En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto impulsado por el Gobierno para terminar con la deuda histórica del profesorado, que se arrastra desde que la educación pública pasó a depender de los municipios en la década de los años ochenta.

El texto despachado por el Senado otorga un aporte único de $4.500.000 por beneficiario o beneficiaria, pagadero en dos cuotas, y llegará los profesionales de la educación que sufrieron perjuicios de índole moral y patrimonial.

Una vez concluida la votación, el ministro del ramo, Nicolás Cataldo, comentó que se trata de “un día histórico para nuestro país, para nuestra democracia y para los profesores y profesoras que hoy son testigos del proyecto que busca reparar la deuda histórica”.

Mientras que el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó la aprobación como un avance significativo

“Esto es un pedacito de justicia que ayuda a sanar heridas. Durante 43 años no hubo nada de justicia y hoy esto es un símbolo de reparación”, afirmó.

Aguilar también destacó la transversalidad del respaldo político, lo que en su opinión “demuestra que cuando hay sintonía con las necesidades sociales, se pueden lograr acuerdos y avances”.

Además, recalcó la importancia del reconocimiento simbólico, pues “el monto no es lo relevante, sino el hecho de que el Estado de Chile reconozca esta deuda. Ese simbolismo tiene un tremendo valor”, subrayó.

La ley permitirá que 57.560 personas reciban una compensación por parte del Estado, que con este acto reconoce que mantenía una deuda con ellos, deuda que quedará saldada, pese a que el monto real es mucho mayor al pago que permitirá el texto despachado para su promulgación por parte del Presidente Gabriel Boric.

El pago se realizará en enero y octubre al profesorado que cumpla con algunos requisitos, como el no acudir a reclamaciones nacionales o internacionales posteriores por este motivo.

Los cupos disponibles por año tendrán un perfil de priorización que tomará en cuenta la edad de las y los beneficiarios, comenzando con las personas de mayor edad a las de menor edad.

Durante la discusión en Sala hubo coincidencia en que se “hubiera esperado un monto mayor” y un menor tiempo para el pago, pero se reconoció las “limitaciones presupuestarias”, se valoró la persistencia del profesorado y se destacó la consulta realizada por el gremio para aceptar la propuesta.

Las senadoras Yasna Provoste y Ximena Rincón solicitaron votación separada para los numerales referidos a los requisitos para acceder al aporte, ya que consideraban que la exigencia de la renuncia expresa a las acciones legales “no reconoce derechos fundamentales” y “establece una transgresión a los derechos de las y los profesores”, pero su intento no prosperó.