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Fuerzas del orden británicas utilizan a menores como espías en sus operaciones encubiertas

La Policía y la Inteligencia del Reino Unido utilizan a menores como espías en sus operaciones encubiertas contra terroristas, pandillas y narcotraficantes. Un comité de la Cámara de los Lores (la cámara alta del Parlamento británico) puso de relieve la dudosa práctica y dio la voz de alarma sobre los planes del Gobierno para concederles a las fuerzas del orden más libertad para implicar a niños en sus operaciones.

El comité de escrutinio de la legislación secundaria expresó en un informe su preocupación por las propuestas de extender de un mes a cuatro el período de tiempo entre los procesos de reinscripción de cada niño.

"Nos preocupa que capacitar a una persona joven para participar en actividades encubiertas asociadas con delitos graves durante un período prolongado de tiempo pueda aumentar los riesgos para su bienestar mental y físico", dijo el comité, presidido por lord Trefgarne.

Ben Wallace, ministro de Seguridad del país europeo, sugirió que las fuentes infiltradas de inteligencia humana juvenil pueden tener "acceso único a información", particularmente para recopilar pruebas sobre grupos delictivos.

Al mismo tiempo, representantes del Ministerio del Interior afirmaron, citados por The Guardian, que "las fuentes encubiertas de inteligencia humana juvenil se utilizan muy raramente y solo cuando (...) no hay otra forma menos intrusiva de obtener la información necesaria".

Neil Woods, policía encubierto actualmente retirado, afirmó que conocía casos en que niños habían participado en operaciones encubiertas en el pasado, pero indicó que eso ocurría en raras ocasiones.

El exoficial advirtió que esta práctica puede incrementar los riesgos y "aumentar la violencia" que enfrentan los niños involucrados en las pandillas, ya de por sí muy vulnerables.

Por su parte, Rosalind Comyn, responsable de leyes y políticas de Rights Watch Reino Unido, considera que "exponer intencionalmente a niños al terrorismo, al crimen o al abuso sexual (…) va directamente en contra de las obligaciones del Gobierno en materia de derechos humanos, que exigen que los intereses de los niños se sitúen en el centro de las decisiones que los afectan".