El Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, reconocido oficialmente mediante Resolución Exenta N° 6798 del Ministerio del Medio Ambiente, debía ser un punto de quiebre hacia la conservación ecológica de la ciudad de Talca, la capital del Maule.

La comunidad lo celebró como una victoria histórica: por primera vez, la ciudad contaría con un cinturón de protección natural reconocido por el Estado, obligando a cualquier proyecto cercano a someterse a evaluación ambiental rigurosa.

Pero lo que vino después fue exactamente lo contrario. Y sin que las autoridades municipales, gubernamentales y locales hagan nada por proteger es bien protegido oficialmente.

En lugar de proteger, el Gobierno y su Ministra de Medioambiente, Maisa Rojas desmontaron en silencio los efectos prácticos de esa declaratoria.

Y lo hizo justo cuando a metros del humedal comenzó a avanzar un proyecto: el nuevo casino de Dreams.

Una declaratoria que no fue más que papel

La Ley N° 21.202 no deja lugar a dudas: al constituir una ley especial destinada  a modificar diversos cuerpos legales como la ley 19300 , con el objetivo de proteger los humedales urbanos, los proyectos proyectos colindantes o próximos a humedales urbanos deben obligatoriamente ingresar al SEIA con estudio ambiental completo.

Sin embargo, el nuevo casino de Dreams, emplazado a cerca de 50 metros del humedal, no fue sometido a evaluación ambiental.

Ingresó solamente mediante una Consulta de Pertinencia, un mecanismo pensado para dudas menores, no para proyectos que alteran ecosistemas sensibles, pues se basa en la declaración del propio proponente e interesado.

La ley exige evaluación obligatoria en estos casos.

El proyecto involucra movimiento de suelos, iluminación nocturna, perforación de napas, alteración paisajística e incremento masivo de flujo vehicular, todos factores reconocidos como afectación directa en humedales urbanos.

La omisión no es técnica. Es política.

Un Estado que atiende al nuevo Casino… pero no a la Comunidad

Los registros oficiales muestran que la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental dio audiencia inmediata vía Ley de Lobby a los representantes del casino Dreams.

Mientras tanto, la Corporación Medioambiental BIOEcoTerra, organización ciudadana solicitante de protección del humedal, lleva meses esperando audiencia sin respuesta de la Directora Ejecutiva del SEA.

Su director abogado Fabián Olave Poblete lamentó la situación pues pone en entredicho el compromiso de la autoridad ambiental con la protección de los Humedales, una normativa "de papel" en Talca y en el Chile de hoy.

En este caso, el Estado escucha al privado interesado en construir.

No escucha a quienes defienden el territorio.

La neutralidad institucional —base del Derecho Ambiental— quedó desplazada por lo selectivo.

El municipio también cedió

El permiso de edificación del casino fue otorgado por la Dirección de Obras Municipales de Talca, a pesar que el proyecto está al lado y oficializado por la propia ministra Maisa Rojas, del humedal urbano de la ciudad de Talca. Un área de protección para aves, peces, árboles, vegetación y para nosotros los que vivimos en la capital del Maule.

La directora del SEA Valentina Durán, extrañamente omitió la ley y su reglamento .

Ante denuncias ciudadanas, se solicitó fiscalización al Ministerio de Vivienda.

La respuesta ha sido la misma: respuestas absurdas, dilación, ninguna acción de control.

El Gobierno que habla de Medio Ambiente ahora lo deja morir.

El caso Talca no es aislado.

En la misma región, el Lago Vichuquén —históricamente un polo natural clave— se encuentra en un estado avanzado de contaminación maloliente.

La ministra Rojas estuvo personalmente en el lago hace tres meses.

La gravedad era evidente. La comunidad lo expuso.

Se anunciaron “mesas técnicas”, “monitoreos”, “acciones preventivas”.

A la fecha: nada.

Y en tanto todo se repite

Declaratorias de humedal sin fiscalización.
Promesas sin ejecución.
Visitas fotográficas en lugar de políticas públicas reales.

Talca como síntoma de un problema mayor

La institucionalidad ambiental chilena no falla por falta de leyes.

Falla por decisión política de las aurordades de no aplicarlas cuando los intereses económicos son grandes.

Y todo se permite:

Elusión del SEIA.
Proyectos de alto impacto con simples pertinencias.
Lobby privilegiado.
Permisos de edificación en zonas legalmente protegidas.
Negación de audiencias a organizaciones ciudadanas.

Entonces la protección ambiental no existe. Es propaganda.

Lo que está en juego

No es sólo el humedal de Talca.

Es la autonomía ecológica de una ciudad.
La salud y calidad de vida de su población.
La credibilidad del Estado en materia ambiental.
La vigencia efectiva de la Ley 21.202 y de la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente.
La igualdad ante la administración pública.

Cuando el Estado no aplica sus propias leyes, el daño no es solo ecológico. Es institucional.

Conclusión: La promesa rota

El humedal de Talca fue reconocido para ser protegido, no para ser decorado en discursos.
Si el Ministerio del Medio Ambiente no corrige este curso —y lo puede hacer aún— la historia quedará escrita así:

El Gobierno y el Estado declaró el primer humedal urbano en Talca. Pero luego autoriza un casino a metros y todo lo que conlleva: Autos, cementos, luces, ruido, electricidad, basura, multitudes, gentes, construcciones, música a un volumen no deseado o basura acústica y todo lo que se imagine para un lugar protegido.

Y también autoriza todo tipo de actividades sin evaluación ambiental, mientras ignora a la ciudadanía que intentó defenderlo.

Y esa sería la prueba más dolorosa que en Chile la protección ambiental depende menos de las leyes que de quién golpea primero la puerta del Estado.