Chile enfrenta una amenaza criminal compleja y el Estado necesita mejores herramientas para responder. En ese diagnóstico existe un consenso amplio. Las diferencias aparecen cuando se discute cómo enfrentarla, qué instrumentos utilizar y cuáles son los límites que una democracia debe preservar. Discutir críticamente las herramientas propuestas no debilita esa tarea; es parte del debate que corresponde dar en una democracia madura.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, debe evaluarse con ese estándar. Una de sus disposiciones más controvertidas permite restringir, durante la condena y hasta quince años después, el acceso a prestaciones estatales de salud, educación, trabajo y seguridad social para condenados por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo. El punto no es relativizar la gravedad de esos delitos, sino preguntarse qué objetivo de seguridad se busca alcanzar con tan severa medida. Restringir comunicaciones desde una cárcel para impedir que una organización siga operando tiene una justificación concreta. Prolongar durante años la exclusión de prestaciones sociales después de cumplida la condena responde a otra lógica y puede tensionar un objetivo relevante, reducir la reincidencia y favorecer la reinserción. Una política penitenciaria concentrada en el control y el endurecimiento, sin un componente equivalente de reinserción, difícilmente resuelve ambas dimensiones.
Más discutible ha sido la forma en que se ha defendido públicamente esta materia. Frente a los cuestionamientos, el Ministro de Seguridad planteó recurrir a una encuesta para saber qué piensa la ciudadanía sobre financiar con impuestos beneficios sociales a condenados por crimen organizado y terrorismo. Las encuestas sirven para conocer percepciones y preferencias, pero no permiten determinar si una política es constitucional, proporcional o eficaz. La popularidad puede ser un dato político, pero no reemplaza la fundamentación. Una política pública debe mostrar una relación razonable entre el problema, el instrumento escogido y los resultados esperados.
Ese déficit de fundamentación resulta especialmente relevante al analizar otra propuesta central de la ACOT, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para intervenir territorios afectados por el crimen organizado, con participación de las Fuerzas Armadas. Intervenir barrios críticos no es una idea equivocada por definición. Concentrar allí policías, inteligencia y persecución penal puede ser indispensable. La pregunta es por qué esa intervención requiere un
estado de excepción y, sobre todo, por qué necesita incorporar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior.
La experiencia latinoamericana obliga a la prudencia. El empleo prolongado de fuerzas militares frente al crimen organizado no ha demostrado ser, por sí solo, una solución sostenible. El crimen organizado no es únicamente un adversario armado, sino una estructura que administra mercados ilícitos, recluta jóvenes, lava activos y corrompe funcionarios. A ello se suman reparos técnicos que el Gobierno debiera considerar. El primero es de diagnóstico. Antes de concluir que Carabineros carece de dotación suficiente, resulta razonable saber dónde están desplegados sus funcionarios y cuántas tareas administrativas podrían asumir profesionales civiles. El segundo es funcional. Las Fuerzas Armadas no están organizadas ni entrenadas primordialmente para labores policiales en barrios urbanos, y una misión acotada a proteger un perímetro puede derivar en detenciones y enfrentamientos, con preguntas abiertas sobre proporcionalidad, cadena de mando y responsabilidad jurídica. Es cierto que las FFAA pueden colaborar en esta tarea, pero debe ser
sobre cuestiones bien precisas y acotadas. El tercero es de permanencia. Chile ya mantiene capacidades militares en la macrozona sur y la frontera norte. Sumar barrios urbanos abriría un tercer ámbito de utilización prolongada y comprometería recursos para la defensa nacional.
Por eso, al Gobierno no le basta con afirmar que el crimen organizado es una amenaza grave. Debe explicar qué déficit policial concreto pretende resolver, por qué las capacidades militares son indispensables, quién ejercerá el mando, cuánto durará el despliegue y qué condiciones permitirán ponerle término. De lo contrario, se invierte la secuencia propia de una buena política pública. Primero se crea la herramienta excepcional y después se intenta justificar por qué era necesaria, cuando el orden debiera ser el contrario.
Hay un tercer problema, menos visible pero más determinante. El combate contra el crimen organizado no depende solo de aprobar nuevas leyes, sino de la capacidad del Estado para implementar y gestionar las herramientas que ya posee. Persisten déficits en la evaluación de políticas de seguridad, la interoperabilidad de información entre instituciones, la prevención de la corrupción policial y la inteligencia criminal. Sigue pendiente una reforma penitenciaria que combine seguridad y reinserción, junto con una estrategia territorial que sostenga lo que se recupera con una intervención, articulando policías, municipios, educación y comunidad. Sin esa continuidad, las redes criminales pueden reconstruirse apenas termina el despliegue.
Aquí aparece, a nuestro juicio, una de las principales debilidades de la ACOT. Existe una confianza excesiva en que ampliar las potestades jurídicas producirá automáticamente mayor capacidad estatal. No necesariamente ocurre así. Una nueva atribución constitucional no crea fiscales especializados, no vuelve interoperables las bases de datos ni reduce por sí sola la reincidencia. Aprobar nuevas leyes puede ser necesario, pero no sustituye la implementación, la coordinación y la evaluación. Por lo demás, en las propuestas formuladas nada se dice sobre la persecución patrimonial de estas organizaciones criminales. Sin duda, el levantamiento del secreto bancario es una medida útil para enfrentar el crimen organizado.
Tampoco conviene reducir esta discusión a un falso debate entre quienes estarían a favor y quienes estarían en contra de combatir el crimen. Las diferencias legítimas están en los instrumentos, en la evidencia que los sustenta y en los límites que corresponde imponer al poder estatal. Cuestionar un estado de excepción o la incorporación de militares a la seguridad pública no equivale a desconocer la amenaza. Puede significar exactamente lo contrario, asumir que un problema de esta gravedad exige políticas capaces de demostrar que funcionan.
El desafío del Gobierno es exigente. Debe acreditar que sus propuestas responden a un diagnóstico verificable sobre las capacidades que le faltan al Estado y no solo a una preferencia por el endurecimiento penal, constitucional y militar. Frente al crimen organizado, la verdadera prueba de firmeza no consiste en aprobar la medida más severa, sino en construir un Estado capaz de sostener en el tiempo aquello que promete recuperar.
