La aprobación en sala con votos democratacristianos lo llevó a poner fin al diputado Raúl Soto de su "estado de reflexión". Aseguró que, por el momento, no está pensando en una nueva casa política, pero que otros partidos le han abierto las puertas.

El “estado de reflexión” en el que se encontraba el diputado Raúl Soto sobre su militancia en el Partido Demócrata Cristiano se acabó.

En los próximos días el parlamentario concurrirá hasta las oficinas del Servicio Electoral para hacer efectiva su renuncia al partido que le posibilitó lograr un escaño en la Cámara Baja. ¿La gota que rebalsó el vaso? La votación  de sus pares democratacristianos, que permitió al gobierno anotarse un triunfo aprobándose el proyecto de modernización tributaria, con reintegración incluida.

El diputado le envio una carta a los militantes del partido

A la Militancia del Partido Demócrata Cristiano

Queridas y queridos camaradas de Chile, hoy hemos sido testigos de una jornada
triste en la historia de nuestro Partido. Con votos de buena parte de la bancada de diputados
de la Democracia Cristiana, el Gobierno de Sebastián Piñera ha logrado aprobar en la
Cámara de Diputados su proyecto de (Contra)Reforma Tributaria, cuyo núcleo esencial está
dado por un beneficio de más de 800 millones de dólares anuales, dirigido a las mayores
fortunas de este país, entre las que se cuentan precisamente el propio Presidente de la
República.
Es cierto que por gestiones de toda la oposición y no exclusivamente de la DC, como
nos ha pretendido hacer creer la dirigencia del Partido y el Jefe de Bancada, se introdujeron
modificaciones al proyecto original, las que pueden ser calificadas como avances, si se
miran de forma separada del resto del proyecto. Sin embargo, en una decisión inentendible,
el Presidente del Partido y el Jefe de Bancada, de forma precipitada y poco transparente,
suscribieron un acuerdo con el Gobierno, en el que se apropiaron de un trabajo que se
venía desarrollando de forma conjunta por una mesa técnica de toda la oposición, a fin de
aparecer ante la opinión pública como artífices de un supuesto gran acuerdo en beneficio
de los adultos mayores, las Pymes y las regiones.
Desde su inicio, el principal objetivo declarado por el Gobierno con este proyecto ha
sido la necesidad de dinamizar la economía a través de una supuesta simplificación
tributaria. Sin embargo, también ha quedado de manifiesto que el núcleo de esta reforma
no es otro que la “reintegración” del sistema. Esto es, que los dueños de las empresas
rebajen de sus impuestos personales lo que haya sido tributado por aquellas.
Tal como han sostenido de manera consistente expertos de talla internacional como
el académico Ricardo Ffrench Davis, el llamado corazón de la reforma, “es un gran
incentivo a la distribución de utilidades (incentiva la no reinversión)”. En definitiva,
con este proyecto no estamos garantizando una mayor inversión, sino que precisamente el
retiro de utilidades. El sistema actual, tras la reforma alcanzada en el Gobierno anterior, con
respaldo transversal por lo demás, precisamente favorece la reinversión.
El Gobierno y la DC aún no explican cómo favorece el crecimiento y la creación de
empleos el hecho de que los dueños de las grandes empresas, en consecuencia, de las
mayores fortunas de este país, puedan rebajar sus impuestos personales a partir de lo que
tributan sus empresas, las que además generan riqueza, en buena medida, a partir de la
fuerza de trabajo de sus trabajadoras y trabajadores.
La dirigencia de la DC ha sostenido que con el acuerdo impulsado por el Partido se
generan compensaciones cercanas a los 400 millones de dólares. La pregunta que Fuad
Chaín no responde es cuántos cientos de millones de dólares en recaudación fiscal se
pierden. La DC no responde de forma clara al país si era posible o no lograr mayores
concesiones de parte de un Gobierno sin mayoría en el Congreso y sin respaldo ciudadano
en esta materia específica. La DC debe explicar por qué optó, una vez más por el fracasado
camino solitario, entregando al Gobierno lo único que realmente le interesaba: la
reintegración.
En relación con otro argumento ampliamente difundido, relativo a que la tendencia
mundial es hacia la reducción de las cargas tributarias, es pertinente recordar que en esos
países los impuestos representan cerca del 40% de su PIB, en consecuencia que en Chile
alcanza poco más del 20%, otros países que tienen bajos impuestos a las empresas optan
por fijar altos impuestos a los ingresos personales”.
Más grave resulta lo actuado por nuestro Partido considerando que Chile sigue
siendo uno de los países con peores indicadores en materia de desigualdad entre los
Estados miembros de la OCDE, con un coeficiente de Gini de 0.454, solo superado por
México con una cifra de 0.458. Ello coincide, precisamente, con que México (16.2 puntos
del PIB) y Chile (20.2 puntos del PIB) son de los países con menor carga tributaria de los
Estados miembros de la OCDE, cuyo promedio es de 34.2. Ello se traduce en que en Chile
se recauda menos por concepto de impuestos que en los más grandes países liberales o
neoliberales del mundo, como EE.UU. (27.1) y Reino Unido (33.3).
Respecto de las estructuras tributarias, el promedio de la OCDE para impuestos
sobre la renta de las personas es de 24 puntos del PIB, en América Latina y el Caribe es
de 10 puntos, pero en Chile la cifra no alcanza los dos dígitos. Una vez más por debajo de
EE.UU. (12.4) y Reino Unido (11.9).
El propio Rodrigo Vergara, en enero de 2017, reconocía que “con la reforma
tributaria de 2014 Chile tiene una carga tributaria similar, aunque todavía un punto
menor, a la mediana de los países de la OCDE”.
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La estructura tributaria de los países determina la capacidad que tendrán los
Estados para adoptar políticas con enfoques de redistribución de la riqueza. Es más, la
herramienta más eficaz para tales fines es precisamente el marco impositivo. En esto,
nuestro Partido ha abandonado sus más sensibles banderas de lucha.
Para quienes creemos en el Estado como garante y promotor del bien común,
resulta ineludible empujar políticas públicas con claros efectos redistributivos, que partan
de la base de la progresividad y proporcionalidad. Esta reforma, sin perjuicio de contener
aspectos accesorios bastante positivos, en su médula es una política pública que favorece
a las mayores fortunas de este país, en consecuencia, nada más lejos de las ideas que
debieran ser fuertemente defendidas por las expresiones progresistas.
Para nosotros debiera ser un hecho fuera de debate que la tributación debe
ser en proporción a las rentas percibidas, asimismo, es un dato que en Chile las
rentas están claramente concentradas, entonces, las mayores fortunas deben pagar
proporcionalmente mucho más, lo que nos lleva a la conclusión de que lo que
necesitamos con urgencia son más impuestos progresivos, que el IVA sea
diferenciado y que la estructura tributaria deje de descansar sobre los impuestos que
1 https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20170126/20170126174623/pder451_erubio_rvergara.pdf
pagan la clase media y los pobres, como lo hace hasta ahora, incluso con los cambios
introducidos en 2014.
Concretamente, la Democracia Cristiana en su V Congreso Ideológico reconocía
que “la enorme desigualdad distributiva que exhibe nuestra patria genera exclusión
social y económica. Surge aquí un imperativo moral de primer orden que emplaza a
las fuerzas políticas progresistas a adoptar las medidas destinadas a provocar los
cambios necesarios”. En ese entonces, aun sin la reforma tributaria aprobada en el
Gobierno anterior, el PDC declaraba que “el actual sistema tributario debe corregirse
para mejorar su progresividad y su rendimiento. Lugar prioritario ocupa un combate
intensificado a la evasión tributaria, la eliminación de franquicias regresivas y el
aumento de la progresividad efectiva”. Finalmente, nuestro Partido acordaba que “la
tarea de garantizar derechos sociales supone asumir la necesidad de perfeccionar
nuestro sistema tributario para hacerlo más progresivo, más eficiente disminuyendo
la evasión fiscal y controlando la excesiva elusión fiscal. Se trata de contar con una
estructura tributaria que permita financiar responsablemente el gasto social”.
Claramente el acuerdo que algunos colegas de bancada han asumido en esta
materia con el Gobierno no solo se aleja de nuestros planteamientos oficiales como Partido,
sino que derechamente se enfrenta a nuestras más profundas convicciones de justicia
social y pugnan de forma abierta con nuestros acuerdos ideológicos vigentes.
Se pudieron aprobar las medidas progresivas que la oposición incorporó al proyecto
sin renunciar a nuestras más esenciales convicciones en materia de equidad social y justicia
tributaria. Existen vías para favorecer a las PYMES, a los adultos mayores, a las regiones
y a la clase media sin dejar de recaudar en beneficio de los más ricos de este país.
Necesitamos un Estado que recaude más. En tiempos económicos turbulentos sabemos
que las respuestas no vienen de los privados, los que generalmente se retraen en estos
escenarios. La reactivación generalmente viene de los Estados a través de las políticas
económicas y el gasto público. Ningún país del mundo ha salido de dificultades económicas
por las virtudes del sector privado, sino que por una fuerte y decidida acción del Estado y
precisamente para ello se requiere que ese Estado cuente con los recursos necesarios para
actuar en auxilio de los más necesitados y para generar inversión pública.
Con mucha tristeza constato que el Partido que promovió cambios radicales en
nuestro país, hoy ha preferido marchar a la comparsa de un Gobierno de derechas, respecto
del cual nuestra Junta Nacional y la ciudadanía, nos ubicaron en la oposición. Por cierto
que ello no implica obstruir y negarse a legislar en toda materia, pero como partido de
oposición tenemos el deber de mantener nuestra identidad y de jugar el rol que como tal
nos compete. No nos correspondía “salvarle” esta contrarreforma al Gobierno, lo que nos
correspondía, por mandato expreso de la Junta Nacional, era defender lo avanzado en el
gobierno de coalición del cual formamos parte, perfeccionar esa pequeña pero relevante
conquista en pos de un sistema impositivo más justo y que tenía en vista contar con los
recursos necesarios para financiar una serie de políticas públicas que van en directo
beneficio de los pobres y la clase media.
Tras esta reforma, aprobada y promovida por la DC, Chile es más injusto. No estoy
disponible para seguir militando en este partido, tristemente capturado por una dirigencia
que desobedece mandatos de la Junta Nacional y que desconoce nuestras más
elementales raíces. Aprecio y agradezco a mis camaradas de base, lamentando que hoy
sean representados por esta casta de personeros que ya perdieron todo pudor para
cogobernar con la derecha. Valoro a quienes deciden quedarse para luchar desde dentro,
pero la batalla contra las fuerzas neoliberales y conservadoras es tan ardua, que tener que
lidiar además con pugnas intestinas, dentro de un Partido que se supone de vanguardia, no
resulta en nada fructífero.
Ya no bastan las explicaciones de los dirigentes del PDC de pretender articular una
oposición constructiva o esa añoranza por una mal entendida política de los acuerdos, esta
vez se sobrepasó el límite que ética y políticamente no era posible cruzar y en esta ocasión
es sin retorno, acá se está cogobernando con la derecha y su programa político. La
estrategia del camino propio ya nos empujó a un desastre electoral, donde sus principales
promotores fueron castigados en las urnas por la ciudadanía, sin embargo, nuestro Partido
parece no haber entendido el mensaje ni aprendido la lección.
Por ello y tras un intenso período de reflexión, iniciado a partir del momento en que
la bancada decidió plegarse a la votación de la idea de legislar este proyecto, hoy anuncio
que presentaré formalmente mi renuncia a la militancia en la Democracia Cristiana.
Mantengo mi lealtad a sus más altos principios y con la memoria puesta en las grandes
conquistas lideradas por la DC en el pasado como inspiración para mi actuar presente y
futuro.
Raúl Soto Mardones
Diputado