La segunda vuelta de las elecciones presidenciales ha estado plagada de hechos que enlodan la democracia que tanto costó conseguir durante 17 años.
El candidato de la ultra derecha, José Antonio Kast, exacerbó a través de groseras insinuaciones que su contrincante de Apruebo Dignidad Gabriel Boric sería drogadicto.
Kast durante la campaña no se cansó de repetirlo, instando a Boric a hacerse un test de drogas hasta que este lunes 13, frente a un nuevo emplazamiento, Boric le mostró frente a las cámaras un examen. Kast esbozó sorprendido una sonrisa nerviosa, impúdica, casi cínica.
El artículo 416 del Código Penal define de forma amplia el delito de injuria como “toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”. La palabra toda, según la Real Academia de la Lengua Española, significa “entera o cabalmente, segús sus partes, en la entidad o en el número”.
Pero además está la norma superior. La actual constitución de 1980 asegura en su artículo 19 numeral 4 “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.
Para la mayoría de los tratadistas el delito de injurias se configura a través de la palabra y también la acción, es decir de otros medios o sistemas como videos, memes, gestos, movimientos, dibujos, montajes fotográficos, incluida la palabra escrita. Estos últimos elementos del tipo penal son reafirmados en el artículo 422.
En otras palabras, José Antonio Kast ha desarrollado su campaña en forma antijurídica.
Normalizar la injuria y calumnia en un Estado de Derecho nos daña a todos y todas.
Las circunstancias bajo las cuales un imputado puede defenderse de una querella en su contra, es probando la verdad de sus dichos, ha señalado la jurisprudencia. ¿Podrá probarlo Kast?
Resguardar la honra de las personas y de nuestras autoridades políticas es fundamental para el normal funcionamiento de la democracia.
Si el debate y la discusión pública se construyen sobre la base de argumentos y razones y no en base a la descalificación personal nutre la democracia. La actitud contraria alimenta el neofascismo, sistema que desprecia los derechos humanos, la democracia y es discriminatorio contra las minorías.
La actitud del candidato del Partido Social Cristiano prefigura que si llegara al gobierno no necesitaría, con los enormes medios del aparato estatal en realizar actos reñidos con la moral y la ética en nombre de la razón de Estado.