Hace ya varias semanas hemos alertado sobre la mediocridad del gobierno de Piñera. Todas las semanas se suman ejemplos de problemas no resueltos que terminan afectando la calidad de vida de las mayorías ciudadanas.
La crisis sanitaria de ESSAL en Osorno reveló -una vez más- la mala gestión de la administración del Gobierno y la debilidad de la institucionalidad regulatoria. Es hora de avanzar hacia un modelo más estricto y más acorde a nuestro nivel de desarrollo democrático, aunque al empresariado y a la derecha no le guste.
Un país moderno debe tener una institucionalidad regulatoria donde se respeten los derechos de las familias y personas, donde existan sanciones ejemplarizadoras a las empresas proveedoras en caso de incumplimientos, donde se hace operativa la decisión de la autoridad sobre la caducidad de la concesión, donde se tiene un proceso regulatorio transparente y participativo que hoy día no existe y donde no existen altas utilidades garantizadas para las empresas proveedoras –como el 7% de utilidad garantizada a las sanitarias-.
Hoy es la hora en que los discursos y twitters indignados se transformen en fuerza política en el Parlamento que permita transformar la actual legislación sanitaria que en esta coyuntura ha mostrado ser completamente insuficiente. La rentabilidad garantizada del 7% que estableció el DFL 70 del año 1988 es abusiva y debiera ajustarse al 5% que plantean diversos estudios técnicos como piso razonable para garantizar calidad de servicio a los usuarios.
Es urgente también fortalecer las capacidades de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para fiscalizar los planes de desarrollo de las empresas, especialmente el caso de incumplimiento de estos programas. No podemos seguir una Superintendencia débil, sin personal calificado para ejercer esta tarea fiscalizadora.
Es también relevante incrementar las multas y así perfeccionar el proceso sancionatorio. Es urgente uniformar las infracciones y actualizar las multas que la SISS puede aplicar.
El proceso tarifario debe transitar hacia una mayor transparencia e información a los usuarios incorporando mayor información a las regiones como también a las organizaciones de consumidores y a la opinión pública.
También se requiere modificar la actual legislación para generar “una muralla china” entre el organismo público regulador y las empresas privadas del sector, que eviten “la puerta giratoria” como ocurre hoy donde las máximas autoridades de la Superintendencia son ex ejecutivos de Aguas Andinas. Fortalecer a la autoridad pública requiere regular sobre esta materia.
Este criterio de rebajar las utilidades garantizadas también debe extenderse a las empresas distribuidoras de la electricidad.
Otra área sensible para la ciudadanía que mostró preocupantes resultados fue el alto desempleo en el Gran Santiago. El desempleo de junio de 8,4% es 1,4% superior a la tasa de junio 2018, el desempleo femenino llegó a 9,1%. Claramente la economía creciendo al 2% este primer semestre está impactando en la generación de empleos.
El Informe INE de mayo 2019 revela que la creación de nuevos empleos está limitada a la administración pública a los sectores de salud y educación; mientras que el empleo privado muestra signos de retroceso como la Agricultura, Pesca con -3,7% y Comercio con -0,3% en 12 meses lo que revela que la promesa presidencial de “más empleo” no se está cumpliendo con la excepción de crear puestos de trabajo en el sector público.
En materia de inversión en proyectos aprobados en la evaluación ambiental este 2019 se ve una preocupante caída de la inversión en Minería y Energía que dejan de ser los grandes sectores con nuevos proyectos –lo que ratifica un negativo IMACEC minero para próximos meses-, lo cual es reemplazado por un mayor dinamismo en los sectores Inmobiliario y Transporte; pero el balance es negativo ya que se proyecta una menor inversión en nuevos proyectos, lo cual afectará el empleo.
Incluso un influyente medio empresarial como “Economía y Negocios” publicó un artículo donde los agentes del mercado refutan la optimista proyección de crecimiento de 3,2% del Ministro de Hacienda y anticipan un modesto 2,5% como crecimiento 2019.
El optimismo gubernamental no es creíble –ni para sus votantes-, la confianza de los consumidores seguirá en zona pesimista y veremos a un gobierno desesperado por cambiar este clima de pesimismo ante una economía estancada que ya se instaló.
