El Gobierno anunció que presentará una querella en contra de la concesionaria Blanco y Negro, que administra al club Colo Colo.
La medida fue dada a conocer por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en Canal 13, marcando la primera vez que se apunta a la responsabilidad legal directa de un club organizador por los desórdenes provocados por sus hinchas.
La decisión se produce tras los graves incidentes ocurridos el pasado lunes en el Estadio Nacional, donde se registraron violentas peleas entre facciones de la barra de Colo Colo.
Incluso, videos y fotografías muestran como uno de los delincuentes porta un largo cuchillo para herir o matar a otros barristas.
Lo singular es que hace cinco días, los dirigentes de la Universidad Católica en 48 horas identificaron infractores con cámaras y aplicaron derecho de admisión hasta por seis años. En Colo Colo todavía no se conocen las acciones contra esos delincuentes.
"Nosotros vamos a presentar una querella no solo respecto de quienes cometieron los ilícitos dentro del estadio, sino que también contra los representantes legales del club", afirmó de manera categórica el ministro Cordero.
Este anuncio llega a casi 200 días del fin del plan "Estadio Seguro", en un contexto donde la violencia en los recintos deportivos sigue siendo una preocupación constante. Según el reportaje de la estación televisiva, este endurecimiento de la postura del Ejecutivo busca sentar un precedente para que los clubes asuman un rol activo en la prevención y sanción de la violencia.
Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se refirió a los responsables como "ovejas negras" dentro de una hinchada mayoritariamente pacífica, pero que generan graves problemas a la institución.
Sin embargo, la acción judicial del Gobierno apunta a que la responsabilidad del organizador va más allá de la simple identificación de los vándalos.
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya había informado sobre la identificación de los responsables de los incidentes en el Nacional. No obstante, la querella del Estado busca establecer una responsabilidad institucional por parte de los clubes, que ahora deberán enfrentar consecuencias legales directas por la seguridad en los espectáculos que organizan.
Sin embargo, la acción judicial del Gobierno apunta a que la responsabilidad del organizador va más allá de la simple identificación de los vándalos.
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya había informado sobre la identificación de los responsables de los incidentes en el Nacional. No obstante, la querella del Estado busca establecer una responsabilidad institucional por parte de los clubes, que ahora deberán enfrentar consecuencias legales directas por la seguridad en los espectáculos que organizan.
