Si hay una lección clara que nos ha dejado la pandemia, es que Chile necesita de un sistema público de salud robusto, con una red primaria eficiente y con hospitales de punta, capaces de liderar la acción sanitaria no solo en medio de una crisis, sino que de manera permanente.

Sin embargo, esta conclusión -que parece de toda lógica- no está asegurada bajo las actuales condiciones de operación y financiamiento de las instituciones de salud.

Un dramático ejemplo lo constituye el hospital clínico José Joaquín Aguirre, que es parte de la Universidad de Chile y, por tanto, público, pero que no recibe ningún financiamiento directo por parte del Estado y debe generar sus propios ingresos, como si fuera una entidad privada, pero sin contar con los beneficios a los que éstas han tenido acceso.

La emergencia impuesta por el COVID obligó a hospitales públicos y privados a modificar sus procedimientos para atender con prioridad a los contagiados. Cirugías electivas y consultas ambulatorias fueron suspendidas o postergadas. Los centros de salud públicos, al igual que los de las FFAA, no vieron afectados sus presupuestos basales. Las clínicas privadas, en tanto, tuvieron a mano las medidas disponibles para las empresas, como la Ley de protección del empleo, o el acceso preferente a créditos.

Para el hospital clínico universitario, en cambio, la crisis sanitaria provocó una importante merma en sus ingresos, la que solo ha podido ser enfrentada con el apoyo de la propia Universidad de Chile, pero esto no es sostenible en el tiempo.

Así, y de manera inexplicable, al Hospital J.J. Aguirre le corresponde lo peor de los dos mundos: debe obtener sus ingresos como si fuera institución privada, pero no puede acceder al crédito como el resto de las entidades de ese carácter, sino que queda sujeto a la reglamentación del sector público.

El Hospital José Joaquín Aguirre tiene tras de sí una larga historia de éxitos clínicos y es, sin lugar a dudas, un espacio académico de cabecera para la medicina en Chile y Latinoamérica.

Es la primera institución clínica en cantidad de proyectos de investigación y publicaciones científicas y allí se forma al 40% de los especialistas y subespecialistas que, una vez egresados, contribuyen al desarrollo de la medicina pública y privada a lo largo de todo el territorio.

Mil 600 estudiantes de pregrado y otro medio millar de estudiantes de postgrado comparten experiencias y aprendizajes con 600 académicos y 3 mil 700 funcionarios dentro de este centro asistencial, que anualmente registra 480 mil consultas médicas y 20 mil cirugías.

Chile necesita un hospital público de punta, líder en investigación, en formación, en innovación, y abierto a la comunidad.  Pero eso no se puede hacer solo con los recursos que el propio centro autogestione ni menos vendiéndolo a alguna red internacional, como ha ocurrido hace pocos años con otros hospitales universitarios.

En momentos en que el país revaloriza lo público, cobra todavía más sentido  respaldar a su principal y más completo centro de salud pública. Y eso debe expresarse en un nuevo trato del Estado que reconozca su rol especial dentro de la red de salud.

No solo está en juego la atención a miles de pacientes, sino que la calidad de la salud del país, incluyendo la que proveen los hospitales públicos, los centros privados y la atención primaria, todos los cuales se nutren de especialistas formados en sus instalaciones.

El presupuesto estatal del año 2021 debe recoger este objetivo, pero más allá de eso, debemos alcanzar una ley especial que reconozca el rol especial que cumple el J.J. Aguirre en el sistema integrado de salud del país.

De la pandemia no puede quedar como legado un debilitamiento de nuestro principal centro de salud.  Al revés, después de la emergencia, el hospital J.J. Aguirre estará llamado a reposicionarse como centro de referencia de vanguardia del país y de Latinoamérica.