La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sentenciada a seis años de prisión este martes por la Justicia de ese país.

Fue declarada culpable en una demanda que investigó su participación en un esquema de fraude mientras presidía la nación latina, entre 2007 y 2015.

Según la denuncia del Ministerio Público argentino, Kirchner y varios ex empleados de su gobierno firmaron contratos millonarios por obras viales que serían incompletas, sobrevaluadas y además innecesarias.

La denuncia trata específicamente de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz, de donde era oriundo su difunto esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena parte de su carrera profesional y política antes de saltar a la escena nacional.

La ex presidenta ha negado previamente las acusaciones y dijo que son parte de una persecución en su contra y al proyecto político que representa. En sus palabras, señaló que no está “ante un Tribunal Constitucional, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial” y que la sentencia en su contra ya estaba escrita.

“Probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de las leyes del presupuesto que son aprobadas por legisladores. Ninguna de las aseveraciones, de las mentiras que dijeron los fiscales eran ciertas. (…) Vivimos en un Estado paralelo y de mafia judicial“, señaló a través de una transmisión en Twitter.

Aunque sea condenada, no puede ser arrestada

Por su cargo de vicepresidenta, Kirchner goza de la misma inmunidad constitucional que el presidente, lo que la protege legal y civilmente en los procesos penales. Por lo tanto, no puede ser arrestada, a menos que sea removida por juicio político.