Como este columnista lo está diciendo desde hace años, generalmente, salvo contadas en excepciones, en Chile se cumple la máxima, relacionada con la impunidad al momento de cometerse ilegalidades, no solo por los empresarios inescrupulosos, sino que también por los funcionarios públicos que "no hacen la pega", ya que nadie asume responsabilidades.

Lamentablemente en esta ocasión no estamos frente a una excepción, ya que debemos denunciar un actuar extraño, por decir algo, que deja un manto de dudas al revisar el actuar de la Contraloría Regional de Valparaíso dirigida por Ricardo Betancourt respecto a la concreción de la responsabilidad administrativa del ex director de obras municipales (DOM) de Concón, arquitecto Julio Leigh, producto de las bochornosas construcciones que se han realizado durante sus 25 años al mando de esa oficina municipal.  

En el consciente colectivo se encuentra el caso del hotel Punta Piqueros de Concón, que hasta el día de hoy se le busca un acomodo para no tener que demolerlo, pues el permiso de edificación cursado es ilegal, conforme a fallo de la Corte Suprema, o el elefante blanco que pretendía ser un Centro Cultural para los habitantes de esa comuna, o las abundantes irregularidades en el otorgamiento de diversos permisos de edificación para proyectos inmobiliarios que han destruido el Campo Dunar y su borde costero, hechos que lo tienen como protagonista indiscutido. A Leigh lo conocimos, años atrás, en un entretenido y en ocasiones bochornoso seminario llevado a cabo en Valparaíso, organizado por el ex alcalde Hernán Pinto (QEPD). 

Según el artículo 24 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la unidad de obras municipales encabezada por su director le corresponde la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de todas las otras disposiciones asociadas, para cuyo efecto gozará de atribuciones específicas, tales como aprobar proyectos y permisos de obras de urbanización y edificación, fiscalización de esas obras y el cumplimiento de la normativa, no solo urbanística y de construcción, sino también ambiental, de transporte y patrimonial, en la medida que resulte relacionada y aplicable.  


En ese contexto, nos llama profundamente la atención el actuar protector que ha tenido la Contraloría Regional de Valparaíso, a propósito de los diversos procedimientos administrativos que buscaban concretar la responsabilidad administrativa de dicho ex funcionario municipal, pues mediante ellos se ha tratado de protegerlo, con un detalle que no se puede dejar pasar, pues siempre se aprecian las mismas iniciales JTR, supuesto profesional del ente fiscalizador porteño encargado de revisar esos casos, quien ha demostrado ser un eficiente padrino de aquél.   


Así, vemos que para JTR, el hecho haber participado en la tramitación del expediente ante la propia DOM de Concón, de la cual era director -sin inhabilitarse ni abstenerse-  hasta la obtención del permiso de edificación para el “Edificio Habitacional y Comercial Azahares”, de su propiedad, solo era merecedor de una suspensión del cargo, y no de la destitución por tan impúdica actuación de ese funcionario. ¿En qué queda la cacareada probidad administrativa que exige la Contraloría? 


Pero esta historia no queda ahí, ya que el 7 de noviembre de 2022, esa Contraloría regional emite un segundo pronunciamiento elaborado por el mismo JTR (oficio N° E274.345/2022), en el que instruye a la Municipalidad de Concón a regularizar la tramitación de renuncia voluntaria realizada por Leigh. Curioso, ya que nuevamente se favorece al arquitecto pese a que éste había sido destituido por el alcalde de Concón, lo informó la edición del jueves 01/09/2022 del diario El Mercurio de Valparaíso que tenía como reconfortante titular “El director de Obras de Concón es destituido por falta grave a la probidad”.

Como guinda de esta torta de impunidad, tuvimos a la vista un reciente pronunciamiento de 24 de marzo, nuevamente con las iniciales JTR en favor del aludido Leigh  (oficio folio N° E325.559/2023), mediante el cual se ordena a la Municipalidad de Concón retrotraer el sumario administrativo que había resultado en su destitución, por falta grave a la probidad, por su negativa a invalidar el permiso de obra y autorización del anteproyecto en el Campo Dunar de la empresa RECONSA.
 
A todos quienes han seguido de cerca las polémicas suscitadas por Leigh en el ejercicio de su cargo, nos llama la atención los criterios empleados por la Contraloría Regional de Valparaíso, quedándonos con la sensación que ella mantiene una conducta bastante paternalista respecto de esta persona, protagonista connotado en los lamentables casos inmobiliarios y constructivos de la comuna de Concón. Si dependiera de JTR -que hasta el momento así es- Leigh saldría libre de polvo y paja del municipio, y con un suculento bono por su retiro.  Por ello, sostenemos que algo huele mal en esa Contraloría Regional.

 
Lamentamos que la Contraloría Regional de Valparaíso se haya transformado en un ángel de la guardia de estos funcionarios públicos incompetentes y por ello sería necesario que el contralor general, Jorge Bermúdez, analice lo que aquí se describe, con el contralor regional, Ricardo Betancourt, para que se adopten las decisiones que en rigor corresponden. Si ambas altas autoridades optan por no hacer nada, el contenido de esta columna de opinión quedará como un testimonio.