El Popular fue adquirido el pasado 7 de junio por Banco Santander por un euro, con el compromiso de cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar su balance, afectado por cuantiosas pérdidas.
Justicia española investigará a dos ex presidentes del Banco Popular por supuestos delitos de falsedad societaria
Un tribunal español admitió a trámite tres querellas contra los ex presidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y los respectivos consejos de administración por supuestos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
El Popular fue adquirido el pasado 7 de junio por Banco Santander por un euro, con el compromiso de cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar su balance, afectado por cuantiosas pérdidas.
Dicha decisión afectó al empresario chileno Andrónico Luksic, quien habría perdido toda su inversión hecha en la entidad española, unos US$100 millones. Según un auto judicial conocido hoy, el juez de la Audiencia Nacional de España Fernando Andreu acordó abrir dos piezas separadas de investigación.
La primera de ellas, por la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros en 2016, cuando el presidente era Ron.
Y la segunda, por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios cuando el presidente era Saracho, que sucedió a Ron en febrero de 2017.
Entre las diligencias previstas, el magistrado llamará a declarar a todos los querellados y requiere documentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (órgano supervisor del mercado bursátil), al Fondo de Reestructuración Bancaria y al propio banco.
También pide al Banco de España que designe a dos peritos que determinen si la información contable de la entidad bancaria era la imagen fiel de las cuentas y estaba libre de manipulación o deformación.
Las querellas admitidas fueron presentadas por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec) y la empresa Estel Ingeniería y Obras, mientras que la tercera procede de dos particulares.
Las dos últimas incluyen como querellado al que fuera el principal accionista individual del Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2% del capital del banco y perdió 550 millones de euros. En agosto, Del Valle denunció ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la venta del Popular a Santander por un euro.