A DERROTAR LA INFORMALIDAD LABORAL Y RECUPERAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO.

A propósito del 1º mayo el Gobierno destacó que “se la ha jugado por promover el trabajo decente para todas y todos”, destacando la implementación gradual de la ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas; pero lamentablemente nada se dice sobre los altos niveles de precariedad laboral que tiene el actual mercado del trabajo que significa que el 28% de los ocupados o sea 2,6 millones de chilenos/as están en la informalidad laboral.

Tampoco se visibiliza que aún no se logran los niveles de empleo pre pandemia. En los últimos 12 meses se han creado 302.000 empleos según INE, pero el 45% de ellos son empleos informales, o sea sin contrato, sin protección social.

Hoy el desafío transversal debiera ser tener una economía que genere empleos de calidad, con contrato y previsión social y eso hoy significa consolidar un camino de recuperación económica como lo están mostrando los datos del IMACEC del primer trimestre 2024 que alcanzó al 2,5%.

En ese sentido el llamado del Gobierno en ENADE de “aumentar la producción de cobre en un millón de toneladas métricas, duplicar la producción del Litio en 10 años y convertirse en líderes del Hidrógeno Verde” son señales políticas adecuadas para recuperar el crecimiento, el empleo y la equidad.

Por eso lo relevante sería que el país coincidiera en impulsar un crecimiento económico con generación de empleos de calidad y en esa tarea queda mucho por hacer como lo revelan los datos del INE.

En ese sentido debiera construirse un acuerdo político -que se ve difícil por la mezquina actitud del empresariado y las derechas- que apunte a impulsar la innovación productiva, agilizar la evaluación de los proyectos de inversión y acelerar la ejecución de la inversión en infraestructura y en equidad.

Los 1ºs de mayo pueden ser espacios para sembrar en esos Pactos Sociales y Económicos como se hizo en la apertura democrática de los 90’ con lideres sindicales y empresariales que no tenían temor a construir estos acuerdos sociales. Hoy existe un espacio tripartito de diálogo social que fue formalizado vía la ley N° 20.940, pero pareciera que no es utilizado por el sindicalismo para buscar acuerdos que mejoren las condiciones laborales y también productividad.

Otra falencia es la falta de alianzas público-privada, débil innovación empresarial. Este 2024 se instaló en ley de Presupuesto el Fondo de Productividad y Desarrollo con $139.000 millones destinados a financiar innovaciones productivas que permitan desarrollar nuevas actividades económicas regionales que debieran tener su foco en la generación de empleos; en CORFO hay un programa de Desarrollo Productivo Sostenible por $53.000 millones con similares objetivos y lamentablemente ambas iniciativas públicas no inician su ejecución 2024 hasta esta fecha.

Es urgente que como país coloquemos foco en invertir adecuadamente estos recursos públicos, en impulsar innovaciones productivas que diversifiquen nuestra base productiva y mejoren la capacidad de crear empleos. Por ejemplo, en región de Bío Bío para enfrentar crisis del acero, se deberían crear proyectos productivos regionales que financien ese fondo de productividad regional.

La inversión pública, especialmente en infraestructura productiva presenta este primer trimestre 2024 mejores números que en 2023, pero es clave modernizar la ley de cabotaje y de puertos para mejorar la competitividad de nuestras exportaciones y evitar cierre de puertos como está ocurriendo hoy en Coronel que lleva un mes sin mover carga.

Otra materia que se ha levantado con fuerza por el mundo empresarial son las evaluaciones y los permisos que se requieren para implementar obras productivas. Este proceso -en casos reales- demora más de 6 años, lo cual está ralentizando y en algunas veces desalienta la inversión privada.

Es hora que se recupere la capacidad de generar acuerdos de Estado en este caso para que la economía vuelva a crecer y que genere empleos de calidad.