La historia de SQM ha estado marcada por una constante hostilidad y prácticas discriminatorias hacia sus accionistas minoritarios, erosionando la confianza no solo en la empresa, sino también en el mercado de capitales chileno en su conjunto. Desde hace décadas, los accionistas minoritarios han sido testigos de una serie de maniobras diseñadas para limitar su influencia y derechos, en beneficio exclusivo de los controladores de la empresa, encabezados por Julio Ponce Lerou.
Un ejemplo claro de esta hostilidad es la batalla que enfrentó Potash Corporation, una firma canadiense que participó como accionista con un porcentaje significativo en SQM en los años 2000. Potash se encontró con múltiples obstáculos, como la manipulación de las estructuras de votación y la implementación de acuerdos que buscaban consolidar el poder de Ponce Lerou y sus aliados, en detrimento de cualquier otro accionista. Estos conflictos alcanzaron su punto álgido en 2015, cuando Potash retiró a sus directores en protesta por la falta de cooperación de Ponce con la justicia chilena durante las investigaciones sobre aportes ilegales a campañas políticas.
Este evento reafirmó un patrón de conducta de los controladores históricos de SQM y la administración definida por ésta, contraria a un accionar transparente y al respeto indispensable que se debe tener para con el conjunto de los accionistas y no solo para sus históricos controladores.
Este patrón de comportamiento se ha perpetuado en los años recientes. En 2017, cuando Nutrien Ltd. adquirió las acciones de Potash, SQM modificó rápidamente sus estatutos para limitar el poder de voto del nuevo accionista, demostrando nuevamente su aversión a cualquier forma de competencia dentro de la estructura accionaria de la empresa. Estas medidas no solo perjudican a los accionistas involucrados, sino que también envían una señal negativa al mercado, cuestionando la equidad y la transparencia de la gobernanza corporativa en Chile.
Más recientemente, el conflicto con Tianqi Lithium es una manifestación más de este comportamiento reiterado. Desde que la empresa china ingresó a la propiedad de SQM en 2018, ha enfrentado una serie de desafíos impuestos por los controladores históricos de la empresa, quienes han intentado limitar su influencia en la toma de decisiones estratégicas, con un tratamiento que desconoce su condición de accionistas y propietarios e intenta colocarlos, al igual que sucedió antes con Potash y Nutrien, como competidores y ajenos a la compañía. La situación alcanzó un nuevo nivel de preocupación cuando SQM decidió no someter a la junta de accionistas una decisión que compromete de manera directa el principal activo de la sociedad: sus derechos y activos en el salar de Atacama, los cuales pasarán a ser controlados por un tercero.
Este acto, que debería haber sido una decisión del máximo órgano de participación de los accionistas, fue limitado al Directorio controlado de facto por el mismo Ponce Leoru, lo que revela una vez más la tendencia de SQM a actuar en detrimento de sus accionistas minoritarios.
Pero este patrón no se queda ahí, ahora SQM ha solicitado también participar en el recurso de ilegalidad presentado por Tianqi contra la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que respaldó la operación de Ponce Lerou. La pretensión de SQM de involucrarse en una discusión jurídica estrictamente normativa, buscando influir en la decisión de la Corte en contra del legítimo derecho de reclamación de uno de sus principales accionistas, refleja una postura hostil y agresiva que va más allá de lo meramente corporativo.
Este episodio, como los anteriores, que reitera el comportamiento de los controladores históricos de SQM, ya no sorprende. Lo que sorprende es que nuestras autoridades se hagan parte de estos procesos.
