En la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos, no existen responsables procesados por los Tribunales de Justicia, tampoco ha sido posible ubicar los cuerpos y en otros la identificación constituye un dilema mayor. Lamentablemente los años pasan y muchos de los genocidas van a morir en sus casas en la más absoluta impunidad, confabulados en un pacto de silencio, sin entregar ningún antecedente que nos permita saber dónde están. 

 

En Chile existen registros de más de mil detenidos desaparecidos, entre ellos están los demócrata cristianos José Balboa Benítez, Sonia Bustos Reyes, Sergio Rodríguez Villanueva y los hermanos Gustavo y Tomás Domínguez Jara. Los autores intelectuales de las deleznables desapariciones de estos camaradas, procuraron poner la mayor cantidad de obstáculos para que los familiares nunca pudieran encontrar a sus seres queridos y los peritos a cargo tampoco pudieran identificar sus restos.

 

Con este objetivo, en un acto macabro exhumaron los cadáveres de los detenidos desaparecidos, los dinamitaron para luego sepultarlos en otros lugares y evitar así que algún cómplice arrepentido pudiera aportar datos a la búsqueda. Existen también testimonios y evidencias de desentierros de sólo parte de los cuerpos, para confundir aún más las futuras pericias, además de las declaraciones de militares que confesaron, que muchas de las víctimas luego de ser fusiladas fueron arrojadas al mar, todo esto concebido como la acción militar denominada -por los propios ideólogos de la masacre- “operación retiro de televisores”.

 

Las ejecuciones políticas mencionadas en estas páginas, no están en la lógica de una bala perdida, tampoco en la autoagresión y mucho menos en enfrentamientos con las fuerzas militares o policiales, como lo esgrimió la prensa de la época replicando comunicados emanados directamente desde el aparato de propaganda del régimen. Estos asesinatos en muchos casos fueron parte de la conspiración de los servicios de inteligencia, de la represión brutal con armamento de guerra utilizado contra civiles y de la tortura que recibían los detenidos por parte de Carabineros, Militares o personal de la CNI y de la DINA.

 

Eduardo Frei Montalva, Mario Martínez Rodríguez, Mario Fernández López, Guillermo Álvarez Cañas, Hernán Castillo Calcagni, Juan Navarrete Solar, Juan Palma Arévalo, Roberto Romero Reyes, Sergio Verdugo Herrera, Juan Villaseñor Jara y Fernando Becerra Julio, fueron asesinados por agentes del Estado. Las motivaciones de los criminales son disímiles, pero siempre se enmarcan en la lógica represiva. Para ellos, cada una de las víctimas, desde sus distintas posiciones representaba una dificultad para que la dictadura se perpetuara en el poder.

 

El asesinato por envenenamiento al Presidente Frei, es la consecuencia una acción planificada en la que participó la Dirección Nacional de inteligencia del Ejército, personal médico, civiles y personas cercanas a su familia traicionando la confianza a cambio de dinero y protección. Mario Martínez al igual que Sergio Verdugo fue amenazado, seguido, secuestrado y asesinado por la CNI. Mario Fernández murió a consecuencias de las torturas que le provocaron sus captores; Guillermo Álvarez fue detenido mediante un gigantesco operativo militar en su domicilio, cuando estaba convaleciente de una operación, para luego ser fusilado junto a otros dirigentes portuarios. Hernán Castillo Calcagni fue asesinado con armamento de guerra en su lugar de trabajo, el 11 de septiembre de 1973. Juan Navarrete fue detenido y asesinado por Carabineros, al igual que Juan Palma y Roberto Romero todos ejecutados por la misma policía uniformada. Juan Villaseñor y Fernando Becerra fueron ultimados con armamento de guerra, acribillados por militares que abusaron de su condición de impunidad.