El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra un exdirector de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) y un exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago, por caso de espionaje a periodistas y denunciantes de corrupción al interior de la institución uniformada.

Los pinchazos ilegales se habían producido entre 2017 y 2019 cuando los periodistas e integrantes del propio Ejército investigaban la corrupción denominada "milicogate".

Los periodistas a los que se les "pinchó" ilegalmente su teléfono son Mauricio Weibel, (foto arriba) Santiago Pavlovic, Javier Rebolledo, Danae Fuster, Pascale Bonnefoy y Juan Cristóbal Peña. 

Y a los integrantes del Ejército que se les monitoreó ilegalmente sus celulares son los exoficiales Rafael Harvey y Carlos Farías, como también del exsargento Juan Pablo Díaz y el cabo primero Sergio Tudesca. Datos extraoficiales se señala que 17 personas fueron escuchadas ilegalmente por el Dine del Ejército.

Mauricio Weibel, el mayor periodista "pinchado" por el Ejército había lanzado su libro “Traición a la Patria”, donde develó cómo miembros de esa institución uniformada literalmente se robaron más de 10 millones de dólares, aprovechando la opacidad de la entonces Ley Reservada del Cobre, destinados a la defensa nacional.

La querella

El CDE informó que interpuso una querella criminal contra el exdirector de la DINE, general Schafik Gonzalo Nazal, (R) el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete, y en contra de todos quienes resulten responsables, por los delitos consumados y reiterados de interceptar un servicio de telecomunicación (artículo 36 B, letra c), de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones).

Asimismo, la querella también busca que sean investigados por delitos de falsificación de instrumento público del artículo 193, contemplados en el Código Penal.

Foto: General Schafik Gonzalo Nazal

El CDE busca que se investigue que Nazal y Poblete actuaron de forma concertada para interceptar la comunicación telefónica de periodistas y denunciantes de casos de corrupción en el Ejército de Chile.

“La acción presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se refiere a hechos ocurridos durante el año 2017, cuando el exdirector imputado, concertado con el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de la época, solicitó, ordenó y dirigió una serie de
operaciones en las que se obró ilícitamente y se interceptaron y grabaron señales emitidas a través de servicios públicos de telecomunicaciones”, señala un comunicado del CDE.

“Se indica en la querella que las referidas solicitudes para obtener dichas autorizaciones judiciales se habrían realizado al margen de la ley, pues se utilizó el procedimiento especial de interceptaciones telefónicas para casos no previstos dentro de la Ley N°19.974 y con ese propósito el exdirector y el exministro incurrieron en delitos reiterados de falsedades ideológicas, faltando a la verdad en los nombres de las personas objetos de los procedimientos especiales de la ley de inteligencia”, agrega el comunicado.

Ciper cuenta como exjuez intentó forcejear con detectives para no entregar su teléfono

Foto: Exjuez Juan Antonio Poblete

El medio de investigación periodístico, Ciper Chile, cuenta los detalles de como detectives de la PDI le quitaron el teléfono celular del exjuez querellado y que será formalizado la semana que viene, Juan Poblete Méndez.

Esta es la nota de Ciper, escrita por el periodista Nicolás Sepúlveda.

A algunos de los vecinos del llamado “edificio barco” -en la esquina de Merced y José Miguel de la Barra, en Santiago Centro-, les costaba creer lo que veían. Pasadas las 21:00 del jueves 20 de abril el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete Méndez, forcejeaba con funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para no entregarles su celular.

Poblete estaba alojando en el quinto piso del edificio, en la “casa del juez”, un departamento de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados destinada a acoger a jueces que viajan desde regiones. Allí lo encontró la PDI, que lo buscaba por orden del fiscal Jaime Retamal, quien investiga interceptaciones telefónicas practicadas por efectivos de inteligencia del Ejército que fueron autorizadas por Poblete para “espiar” a otros militares y al periodista Mauricio Weibel.

Recientemente jubilado, hasta hace poco Poblete integró la Corte de Apelaciones de Copiapó. En esa ciudad tiene su residencia en un departamento fiscal, el que fue allanado por otro equipo de la PDI. Allí los policías encontraron más de una decena de chips de telefonía celular, algunos de ellos destruidos y arrojados a un basurero, además de documentos que debían estar archivados en el Poder Judicial, entre ellos papeles relacionados con operaciones de inteligencia que requerían autorización judicial. También se encontraron dos pistolas que figuran a nombre del exmagistrado y numerosa munición.

Todo fue requisado, incluyendo las armas, ya que si bien Poblete las tiene inscritas, el permiso es para que las mantenga en el domicilio que registró en Santiago, y no en Copiapó.

El próximo miércoles 3 de mayo, Poblete será formalizado en la causa que lleva el fiscal Retamal. Lo mismo ocurrirá con el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general Schafik Nazal, quien encabezaba esa repartición cuando desde sus filas se pusieron en marcha la Operación Topógrafo y la Operación W, en las que se realizaron las interceptaciones telefónicas que son investigadas.

Esta semana se cerró con otra mala noticia para el exjuez y el exjefe de la DINE: el Consejo de Defensa de Estado (CDE) decidió querellarse en contra de Poblete y Nazal. Los delitos que les atribuye son los mismos para ambos: falsificación de instrumento público e interceptación telefónica indebida.

DOCUMENTOS CON DATOS FALSOS

Los nombres de Poblete y Nazal quedaron expuestos cuando en agosto de 2019 La Tercera reveló la existencia de la Operación Topógrafo. En un inicio se supo que se trató de espionaje contra cuatro funcionarios activos y en retiro del Ejército, y también contra el periodista Mauricio Weibel. Luego surgieron otros nombres. A esta altura, la lista de los espiados es larga: hay al menos 17 líneas que se “pincharon”.

Las interceptaciones telefónicas realizadas por la inteligencia militar deben ser autorizadas por un ministro de Corte de Apelaciones, el que debe asegurarse de que la acción se haga conforme a lo que establece la ley, que se trate de una operación justificada por razones de seguridad nacional y que no vulnere derechos de ciudadanos. Todas las que están siendo investigadas fueron autorizadas por Poblete. Lo irregular de esas solicitudes que aceptó el magistrado es que en ellas figuran datos falsos sobre los supuestos propietarios de los teléfonos. Por ejemplo, en la autorización que permitió interceptar el celular del periodista Mauricio Weibel se señala que la dueña del aparato es una ciudadana boliviana que supuestamente estaba recabando información sobre el Ejército.

El mismo nombre de la ciudadana boliviana se ocupó en varios otros documentos que sirvieron para autorizar otros “pinchazos”. Entre los espiados se cuentan oficiales del Ejército acusados de infidelidad conyugal y militares que denunciaron abusos laborales o corrupción, todos casos que no ponían en riesgo la seguridad nacional (vea el reportaje de CIPER “El Ejército «pinchó» teléfonos de militares por acusaciones de infidelidad y por denunciar abusos en la prensa”).

Hay varios números que fueron monitoreados y que hasta hoy no se sabe quién los utilizaba, porque faltan documentos que permitan identificar a sus propietarios. En el equipo investigador del caso sospechan que las cajas que encontraron en el departamento de Poblete en Copiapó podrían dar pistas sobre el paradero de esa documentación.

Cuando en marzo de 2021 CIPER reveló que los documentos contenían información falsa, el entonces ministro Poblete fue al Congreso y dijo ante la comisión de seguridad de los diputados que él estaba al tanto de que los nombres que aparecían en las solicitudes no eran de quienes realmente iban a ser espiados. Entonces, aseguró que se trataba de un mecanismo para evitar que en los documentos aparecieran nombres de personas conocidas, porque eso podía generar filtraciones. Nazal entregó la misma versión. Ahí hermanaron su suerte.

A través de este tipo de operaciones, la DINE recopiló información sobre periodistas que han investigado violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura o casos de corrupción militar. Existen pruebas de que, desde las oficinas de la DINE, se monitoreo a Santiago Pavlovic, Javier Rebolledo, Danae Fuster, Pascale Bonnefoy y Juan Cristóbal Peña (vea el reportaje de CIPER “Espionaje del Ejército a Mauricio Weibel: Fiscalía indaga monitoreo militar a otros cinco periodistas”).

“SE NEGÓ CON VEHEMENCIA”

El miércoles 26 de abril el exministro Poblete se retiró de la “casa del juez” y se llevó todas sus pertenencias, según le comentaron en ese edificio a CIPER. El forcejeo que allí protagonizaron los detectives y Poblete el jueves 20 fue la culminación de un día tenso. Nueve horas antes de que el exmagistrado se resistiera a la acción policial -”se negó con vehemencia”, señalaron los policías en un informe que hicieron llegar al Ministerio Público-, estos ya le habían solicitado que entregara su equipo telefónico de manera voluntaria, pero él se rehusó. Pasado el mediodía obtuvieron una orden de incautación desde el 7° Juzgado de Garantía, pero entonces Poblete se había esfumado del edificio.

Reapareció varias horas después y, como no obedecía, hubo una nueva orden del 7° Juzgado: quitarle el celular a la fuerza. La orden del juez de turno incluyó una advertencia: “Evitar cualquier maltrato físico del referido imputado”. Solo así los policías pudieron obtener el celular.

Quienes forman parte del equipo investigador del caso, se preguntan qué hizo Poblete con su celular durante las horas en que estuvo fuera del alcance de los policías. En todo caso, el fiscal Retamal le ordenó a la Brigada de Anticorrupción de la PDI que pericie el aparato y todo lo que se incautó en el allanamiento en Copiapó.

En un documento recibido por la PDI hace algunos días, el fiscal Retamal precisó su solicitud: “Revisar y analizar la documentación incautada, precisando la existencia de solicitudes de intervención telefónica solicitadas por el señor Schafik Nazal, y resoluciones judiciales otorgadas por Juan Antonio Poblete. Asimismo, se deberá analizar la existencia de otra documentación relacionada con la investigación, que diga relación con operaciones de inteligencia, autorizadas judicialmente”. El plazo para realizar esas revisiones es de 90 días.

En paralelo, la Fiscalía, los querellantes y el Consejo de Defensa del Estado -que presentará su querella en las próximas horas- debaten, cada uno por su lado, qué medidas cautelares solicitarán en la audiencia de formalización de Nazal y Poblete. La posibilidad de pedir prisión preventiva para el exjuez está sobre la mesa. Ni en la Fiscalía, ni en el CDE, ni entre los querellantes de la causa, se descarta que en el futuro se sumen otros cargos.