No han sido unos días cualquieras para el país.

El caso de corrupción municipal en Vitacura y de las comunas del rechazo, las confesiones del convencional Rojas Vade, los errores en la inscripción electoral han impactado a la opinión pública y alertan de que nuestros problemas políticos continúan.

 

A eso se han agregado las alertas del Banco Central sobre un aumento relevante de la inflación – de 5,7% para fines del 2021 y 5% para 2022-, una desaceleración de la actividad económica con solo 2% de crecimiento para 2022 y que aún persisten 900 mil empleos menos en relación al período de la pre-pandemia.

 

El nuevo gobierno que asuma en marzo deberá gobernar en medio de estos problemas que se suman a los ligados a la pandemia y a la crisis social; por tanto, es clave que el debate público gire a encontrar respuestas sobre como sus candidaturas van a empezar a resolver esa pesada herencia que deja Piñera con su mala administración.

 

No debiera pasar desapercibido para los 18 millones de chilenos/as que en el corto plazo tengamos a la vista una mezcla de bajo crecimiento para 2022 y 2023 de menos del 2% con una inflación que supere el 5%.

 

Ese duro panorama afectará más a los grupos medios y familias vulnerables que seguirán sufriendo desempleo o informalidad laboral y un rebrote inflacionario que siempre le pega más a esos mismos grupos sociales.

 

El desafío que tenemos como país es evitar una profundización de esta mala herencia de la administración Piñera que es mayor inflación, más desempleo y menor crecimiento de la economía.

 

Esa responsabilidad es mayor en la centroizquierda que quiere ser alternativa al continuismo de la derecha con Sichel, porque si sigue la derecha ya sabemos que la crisis se profundizará.

 

Pero pareciera que hay una parte de la élite que no está viendo el escenario 2022-2023 y solo se está moviendo y tomando decisiones en relación a las elecciones del 21 de noviembre, ese cortoplacismo puede ser muy riesgoso para el país y provocar un escenario de mayores complicaciones para quienes aspiran a gobernar Chile desde marzo del 2022.

 

Bajo ese prisma de mayor responsabilidad de las opciones progresistas -que van divididas en la primera vuelta de noviembre- es urgente consensuar que de cara al futuro lo prioritario es alentar una nueva política de desarrollo con foco en el crecimiento, ya que llevamos 10 años de una pérdida permanente de productividad, no hemos invertido más en Ciencias, Tecnología e Innovación y seguimos pegados en una inversión pública de 0,34% del PIB muy lejos del promedio de 2,4% del PIB que tienen los países OCDE.

 

Es clave impulsar políticas pro emprendimiento y pro desarrollo de nuevas industrias. No esperemos que el mercado lo haga, se requieren nuevas políticas industriales, con foco en la innovación productiva para dar más valor agregado a lo que producimos y exportamos, se necesitan más y mejores bienes públicos para la competitividad.

 

Todo nuestro sector productivo debe transitar por la innovación para enfrentar los nuevos escenarios, por ejemplo, en la minería debemos transitar hacia una minería verde con fuentes de energía más limpias, con mejores relaciones con sus comunidades en el territorio y con mayores aportes a la recaudación fiscal producto de los mejores precios que tendrán en el futuro.

 

Se requiere un presupuesto fiscal 2022 en que haya real impulso fiscal a las inversiones y al gasto de capital y ese debate comienza ahora el 1 de octubre.

 

Es muy preocupante que al mes de julio el gasto de capital y los subsidios al empleo que se reforzaron en presupuesto 2021 mediante el Fondo de Emergencia Transitorio Covid19 tengan apenas una ejecución del 20% al mes de julio según el último reporte del Ministerio de Hacienda.

 

Estamos hablando de un volumen adicional de recursos superiores a los US$ 4.100 millones para reactivar la economía, para impulsar la actividad productiva y su ejecución al mes de julio es sólo del 20%.

 

Además, a esos recursos debemos sumar la lenta ejecución de la inversión regional que al mes de julio que solo alcanza al 40%, siendo la de peor ejecución de la última década.

 

En el presupuesto fiscal 2022 el mundo de la centroizquierda debe re-orientar el gasto fiscal hacia la inversión pública, hacia el apoyo a sectores productivos que deben reactivarse, apoyar la generación de nuevos empleos de calidad entre otras tareas.

 

Para 2022 se requiere mejorar la capacidad de crecimiento sobre la base de la inversión pública y privada, de la creación de empleos, de expandir el emprendimiento, de recuperar la capacidad de innovación productiva tareas que debemos impulsar y no seguir postergando.

 

Hay urgencia en reactivar la economía, pero se requiere finanzas públicas sanas y eso pasa por aumentar la recaudación fiscal y que pasemos de verdad a un sistema tributario más progresivo y que además se pueda combatir la evasión y la elusión.

 

En enero pasado se publicó un informe para eliminar exenciones tributarias a las rentas del capital de una comisión presidida por economistas de gobierno y de oposición y el Gobierno no ha enviado ese proyecto de ley para tener mayor recaudación desde el 2022.

 

Es hora de que demos espacios para que los que aspiran a llegar a La Moneda nos planteen como solucionarán estos problemas que hoy nos aquejan.