Por daño moral, el 28° Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 40 millones de pesos a un ciudadano que fue detenido y torturado tras el golpe militar de 1973, cuando era alumno de enseñanza media.

Martín Correa, quien era además dirigente estudiantil, fue detenido por Carabineros el 15 de septiembre de 1973 en Lebu, siendo torturado tanto en la comisaría de la ciudad como luego en recintos de la Armada en Talcahuano y la Isla Quiriquina. Luego, el 5 de febrero de 1975 volvió a ser detenido, esta vez por la Policía de Investigaciones.

En el fallo de la magistrada Claudia Veloso se relata que "este tipo de responsabilidad no emana de una relación convencional ni de la perpetración de un delito común, o de una relación de naturaleza meramente privada, sino que de hechos con relevancia internacional y humanitaria, desde que tiene como fundamento la perpetración de un delito de lesa humanidad, por existir infracción al estatuto que rige el derecho internacional de los derechos humanos".

"Las graves violaciones a los derechos inherentes a su persona sufridas por el actor, al ser detenido, encarcelado y sometido a torturas físicas y psicológicas, como ha quedado asentado en la motivación Sexta de esta sentencia, son hechos que resultan determinantes para llegar a la convicción de que el demandante efectivamente ha padecido dolores físicos, sufrimientos y angustias con evidente menoscabo de su integridad física, síquica, afectiva y de su tranquilidad de espíritu, por las consecuencias derivadas del actuar ilícito de agentes y órganos del Estado, lo que ocasionó una importante transformación en su vida y que en opinión de esta sentenciadora configura necesariamente un daño moral que debe ser reparado", reflexiona la sentencia.