del ciudadano español Enrique López Olmedo en noviembre de 1977, en la región de Valparaíso.

Según pudo acreditar la Justicia, “el día 11 de noviembre de 1977, la víctima, Enrique López Olmedo, de nacionalidad española, fue detenido por agentes de la Armada de Chile, en un operativo (ratonera) realizado en el domicilio de un familiar de este, ubicado en el sector de Playa Ancha de Valparaíso”.

“En dicho lugar, luego de su detención, Enrique López Olmedo es amarrado a una silla y con la vista vendada es interrogado y torturado por sus captores durante tres horas aproximadamente. Después de ello es sacado de la casa y llevado en dirección desconocida, ya con evidentes signos de maltrato”, se señaló el fallo.

“A continuación, a unas cuadras de la casa, es acribillado por los agentes que habían participado en esa operación, siendo a continuación trasladada la víctima a la Academia de Guerra Naval”, se agregó.

Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscados por sus seres queridos.

La dictadura duró 17 años y dejó más de 40 mil víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.