La violencia de género es un fenómeno amplio que no solamente incluye la violencia y el abuso al interior del hogar, sino que toma otras formas como el acoso callejero, el acoso en el trabajo, el abuso sexual y la violencia en el pololeo. En este escenario de pandemia, la violencia doméstica, en particular, cobra mayor relevancia alrededor del mundo y es objeto de suma preocupación. Medidas como el aislamiento y la cuarentena, impuestas para morigerar las consecuencias negativas del COVID-19, aunadas a la crisis económica, han determinado un incremento de la violencia al interior de los hogares. Así lo evidencia el aumento de denuncias observado en países tan disímiles como China, España, Brasil, Italia, Estados Unidos y Chile.
Es sabido que la violencia doméstica tiene graves consecuencias para la salud física, mental y reproductiva de las mujeres, así como también sobre sus hijos e hijas, quienes enfrentan una mayor probabilidad de sufrir problemas cognitivos y socioemocionales.
Esta pandemia y las estrategias de confinamiento utilizadas para enfrentarla acentuarán esos efectos adversos. En efecto, en estos momentos de crisis, tanto las redes formales como las informales se cortan. Los servicios de salud sexual y reproductiva, los programas de asistencia legal o psicológica, la asistencia a establecimientos educacionales, la participación en actividades familiares y comunitarias, entre otras instancias de alerta y apoyo están suspendidas, han mermado su frecuencia o en algunos casos han pasado a modalidad a distancia, sobre la cual no se conoce su efectividad, especialmente en contextos de hacinamiento. La capacidad de reacción pública para prevenir y atender violencia doméstica debería ser mayor en estos momentos, así como también debería serlo para atender casos de abuso sexual, que en una alta proporción suceden en el hogar.
Es importante considerar que cuanto más se extienda el confinamiento, más graves serán las consecuencias, y por tanto más importantes deberían ser las políticas de reparación posteriores. Abordar la violencia doméstica y sus consecuencias negativas una vez que se supere la actual pandemia derivada del COVID-19 requiere de un enfoque que incorpore el hecho de que se trata de un flagelo multidimensional.
En ese contexto, la asignación de recursos públicos a definirse en los próximos meses a través de la Ley de Presupuestos 2021 no puede realizarse sin un enfoque transversal. Abordar la violencia doméstica, tras el largo confinamiento definido para combatir la pandemia, no puede concretarse solo a través del fortalecimiento de programas específicos alojados en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG).
Por el contrario, ante esta “pandemia en las sombras” (ONU Mujeres, Abril 2020), abordar la violencia de género y realizar acciones de reparación exige una participación transversal del tema en el Presupuesto 2021. Áreas como Trabajo, Salud, Ministerio Público, Justicia, Protección Social, Educación y Economía deben, desde sus ámbitos de acción, contribuir a reparar el daño que la imposición de medidas para morigerar las consecuencias de la crisis sanitaria ha tenido, tiene y tendrá sobre las víctimas de este flagelo. Y ello no puede hacerse solamente desde el gobierno, sino que es recomendable incluya a los organismos internacionales que pueden asistir técnicamente y a las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en terreno, que saben cómo trabajar de manera efectiva y eficiente con las víctimas.
