Este jueves, millones de colombianos han sido convocados para participar en el "Paro Nacional" organizado por movimientos sindicales del país sudamericano, en rechazo a las múltiples reformas laborales y económicas que estaría planeando el gobierno del Presidente Iván Duque.

Un llamado que, en otros momentos, no complicaría de sobremanera al Ejecutivo, pero que hoy los tiene muy en alerta. La razón es clara: los estallidos sociales ocurridos en distintos puntos de Sudamérica, como Ecuador, Chile o Bolivia, se ven cada vez más cerca de Bogotá e inquietaron al Gobierno colombiano.

El llamado a esta huelga fue el pasado 5 de octubre. Nada fuera de lo común en un país donde las protestas forman parte del ejercicio democrático, sin embargo, el estallido social iniciado en Chile trece días después encendió las alarmas en la Casa de Nariño.

"La noche del 'Santiagazo' llegó a cambiarlo todo. No solo en Chile. También en Colombia", afirmó el medio colombiano Semana. A partir de lo sucedido en nuestro país, la jornada del "21N" -a la que también adhirieron los movimientos estudiantiles- tomó otra dimensión tanto para las autoridades como para los manifestantes y dejó de ser una protesta más. El nerviosismo en el Ejecutivo, entonces, es notorio, y la preocupación también.

"El gran desafío que tenemos es que esta convocatoria no termine siendo un intento de golpe de Estado, ni tampoco un plan de largo plazo para incendiar al país. Por esa razón, el Presidente está personalmente al frente de todo", dijo una fuente de Gobierno a Semana.

Ante esto, Duque ha tomado una serie de medidas bastante polémicas, como el cierre de las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta la mañana de este viernes, con la finalidad de impedir el ingreso de "agentes extranjeros" a la movilización. En esa línea, desde la semana pasada el Gobierno ha expulsado a al menos 24 venezolanos que habrían buscado infiltrarse en la protesta.

Del mismo modo, se autorizó el despliegue de efectivos militares en las calles de Bogotá, así como también la policía ha realizado una serie de allanamientos a casas de dirigentes sindicales y estudiantiles, tanto en la capital como en ciudades como Medellín y Cali. A esto se suma la decisión de proteger los edificios públicos para evitar destrozos, misma decisión que ha tomado el comercio local.

"Lo que se está haciendo es (...) garantizar que quien quiera manifestarse pacíficamente pueda hacerlo y para responder, si hay actos de violencia, de conformidad con la Constitución", dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a Blu Radio, en línea con el Presidente Duque, quien señaló a radio Candela que "la protesta social pacífica es un derecho constitucional, el cual garantizamos, pero seremos implacables con los actos de vandalismo".

Qué reclaman

La gran huelga, convocada el mes pasado por la Confederación General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Colombia, tiene como razón protestar contra un "paquetazo" de medidas que, aseguran los manifestantes, estaría preparando el Gobierno y que causaría un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.

En total son 10 los puntos establecidos por los organizadores del paro. Entre las polémicas medidas están la eliminación del fondo estatal de pensiones Colpensiones, el cual pasaría a ser un fondo privado; la privatización de empresas públicas; el incremento de tarifas de energía en hasta un 35%; la rebaja de impuestos a las grandes compañías multinacionales; y la reducción del salario de los jóvenes al 75% del sueldo mínimo.

Por su parte, las organizaciones sociales reclaman al Gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, así como medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de centenares de ellos desde que Duque llegó al poder, hace quince meses.

A las manifestaciones acudirán también estudiantes de universidades públicas y privadas que reclaman más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado después de más de dos meses de protestas.

Ante esto, el Gobierno asegura que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos, y los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros han estado dedicados a explicar la posición oficial al respecto.

Un Presidente preocupado La protesta pilla a Iván Duque en un mal momento. Tras llegar al poder respaldado por el ex Presidente Álvaro Uribe, el Mandatario actualmente se encuentra incapaz de consolidar mayorías en el Congreso, lo que se suma a los reveses electorales sufridos por su partido, el derechista Centro Democrático, en los comicios locales de octubre.

Las manifestaciones se producen además en un momento de baja popularidad del Presidente colombiano, cuya aprobación ronda el 26%, por lo cual el Gobierno asegura que, aunque respeta la protesta social, garantizada como un derecho constitucional, hay quienes buscan sacar ganancias políticas del momento.

Pero el escenario es complejo para el Mandatario. Pese a que el Ejecutivo prevé un PIB del 3,6% en agosto de 2018, Colombia registra uno de los índices más altos de desigualdad y desempleo de la región. Esto se suma a las impopulares medidas económicas que el Gobierno buscaría impulsar.

Por otro lado, el aumento de hechos violentos, la proliferación de nuevos grupos guerrilleros disidentes de las FARC y el escaso éxito de la lucha contra el narcotráfico, han incrementado el rechazo a Duque, que se ha trenzado constantemente en enfrentamientos con el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de querer intervenir en la política interior y financiar a grupos narco.

En esa línea, se sumó un hecho bastante polémico: el bombardeo a un grupo disidente de las FARC en agosto pasado, que acabó con la vida de 14 personas. En su momento, el hecho fue bastante celebrado por el Gobierno, pero hace dos semanas se supo que entre las víctimas, había ocho menores de edad, quienes habían sido reclutados a la fuerza por los guerrilleros para formar sus filas.

La revelación obligó la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y puso en duda la estrategia del Ejecutivo para combatir la guerrilla, sembrando el miedo en la población. Ahora, el susto ronda en la Casa de Nariño, que ve este jueves como la fecha clave para evitar un nuevo estallido social en la región.