A fines del mes pasado, Inversiones Marina del Sol SA (MDS), que administra en el país los casinos de Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno, elevó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con el objetivo de determinar si las bases del proceso licitatorio de los establecimientos de Iquique, Coquimbo, Pucón y Viña del Mar ponen en riesgo la competencia que debe existir en este tipo de procedimientos. 

El tema es que la privada solicitó, mientras se desarrolla el proceso, suspender la licitación sólo del casino viñamarino, por considerar que en este caso se produce un grave problema de diseño que se manifiesta entre las condiciones de transición entre el oferente y el adjudicatario, haciendo hincapié que en el plan de operaciones se establece que no podrá exceder de tres meses contado desde que el inmueble se ponga a disposición del adjudicatario, indicando que ello favorecería al incumbente. 

Lo cierto es que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), a través de un escrito, solicitó el alzamiento de la medida de suspensión, remarcando que "no existen en el proceso antecedentes suficientes que constituyan una presunción grave de que las bases de licitación consultadas respecto del proceso de otorgamiento de un permiso de operación para un casino de juegos en la comuna de Viña del Mar afectan la libre competencia en el mercado relevante respectivo". 

Por el contrario, señala que "la suspensión del referido proceso genera el riesgo de limitar la participación de postulantes al restringir el periodo que media entre el otorgamiento del permiso y el inicio del plan de operación de la sociedad adjudicatoria, lo que obstaría una adecuada preparación e implementación del proyecto integral ofertado".