La liberación de Alberto Mejía, sicario venezolano acusado de asesinar a José Reyes Ossa —conocido como el “Rey de Meiggs”— ha encendido una tormenta judicial en Santiago.

A casi un mes del controvertido fallo, la investigación interna y penal sigue sumando nombres y generando presión sobre el Poder Judicial.

Un segundo funcionario del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fue suspendido de sus funciones, en el marco del sumario iniciado el 15 de julio por orden de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, Clara Carrasco.

Se trata del tercer involucrado separado de sus labores, luego de que la jueza Irene Rodríguez y otra funcionaria judicial también fueran suspendidas tras su participación en la audiencia del 9 de julio, donde Mejía fue formalizado y, posteriormente, dejado en libertad junto a otros dos imputados.

Mientras tanto, la investigación penal liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente también avanza.

El foco está puesto no solo en la jueza Rodríguez y el personal del tribunal, sino también en siete funcionarios de Gendarmería, quienes habrían estado implicados en el proceso que facilitó la liberación del imputado.

La tesis de un error administrativo ha comenzado a perder fuerza.

De acuerdo con antecedentes recopilados por el Ministerio Público, los hechos podrían apuntar a una cadena de decisiones deliberadas que permitieron la excarcelación del presunto sicario, lo que pone en jaque a distintos estamentos del sistema judicial.