Las fases e instancias del proceso constitucional, ha sido alabadas por distintos medios y actores por el clima de los debates, los términos del mismo, sus formas y tono general.

No se obvia, por supuesto, la comparación con el proceso constituyente anterior.

El clima sobrio de la instalación del Consejo se contrasta con el de la Convención Constituyente y se destacan los debates caracterizados por la exposición razonada y serena de los fundamentos que están a la base de los argumentos que
se esgrimen.

No cabe duda de que esto debe ser valorado y relevado, asumiendo, además, que su proyección es fundamental para avanzar en los trabajos de elaboración de una propuesta para el marco normativo en que deben desenvolverse los procesos legislativos, la participación de la ciudadanía, la formulación de políticas públicas y, en definitiva, la política en la sociedad chilena.

En otras palabras, la necesidad y el aporte de la templanza no se reducen al proceso constitucional.

El desenvolvimiento de la política en tanto espacio de tratamiento colectivo de nuestros problemas comunes requiere de esta cultura y observar consecuencia con las características enunciadas. En contraste, no contribuyen las estridencias y
las actitudes irresponsables, ni obtener “ventajas” a cualquier precio.

En la lógica del razonamiento anterior se inscriben, por ejemplo, las denuncias realizadas, recientemente, por parlamentarios, Cristian Labbé y Christian Moreira, en que reprochan incrementos de 94.100 empleos públicos en un año, señalando al Ejecutivo como el responsable.

Las motivaciones serían, según los parlamentarios, el amiguismo, que lleva a crear una “bolsa de pitutos” y una verdadera “caja pagadora” para quienes “representan a un partido político de izquierda”

Respecto de esto el INE ha señalado que se trata de una errada interpretación de las cifras puesto que incorporan a todas las personas que trabajan en instituciones estatales como la salud, educación, empresas públicas entre otras.

¿En que quedan las apelaciones a la exposición razonada de los fundamentos que sostienen, como en este caso, denuncias de tal envergadura?

Cabe preguntarse si los objetivos que se proponen, serían denunciar y demostrar un evidente abuso del gobierno, o, simplemente, dada la aclaración del INE, se busca, sobre la base del uso instrumentalmente mañoso de datos, inculpar al
gobierno y afectar su imagen y rectitud, así como debilitar, en general, la dimensión de lo público.

En la alternativa primera, es exigible la responsabilidad de actuar sobre la base de datos precisos, debidamente verificados y procesados que aseguren la solvencia de la fuente. En la segunda, estaríamos ante el falseamiento de los antecedentes y su formulación, lo que es éticamente impresentable.

La presentación deformada de los datos y sus relaciones, que falsean la realidad, tienen como objetivo construir una imagen engañosa y dañar por esa vía al adversario o contradictor.

Es evidente que lo anterior está reñido con la relevancia que se otorga a los términos, formas y climas que contribuyen a elevar la calidad de los debates, la profundidad de estos, y que son un estímulo para una mayor y efectiva participación ciudadana en las definiciones que colectivamente debemos adoptar.

Como señaláramos en un artículo anterior, todo sistema político se organiza en torno a principios políticos básicos que implican, a su vez, una concepción de ciudadanía. Así, en el caso de los principios esenciales de democracia, igualdad
ante la ley, el reconocimiento de derechos y deberes, la libertad de pensamiento y expresión y un sentido de comunidad, afincados en Atenas, correspondía, como virtud principal de la ciudadanía, lo que denominaban la phronesis.

Este concepto es asimilable a la prudencia política, como sabiduría práctica y mesura para discernir sobre el actuar en función de la comunidad. También se refiere a comprender y respetar al otro. Las virtudes que se exigen a la ciudadanía es lo contrario de la desmesura, la superficialidad e irresponsabilidad en el hablar y el actuar.

La frónesis, como virtud a cultivar, y lo que éticamente envuelve, debe contribuir a elevar la calidad y proyección de las reflexiones colectivas, partiendo de la base que el intercambio de argumentos consistentes constituye uno de pilares de la
democracia.

La prudencia política, es exigible para el conjunto de la ciudadanía y, con mayor énfasis, para quienes corresponde en determinados momentos representar a esta.

La observancia de la ética en la relación entre medios y fines es un imperativo para las izquierdas, las derechas, los centros. Para todas y todos.