La reciente actuación de la Superintendencia de Educación, invocando la llamada “autonomía progresiva” de los escolares para permitirles incidir en los reglamentos internos de los colegios, no es un simple exceso administrativo ni un error técnico aislado. Es la expresión nítida de una concepción ideológica del Estado en materia educacional, que tensiona gravemente la autonomía de los proyectos educativos sobre la base de imposiciones normativas de última hora, y que vacía de contenido el rol de los padres en la formación de sus hijos.
Lo ocurrido recuerda demasiado a lo que ya se intentó consagrar, sin éxito, en el primer proceso constituyente: desplazar a los padres como primeros responsables de la educación, reduciéndolos a meros acompañantes del alumno, mientras el Estado asume un rol tutelar, omnipresente y moralmente superior. Que hoy esa lógica se intente imponer por la vía administrativa —mediante circulares obligatorias y de aplicación inmediata— debiera encender todas las alertas institucionales.
La noción de “autonomía progresiva”, tomada originalmente del ámbito de los derechos del niño, no puede ser utilizada de manera acrítica ni descontextualizada para redefinir la gobernanza interna de los establecimientos educacionales. Menos aún para relativizar la autoridad legítima de los sostenedores, de los equipos directivos y, sobre todo, de las familias. La educación no es un experimento sociológico ni un laboratorio ideológico: es un proceso formativo integral, que requiere coherencia, responsabilidad y proyectos educativos claros.
Al imponer criterios uniformes desde la Superintendencia, se erosiona uno de los pilares del sistema educacional chileno: la diversidad de proyectos educativos, amparada por la libertad de enseñanza reconocida en la Constitución y desarrollada por décadas de legislación. La autonomía de un colegio no es un privilegio corporativo; es la condición necesaria para que existan comunidades educativas con identidad, valores y reglas conocidas por quienes libremente deciden integrarlas.
Resulta particularmente grave que estas exigencias se establezcan en las postrimerías de un Gobierno derrotado estrepitosamente en las urnas, sin una adecuada deliberación pública, sin gradualidad y sin consideración alguna por la realidad concreta de los establecimientos. No se trata solo de una mala técnica regulatoria; se trata de una forma de gobernar que desconfía de la sociedad civil, de las familias y de los propios cuerpos intermedios, y que busca reemplazarlos por un Estado educacional vigilante, corrector y omnisciente.
El contraste con otras áreas de la política educacional es elocuente. Mientras la Superintendencia despliega celo regulatorio e ideológico sobre los colegios, el propio Gobierno exhibe una preocupante incapacidad para cumplir con obligaciones básicas, como la transferencia oportuna de fondos de gratuidad a las universidades. Las casas de estudio acusan ineficiencia administrativa, desorden y falta de respuesta. Hay, al parecer, un Estado muy activo para normar conductas y muy débil para cumplir sus compromisos financieros.
Este doble estándar revela una prioridad equivocada. En lugar de fortalecer el sistema educacional desde la colaboración, el respeto institucional y el apoyo efectivo, se opta por la imposición normativa y el control político-cultural. El resultado no será una mejor educación, sino más conflicto, división, judicialización y desconfianza.
Chile ya ha recorrido este camino y conoce sus consecuencias. La ideologización torpe de políticas públicas sensibles, como la educación, no solo fracasa en sus objetivos declarados, sino que termina dañando aquello que dice proteger. Un Estado que se transforma en cancerbero de la educación —decidiendo qué valores son aceptables, quién debe tener la última palabra y cómo deben organizarse las comunidades educativas— es un Estado que ha olvidado sus límites.
Defender la autonomía de los proyectos educativos y el derecho preferente de los padres no es una postura conservadora ni retrógrada. Es una defensa elemental de la libertad, del pluralismo, de la cultura nacional en materia educativa y de la responsabilidad social. Y es, también, una advertencia necesaria frente a un gobierno que parece no haber aprendido las lecciones políticas e institucionales del pasado reciente, ni menos las electorales del mes pasado.
Si lo que se pretende es una vendetta de última hora, una medición de fuerzas gracias al mero control institucional, se demuestra sólo inmadurez política crónica e inadvertencia de la voluntad claramente mayoritaria del país. Tocará al futuro gobierno que asume en marzo enmendar rápidamente este abuso, de paso demostrando rápida capacidad de corrección del rumbo educacional, y para ello la intervención de la Superintendencia de educación es - todo indica - una condición necesaria y extremadamente urgente.
