Menos de dos meses lleva en el poder el nuevo gobierno de derecha en Chile y ya ha dejado en claro su orientación económica. Apunta a la desregulación, a la rebaja de impuestos progresivos y a recortes fiscales de amplio alcance. La señal política es nítida, y la dirección también. El problema es que esa agenda resulta anacrónica frente al estado real del país.

Chile no atraviesa solo una coyuntura de ajuste fiscal ordinario. Enfrenta una doble fractura: de representación política, por un lado, y de distribución, por otro. En ese contexto, el paquete que hoy se impulsa no solo es inadecuado, sino que puede transformarse en un factor de amplificación de la inestabilidad que dice querer corregir.

El problema que hereda el gobierno

Para entender por qué esta agenda es política y socialmente riesgosa, conviene partir del problema que el gobierno recibe. Chile logró, en tres décadas de democracia, triplicar su PIB per cápita y reducir la pobreza desde cerca del 70% en 1990 al 4,5% actual. Se trata de un logro histórico innegable.

Pero ese mismo éxito generó un nuevo desafío. El crecimiento elevó las expectativas sociales. Cuando el sistema económico dejó de responder con la misma eficacia, el malestar comenzó a acumularse hasta hacerse visible.

El estallido social de octubre de 2019 no fue un accidente. Fue la expresión de una tensión incubada durante años entre el progreso material y la capacidad del sistema para procesar las demandas de una sociedad que había cambiado. Detrás de esa ruptura había dos crisis entrelazadas: una de representación, visible en la desconfianza hacia partidos e instituciones, y otra de distribución, menos visible pero igual de persistente en sus efectos.

La crisis de distribución

La crisis de distribución es, pese a su centralidad, una de las menos comprendidas en el debate público. Se manifiesta como la creciente dificultad de la economía para sostener el crecimiento y, al mismo tiempo, del Estado para responder a las demandas sociales mediante bienes y servicios de calidad. No es solo un problema moral asociado a la desigualdad, sino también una limitación práctica del sistema para distribuir los frutos de la prosperidad.

La desaceleración del crecimiento actuó como catalizador. Hasta 2013, había malestar pero Chile crecía a tasas que permitían absorber tensiones sin que emergieran conflictos redistributivos abiertos. Ese ciclo se agotó. Desde entonces, el margen para compatibilizar crecimiento con expectativas sociales se ha estrechado de forma sostenida.

Las consecuencias son visibles. Aumenta el desempleo; los salarios crecen poco; la movilidad social se estanca; el endeudamiento se vuelve masivo y permanente; los jóvenes enfrentan un mercado laboral que no cumple las promesas asociadas a la educación superior. Al mismo tiempo, el Estado pierde capacidad para cerrar brechas en salud, educación y pensiones.

Cuando otros sectores sociales avanzan sostenidamente, el estancamiento del  propio no genera paciencia, sino frustración. Y esa frustración, tarde o temprano, termina buscando expresión política.

La trampa de la oferta

Frente a este escenario, el gobierno actual propone una agenda centrada en aliviar las cargas del sector privado. La expectativa es que la inversión repunte y que, a partir de ahí, el crecimiento reactive el bienestar general.

La dificultad no es que este razonamiento sea completamente erróneo. En contextos de alto crecimiento puede funcionar. El punto crítico es que hoy las condiciones para que ese razonamiento funcione son distintas a las que el ultraliberalismo supone.

El crecimiento potencial es bajo, y su alza no depende principalmente de rebajas tributarias ni de una desregulación generalizada. Supone políticas más complejas y de largo plazo: aumento de la productividad, fortalecimiento de capacidades estatales, inversión en capital humano, innovación y mejor coordinación entre el sector público y el privado.

En ese contexto, los eventuales beneficios de la expansión económica no se difunden con la misma facilidad. Las políticas que favorecen la acumulación en los segmentos más altos no necesariamente se traducen en mejoras generalizadas. Por el contrario, pueden ampliar las brechas existentes.

A esto se suma el impacto de los recortes fiscales. En un país donde los servicios públicos ya son fuente de malestar, reducir su financiamiento tiende a profundizar el problema.

El problema del diagnóstico

Lo preocupante no es solo la dirección de las medidas; también lo es el diagnóstico que las sostiene. El gobierno parece asumir que el malestar chileno obedece solo a la caída del crecimiento, y que esta, a su vez, se explica por un exceso de regulación y de carga tributaria. Bajo esa premisa, bastaría con liberar al sector privado para recuperar el dinamismo y superar el malestar.

Ese diagnóstico es incompleto. El estallido de 2019 no fue una reacción contra los impuestos ni contra la regulación. Fue la expresión de una fractura más profunda entre sociedad y sistema político.

Esa fractura no ha desaparecido. La desconfianza persiste y la antipolítica se expande. En ese contexto, una agenda que reduce la contribución del capital al financiamiento colectivo y limita indiscriminadamente el gasto público no resuelve el problema y corre el riesgo de profundizarlo, en la medida en que sus efectos distributivos son regresivos.

La confusión sobre el modelo

Hay además una confusión de orden histórico que las secciones anteriores no agotan. El ciclo de crecimiento que permitió reducir la pobreza no dio lugar, en sentido estricto, a una sociedad de clases medias consolidadas. Más bien, configuró una mayoría de sectores populares no pobres, con mayor acceso a consumo, educación y crédito, pero con trayectorias inestables y alta vulnerabilidad ante shocks económicos.

Ese rasgo es clave para entender la crisis actual. No se trata de una sociedad integrada y segura de su posición, sino de una que experimentó movilidad y mejoras, pero sin garantías duraderas. Por eso, cuando el crecimiento se desacelera y el Estado no logra sostener niveles adecuados de protección, el malestar se intensifica.

A esto se suma una confusión histórica. El modelo que se consolidó durante la democracia no fue la simple continuidad del esquema ultraliberal de la dictadura. Combinó apertura económica con expansión del gasto social, regulación en áreas clave y un rol más activo del Estado. Fue una vía pragmática, sostenida por acuerdos políticos amplios y por una legitimidad social que permitía procesar tensiones distributivas.

El enfoque que hoy se intenta reinstalar se acerca más al paradigma de desregulación profunda y baja carga tributaria propio de la dictadura. Ese esquema podía sostenerse sin mediaciones porque no dependía de mayorías políticas ni de legitimidad social sostenida. En democracia, esas condiciones no existen.

Por eso, el problema no es solo económico. Es político. Un modelo que reduce la capacidad redistributiva del Estado y debilita la provisión de bienes públicos difícilmente puede sostenerse en un contexto de competencia democrática. No porque sea técnicamente inviable, sino porque choca con una estructura social marcada por la vulnerabilidad y con expectativas de mejora e inclusión que no pueden ser ignoradas sin costo.

Lo que se necesita y lo que se evita

La dirección necesaria es otra. Superar el déficit distributivo requiere combinar, no oponer, crecimiento con redistribución progresiva. Requiere un Estado con capacidad fiscal suficiente para financiar servicios públicos de calidad que acorten las brechas entre quienes pueden pagar y quienes no: un sistema público de salud robusto, un sistema de pensiones con piso digno garantizado, una educación pública que no sea sinónimo de segunda categoría. Necesita una reforma política sistémica que devuelva eficacia al sistema de toma de decisiones, hoy tensionado por la atomización polarizada. Y supone una agenda de acuerdos básicos —productividad, inversión social y productiva, modernización del Estado, seguridad, combate a la corrupción— que cruce las fronteras ideológicas.

Nada de eso es incompatible con incentivar la actividad privada ni con revisar regulaciones que efectivamente distorsionan la economía. La tensión surge cuando esa revisión se convierte en el único eje de la política económica, y cuando se hace retroceder la progresividad fiscal en un momento en que el Estado necesita más capacidad redistributiva, no menos.

Conclusión

Las encuestas de la última década muestran de manera consistente que la confianza en el gobierno y el Congreso está en mínimos históricos. La antipolítica —esa convicción creciente de que la actividad política es inútil y sirve solo a una élite— avanza. Esa percepción crece cuando el sistema no logra responder a las demandas materiales de la mayoría. También se intensifica cuando las políticas públicas favorecen de manera desproporcionada a quienes están en mejor posición.

Un gobierno de derecha que aspire a la eficacia en el Chile actual necesita demostrar que puede gobernar más allá de su base social y de los grupos corporativos más poderosos. Eso no implica abandonar sus convicciones, por ejemplo, en las virtudes del mercado. Pero sí entender el contexto en que esas convicciones operan.

En un país con bajo crecimiento, con amplios sectores populares no pobres, frágiles y altamente endeudados, y con expectativas tensionadas, insistir en una agenda centrada casi exclusivamente en desregulación, rebajas tributarias y recorte fiscal no es realismo. Es una forma de ceguera política.

La crisis de distribución sigue ahí. No es coyuntural. Y sus costos, como ya se vio en 2019, no los paga solo un sector. Los paga el sistema democrático completo.