La reciente revocación de visas por parte de Estados Unidos a un ministro de Estado, un subsecretario y al jefe de gabinete del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de nuestro país, a cargo de las negociaciones del proyecto de cable submarino con financiamiento chino, no es un incidente protocolar. Es una señal política. Y en geopolítica, las señales importan.

El debate no es si Chile debe relacionarse con China. Lo hace —y debe hacerlo— en comercio, minería y múltiples sectores. El debate es otro: ¿quién controla la infraestructura crítica por donde circulan nuestros datos estratégicos durante las próximas tres décadas?

El cable no es un negocio más

Más del 95% del tráfico internacional de datos viaja por cables submarinos. No hablamos solo de Netflix o redes sociales. Hablamos de:
Transacciones financieras,
Comunicaciones diplomáticas,
Interoperabilidad militar,
Datos científicos, energéticos y tecnológicos.

Un cable no es una carretera cualquiera. Es un vector de soberanía estratégica, constituyéndose en la carretera marítima más importante del siglo XXI.

Cuando su financiamiento, construcción, operación o mantenimiento dependen de empresas con vínculos estructurales con un Estado cuya doctrina integra lo civil y lo militar, la evaluación deja de ser comercial y pasa a ser absolutamente estratégica. No es paranoia: es estándar en EE.UU., Europa y el Indo-Pacífico.

El contraste: el modelo Google–Chile–Australia

Comparemos con el cable transpacífico entre Chile y Australia impulsado por Google, conocido como el proyecto Humboldt, que conecta con Australia.

Ese modelo tiene diferencias estructurales relevantes, toda vez que cuenta con:

Operador privado occidental sujeto a marcos regulatorios y judiciales estrictos, robustos e independientes.
Gobernanza corporativa con estándares OCDE, espacio al que Chile adscribe.
Interoperabilidad con ecosistemas tecnológicos aliados.
Diversificación de riesgo dentro de una red global de cables redundantes.

¿Es Google una ONG? Por supuesto que no. Es una multinacional con intereses propios. Pero su estructura jurídica, su inserción en sistemas regulatorios occidentales y su dependencia de mercados financieros globales la hacen predecible, auditable y litigable. No es lo mismo, por tanto, que un operador - empresa china - vinculado estratégicamente a una potencia estatal con ambiciones geopolíticas explícitas y control permanente de sus empresas, y más aun cuando se trata de sus empresas estratégicas y globales.

¿Está Chile eligiendo proveedor o alineamiento?

El problema no es comerciar con China. El problema es entregarle una palanca estructural sobre infraestructura crítica sin blindajes institucionales equivalentes.

Si por ejemplo en un escenario de tensión global —Taiwán, Mar del Sur de China, sanciones tecnológicas— el cable se convierte en herramienta de presión, ¿tiene Chile capacidad real de neutralizar ese riesgo? ¿O dependerá de cláusulas contractuales difíciles de ejecutar frente a una potencia como China?

La reacción de Estados Unidos en este contexto, es improcedente ? Si pensamos que todos los países - y Chile no escampa a la regla; baste pensar en el canal de Panamá y su importancia estratégica para nuestro pais - tienen intereses estratégicos, es evidente que la revocación de visas sugiere que Washington percibe el proyecto no como una inversión más, sino como una alteración del equilibrio estratégico en el Pacífico Sur. Y eso afecta la confianza en compartir inteligencia, interoperar digitalmente o instalar infraestructura sensible en territorio chileno. 

No olvidemos que nuestro país es por lejos el de mayor compromiso y alianza norteamericana tecnológica de LATAM en materia aerea por la vía de los F16. O que somos depositarios de la más absoluta confianza estadounidense en el espacio aéreo antártico internacional, al punto de entregarnos hace décadas el controlo y monito exclusivo de dicho espacio internacional. 


Soberanía no es retórica

Chile ha construido reputación como país:

Abierto al mundo,
Institucionalmente serio,
Con reglas previsibles.

Si esa reputación se erosiona en el ámbito digital, el costo no será ideológico, sino económico:

Menor inversión en data centers,
Mayor cautela en transferencia tecnológica, satelital incluida.
Riesgo reputacional en ciberseguridad.

No se trata de vetar a China por reflejo ideológico. Se trata de aplicar el mismo estándar que aplican las potencias cuando evalúan infraestructura crítica en su territorio.

La pregunta incómoda

¿Puede el proyecto ir contra los intereses hemisféricos y contra los de Chile?

Sí, si no existe control soberano efectivo, gobernanza transparente, auditoría permanente y diversificación de rutas. Un cable captado y controlado exclusivamente por una nación, cualquiera que esta sea, con fusión total de su mirada militar con la de negocios de sus empresas, no es una decisión menor en el mundo actual en donde la tecnología de datos y sus sistemas de transportación son críticos y estratégicos para toda la humanidad. 
Un cable financiado por capital chino no es necesariamente un problema.

Un cable estratégicamente capturable sí lo es.

La diferencia entre ambos no está en el discurso político, sino en el diseño institucional. Y ahí es donde Chile debe demostrar que entiende que en el siglo XXI la soberanía ya no pasa solo por las fronteras físicas, sino también por las fibras ópticas que cruzan el océano. 

Y es ahí donde los discursos soberanistas resultan simplistas e inmaduros o ingenuos, y en donde controvertir con Rubio o Trump sin fundamentación basal seria y contundente respecto de la gobernanza del proyecto, su autonomía y resguardo de datos, es simplemente no entender el mensaje, por cierto emitido en el ámbito del soft power, y en sus efectos dirigido tanto al gobierno saliente como al entrante