Oh I'm just counting

La insoportable levedad de nuestra política. Por Eduardo Saffirio, Abogado

El reciente paro de camioneros volvió a desnudar la impostura política y la incompetencia técnica del Gobierno de José Antonio Kast. Las promesas de autoridad y responsabilidad fiscal terminaron enfrentadas a concesiones que pusieron en evidencia sus dificultades de concreción. A ello se agrega la crisis provocada por las rebajas de condenas y la obstinada defensa presidencial del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Es probable que ambos episodios sigan contribuyendo a una acelerada pérdida de respaldo ciudadano.  Más allá de ello sus consecuencias deben examinarse también a la luz de una fragilidad política, económica y social que viene acumulándose desde hace años.

Durante el paro, las organizaciones tradicionales del transporte fueron inicialmente sobrepasadas por agrupaciones que cuestionaban su conducción. El Gobierno debió negociar con distintos interlocutores y modificar sucesivamente sus propuestas. Los acuerdos parciales tampoco garantizaron de inmediato el término de las movilizaciones. Quedaron expuestas las dificultades de las obsecuentes dirigencias gremiales derechistas para representar a un sector fragmentado, junto con la capacidad de determinados grupos para obtener beneficios mediante la presión sobre actividades esenciales.

La debilidad de la intermediación social tiene manifestaciones que exceden al transporte de carga. Muchas organizaciones tradicionales han perdido arraigo y autoridad ante sus propios integrantes. Nuevos actores disputan su representación, aunque la capacidad para movilizar demandas no asegura construir compromisos duraderos. Cuando las dirigencias carecen de legitimidad suficiente ante sus bases, los acuerdos alcanzados con ellas pueden resultar precarios.

Algo semejante ocurre con el sistema de partidos chileno. Su desinstitucionalización ha debilitado los vínculos con la ciudadanía y favorecido la proliferación de fuerzas desafiantes. La fragmentación ha alcanzado niveles elevados y se mantiene una considerable volatilidad electoral, en un escenario de polarización relevante. El desplazamiento de organizaciones tradicionales modificó profundamente la competencia política, mientras se debilitaba la capacidad de agrupamiento coalicional. Los gobiernos enfrentan mayores dificultades para construir mayorías estables y sostener decisiones cuyos resultados requieren tiempo. La fragmentación también se manifiesta dentro de los bloques, donde las disputas por la conducción dificultan compromisos duraderos.

Estas transformaciones adquieren especial gravedad cuando coinciden con una economía cuyo crecimiento tendencial se ha reducido durante las últimas décadas. La prolongada debilidad de la productividad limita las posibilidades de expansión económica. Las deficiencias educativas y de capacitación laboral contribuyen a ese resultado. También influyen los insuficientes esfuerzos de innovación y las limitaciones competitivas de determinados mercados. Superar estos obstáculos exige reformas sostenidas, cuyos efectos difícilmente podrán apreciarse en plazos breves.

Durante 2026, el debilitamiento adicional de la actividad ha agravado las dificultades. El deterioro del mercado laboral, los recortes presupuestarios indiscriminados, unidos a las restricciones fiscales estrechan los márgenes de respuesta del Estado. A las limitaciones estructurales del crecimiento se suma una situación económica inmediata particularmente adversa.

La interacción entre ambos fenómenos tiene importantes consecuencias distributivas. Cuando los recursos disponibles aumentan lentamente, resulta más difícil conciliar demandas sociales. Numerosas familias enfrentan dificultades para sostener sus condiciones de vida y temen perder lo conseguido. La vulnerabilidad de amplios sectores medios, expuestos al endeudamiento y a mecanismos de protección insuficientes, incrementa las exigencias dirigidas al Estado.

En estas circunstancias, la crisis de representación y la crisis distributiva se alimentan recíprocamente. Las organizaciones políticas debilitadas encuentran dificultades para procesar demandas que aumentan mientras disminuyen los recursos para atenderlas. Los resultados insuficientes profundizan la desconfianza y afectan la legitimidad de las instituciones. La capacidad de respuesta de la democracia se resiente.

Especialmente preocupante es el riesgo de una conflictividad social creciente. Las expectativas defraudadas pueden intensificar el descontento cuando coinciden con el deterioro del empleo y la incertidumbre económica. El paro de camioneros mostró que una movilización sectorial puede recibir un respaldo ciudadano muy superior al de las organizaciones que la convocan. La percepción de que las autoridades solo responden ante presiones suficientemente intensas podría favorecer nuevas movilizaciones. En una sociedad con mecanismos de intermediación debilitados, cada conflicto adquiere mayores posibilidades de desbordar a sus propios dirigentes.

Las encuestas recientes muestran la magnitud del problema político que enfrenta el Gobierno. Según Criteria, la aprobación presidencial cayó desde el 46 % registrado en marzo hasta apenas un 18 % a mediados de noviembre. La desaprobación alcanzó el 72 %. El descenso se ha acelerado durante las últimas semanas, mientras crece el pesimismo económico. Seis de cada diez consultados creen que la situación del país empeorará en los próximos seis meses. Estas cifras describen una combinación preocupante de pérdida de respaldo gubernamental y expectativas negativas respecto del futuro cercano.

La situación merece especial atención porque el Gobierno llegó al poder ofreciendo respuestas enérgicas a problemas que habían provocado un extendido malestar ciudadano. Cuando esas expectativas se frustran, la confianza puede deteriorarse rápidamente. La experiencia reciente sugiere que las dificultades de conducción pueden adquirir consecuencias más graves cuando coinciden con una población económicamente vulnerable y crecientemente desencantada.

El Gobierno de Kast ofrece un nuevo ejemplo de las limitaciones de una competencia electoral basada en promesas cuya viabilidad era escasa. Después de una campaña centrada en la seguridad, su administración enfrentó cuestionamientos por la falta de un plan integral suficientemente desarrollado para combatir la delincuencia. Particularmente ilustrativa fue la explicación presidencial de su promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares, presentada posteriormente como una «metáfora» y luego como una «hipérbole». El Presidente precisó que nunca había pretendido realizar todas esas expulsiones en una jornada. Sin embargo, el episodio mostró las dificultades de traducir ofertones electorales de enorme alcance y complejidad en políticas realizables.

Chile enfrenta problemas demasiado complejos para continuar recurriendo a simplificaciones y a súper ofertas electorales. Recuperar el crecimiento requiere diagnósticos verdaderamente rigurosos sobre las causas de su prolongada desaceleración. Combatir eficazmente la delincuencia exige comprender fenómenos criminales diferentes y fortalecer las instituciones encargadas de enfrentarlos. La seriedad programática supone explicar las medidas propuestas y reconocer anticipadamente sus dificultades de ejecución. Ninguna consigna ni regalos a clientelas puede reemplazar ese trabajo.

Las alternancias pendulares de los últimos años muestran las limitaciones de una competencia organizada principalmente alrededor del rechazo a quienes gobiernan. Las impugnaciones a las administraciones salientes han adquirido una importancia considerable, aunque los motivos de cada resultado electoral hayan sido diferentes. Encuadres simplistas y consignas destinadas a desacreditar al adversario contribuyen a movilizar el descontento, mientras la elaboración de programas consistentes ocupa un lugar secundario. Cuando los vencedores deben gobernar, aparecen restricciones que debieron haber reconocido antes de las elecciones.

Esta dinámica se ha desarrollado en una esfera pública cuya calidad viene deteriorándose desde hace décadas. La descalificación permanente y la circulación de falsedades dificultan una deliberación razonable sobre los problemas nacionales. Las redes sociales amplifican esas conductas, favoreciendo la estridencia y la confrontación. Reconocer errores suele interpretarse como una derrota. Con frecuencia, quienes alcanzan acuerdos terminan siendo cuestionados por sus propios partidarios.

Kast enfrenta esas condiciones con una dificultad política adicional. Encabeza un gobierno sin coalición. Su administración descansa en un núcleo propio y en relaciones de colaboración con partidos de derecha que carecen de un compromiso gubernamental común suficientemente formalizado. Esta configuración concentra las responsabilidades en el Presidente y reduce las posibilidades de compartir los costos de las decisiones. Una coalición sólida permite procesar diferencias y sostener compromisos que trasciendan las contingencias. Su ausencia vuelve más difícil enfrentar conflictos que requieren conducción colectiva, especialmente cuando el apoyo ciudadano disminuye.

La controversia por las rebajas de condenas muestra las consecuencias de esas debilidades. El propio Presidente reconoció como un error los beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, pero decidió mantener su respaldo al ministro Fernando Rabat. También surgieron cuestionamientos por rebajas otorgadas a condenados por crímenes de lesa humanidad. Una rectificación política oportuna pudo haber reducido el alcance de la crisis. La defensa presidencial prolongó el conflicto y abrió diferencias entre las fuerzas que colaboran con el Ejecutivo.

Su gravedad aumentó cuando la Cámara solicitó la salida del ministro, con el respaldo de parlamentarios de Chile Vamos, y la oposición presentó una acusación constitucional. El libelo incorpora cuestionamientos a las rebajas de condenas y a la información entregada al Congreso. Corresponderá a las instituciones competentes resolver las responsabilidades constitucionales que se han denunciado. Sin embargo, el costo político de la decisión presidencial ya se ha manifestado. La última encuesta Criteria registra un 79 % de rechazo a la continuidad de Rabat, incluido un 64 % entre quienes se identifican con la derecha.

El caso ha constituido un enorme error de conducción política. La defensa presidencial de Rabat terminó comprometiendo la cohesión de las fuerzas de apoyo en una materia especialmente sensible para un gobierno que había hecho de la seguridad uno de los fundamentos de su identidad pública. La persistencia en una decisión crecientemente cuestionada trasladó al Congreso un conflicto que pudo haberse enfrentado antes mediante una rectificación política.

La pérdida acelerada de respaldo presidencial agrava estas dificultades. Un gobierno sin coalición y con una aprobación muy reducida dispone de menos recursos políticos para enfrentar conflictos sociales que pueden intensificarse si persiste el deterioro económico. La ausencia de interlocutores representativos validados aumenta esos riesgos. El peligro es que la acción gubernamental termine subordinada a una sucesión de presiones sectoriales, sin capacidad para establecer prioridades de interés general.

Las responsabilidades del Gobierno de Kast deben examinarse con toda claridad. Sin embargo, las condiciones estructurales que dificultan su conducción no comenzaron en marzo de 2026. La crisis de representación y el deterioro de la intermediación social vienen desarrollándose desde hace años. La degradación de la esfera pública también ha sido alimentada por conductas de distintos sectores políticos.

Quienes han utilizado la polarización y la descalificación de sus adversarios como instrumentos de competencia terminaron experimentando las consecuencias de esas prácticas. Ya ocurrió con Gabriel Boric y el Frente Amplio, obligados a revisar posiciones anteriores y alcanzar acuerdos con sectores duramente descalificados durante su trayectoria opositora. Ahora el Gobierno de Kast enfrenta las dificultades de conducir una sociedad cuyas tensiones requieren cooperación y la inmediatas reducción de climas tóxicos para ella. Las responsabilidades de ambas administraciones son diferentes, pero sus experiencias muestran los límites de una política  polarizadora que contribuye a destruir las condiciones de confianza que posteriormente necesita para gobernar.

Lo primero que se requiere es recuperar una política inspirada en principios más altos y orientada efectivamente hacia el bien común. Chile necesita mejores cuadros dirigentes, con experiencia política y conocimiento de los problemas sociales, capaces de ejercer el poder con responsabilidad. Las convicciones profundas son indispensables, pero deben distinguirse del fanatismo, ajeno a las exigencias de la democracia política. La firmeza de los principios resulta compatible con el reconocimiento de la legitimidad del adversario y con la disposición a alcanzar acuerdos prácticos.

Una política de esa naturaleza necesita diagnósticos serios y programas consistentes. Gobernar exige criterio para decidir ante circunstancias que ningún programa puede anticipar completamente. También requiere liderazgo y disposición a asumir las consecuencias de decisiones difíciles. La calidad de la política depende de sus orientaciones éticas y del sentido de responsabilidad de quienes la ejercen, además de su preparación.

Un mínimo de amistad cívica resulta igualmente indispensable. Reconocer a quienes piensan distinto como integrantes legítimos de una comunidad política permite comprender que su futuro es compartido. Las discrepancias pueden ser profundas, pero la convivencia democrática exige conservar espacios de cooperación. Décadas de conductas contrarias a estas exigencias han contribuido a deteriorar las relaciones de confianza que cualquier gobierno necesita.

La alternancia continúa siendo indispensable para la democracia. Pero sus posibilidades de renovación disminuyen mientras la política siga reproduciendo prácticas que agravan el desprestigio partidario y la crisis de intermediación, en un ambiente de polarización persistente. Esa misma incapacidad para alcanzar compromisos duraderos dificulta enfrentar los obstáculos estructurales que limitan el crecimiento económico. La acumulación de frustraciones puede alimentar nuevas formas de conflictividad social, cuyos efectos comprometerían la viabilidad política de administraciones de cualquier orientación.

Chile corre el riesgo de seguir alternando gobiernos sin mejorar su capacidad de gobernarse. Quienes hoy celebran las dificultades de sus adversarios pueden terminar padeciendo mañana los mismos obstáculos para ejercer el poder. Ninguna fuerza política puede construir su futuro sobre la destrucción de las condiciones mínimas que todos necesitan para gobernar.