En política exterior y defensa existe una regla básica: las palabras importan, especialmente cuando provienen de autoridades del Estado. Por eso resulta preocupante que el debate público sobre seguridad y cooperación internacional se esté contaminando con discursos que, bajo la apariencia de defensa de la soberanía, terminan instalando interpretaciones técnicamente equivocadas.

Un ejemplo reciente es la publicación del senador Iván Flores, quien cuestionó la participación del presidente electo José Antonio Kast en la iniciativa hemisférica denominada “Escudo de las Américas”, sugiriendo que ello podría implicar que las Fuerzas Armadas de Chile queden “supeditadas” a las de Estados Unidos.
La inquietud sobre la defensa de la soberanía nacional es legítima. Lo que no es legítimo —ni responsable— es instalar una preocupación sobre bases conceptuales incorrectas.

Cooperación militar no es subordinación

En el derecho internacional contemporáneo, los acuerdos de cooperación en defensa no implican subordinación de las fuerzas armadas de un país a otro. La subordinación operativa solo puede existir en escenarios extremadamente específicos, como alianzas militares formales o mandos integrados en conflictos armados, y aun así se establecen mediante tratados explícitos aprobados por los órganos constitucionales de cada Estado.

Nada de eso se desprende de iniciativas de cooperación hemisférica como la que hoy se discute.

Chile participa desde hace décadas en múltiples mecanismos de coordinación militar con distintos países: ejercicios combinados, intercambio de inteligencia, cooperación tecnológica y participación conjunta en operaciones de paz. En ninguno de esos casos se ha perdido la cadena de mando nacional ni se ha comprometido la autonomía estratégica del país.

La razón es simple: las Fuerzas Armadas chilenas responden constitucionalmente al Presidente de la República y al orden institucional chileno, no a estructuras militares extranjeras.

El verdadero debate estratégico

El problema de este tipo de intervenciones políticas es que desplazan la discusión desde donde realmente debería estar.

En un mundo marcado por nuevas amenazas —ciberseguridad, crimen organizado transnacional, protección de infraestructura crítica, seguridad espacial y digital— los países necesitan construir redes de cooperación entre Estados que comparten valores democráticos e intereses estratégicos.

América Latina no es una excepción.

Las discusiones actuales sobre seguridad hemisférica están vinculadas, entre otras cosas, a la protección de cables submarinos, sistemas satelitales, rutas energéticas y plataformas digitales. Infraestructuras que hoy sostienen la economía y la seguridad de los países.

La pregunta seria, por tanto, no es si Chile debe cooperar con sus aliados.

La pregunta es en qué condiciones lo hace y qué beneficios estratégicos obtiene de esa cooperación.

El problema de la oposición retórica

Cuando sectores políticos que aspiran a ejercer una oposición responsable recurren a argumentos simplificados o técnicamente imprecisos, se genera un doble daño.

Primero, se distorsiona la discusión pública sobre materias extremadamente sensibles como la defensa y la política exterior.

Segundo, se debilita la credibilidad de la propia oposición, que debería precisamente contribuir a elevar el nivel del debate, no a reducirlo a consignas.

La defensa de la soberanía nacional es demasiado importante como para transformarla en un recurso retórico.

Un país serio puede —y debe— cooperar internacionalmente sin renunciar a su autonomía estratégica. De hecho, las democracias más fuertes del mundo construyen su seguridad precisamente a partir de alianzas inteligentes.

Entre la soberanía y el aislamiento

La paradoja de estos discursos es que plantean la cooperación internacional como una amenaza para la soberanía, cuando la experiencia histórica muestra exactamente lo contrario.

Los países que se aíslan terminan dependiendo aún más de factores externos que no controlan.

Los países que cooperan estratégicamente aumentan su capacidad de influencia y protección.

Chile enfrenta hoy desafíos complejos: seguridad regional, protección de infraestructura digital, competencia tecnológica global y transformación de las dinámicas geopolíticas del Pacífico.

En ese contexto, el debate político debería concentrarse en fortalecer las capacidades del país y en diseñar alianzas que amplíen su margen de acción.

Reducir esa discusión a la idea de una supuesta subordinación militar no solo es técnicamente incorrecto.

Es, sobre todo, una forma demasiado simple de abordar un problema que exige seriedad estratégica.