”Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos”, señala el informe.
Dos detenidos que luego fueron liberados confirmaron que “estuvieron retenidos en instalaciones militares”; y los abusos también incluyeron saqueos en sus viviendas y la destrucción de “efectos personales, comida y enseres del hogar”.
Ejecuciones de cuatro campesinos de una misma familia
HRW alega en su informe que muchos de los detenidos "no eran miembros de grupos armados", sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Las citadas ejecuciones afectaron a cuatro campesinos de una misma familia, a los que las FAES se llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe.
"Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas", señala el texto.
Emir Remolina, de 26 años, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío; y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros, "sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años".
En La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, los agentes venezolanos "ingresaron por la fuerza en varias viviendas", sin una orden de allanamiento, y detuvieron a sus residentes, en su mayoría campesinos.
"Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos", señala el informe.
Dos detenidos que luego fueron liberados confirmaron que "estuvieron retenidos en instalaciones militares"; y los abusos también incluyeron saqueos en sus viviendas y la destrucción de "efectos personales, comida y enseres del hogar".
