fraín De La Rosa, un mexicano de 40 años que estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU., falleció este martes a las 23:29 (hora local) en el hospital Southwest Georgia Regional Medical Center, ubicado en el poblado de Cuthbert, estado de Georgia, según lo informado por ese organismo gubernamental migratorio en un comunicado. 

Por ahora, la única fuente accesible que brindó información sobre el siniestro proviene de la propia ICE. En el texto ya mencionado, el Estado explica que el migrante latinoamericano, quien estaba privado de su libertad en un centro de detención emplazado en el pueblo de Lumpkin, condado de Stewart, fue encontrado por el personal del establecimiento sin signos vitales perceptibles.

La versión del suicidio

Desde el punto de vista de la explicación oficial, durante aquella jornada los agentes realizaban el habitual monitoreo de las celdas hasta que notaron que De La Rosa no respondía. Tras visualizar la urgencia, los carceleros comenzaron a aplicarle técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin éxito. Esta situación, según el parte difundido públicamente, se produjo a las 22:38.

Al instante, los empleados públicos se contactaron con el servicio de emergencias zonal, que llegó a la escena con absoluta rapidez: diez minutos después. Hasta el momento, aquella es la única versión de los hechos, pero aún resta esclarecer si el mexicano falleció en la cárcel o si, por el contrario, su deceso se produjo en el centro de salud, como sostienen desde las oficinas a cargo de la seguridad migratoria. 

El caso, que se produjo hace horas, "está actualmente bajo investigación", aseguran las autoridades. Sin embargo, desde el Gobierno ya dieron a entender que "la causa preliminar de la muerte parece ser el estrangulamiento autoinfligido". Como ya se aclaró, todavía no hay otras hipótesis. 

En cuanto al ciudadano difunto, vale repasar que estaba en condiciones de encierro tras ser acusado de un robo. En efecto, al momento de su muerte se estaba desarrollando el proceso para efectuar su deportación.

Las muertes de migrantes recluidos

De momento, las cifras estatales contabilizan ocho fallecimientos de migrantes detenidos bajo custodia del ICE en lo que va del 2018. Más en detalle, la directora de Project South y abogada especialista en derechos humanos, Azadeh Shahshahani, señaló en su cuenta de Twitter que tras la reciente muerte de aquel ciudadano mexicano, se enumeran tres decesos en la cárcel de Stewart durante los últimos 15 meses.

"¿Cuántas personas más deben morir antes de que el Gobierno cierre este horrendo lugar?", preguntó la letrada. Asimismo, la especialista afirmó en un artículo escrito para The Guardian que esa prisión "es operada por la mayor corporación de cárceles de EE.UU., CoreCivic —antes llamada Corrections Corporation of America—". Así las cosas, según los datos exhibidos por aquella empresa privada, el contrato firmado con ICE le permitió sumar 178 millones de dólares netos a la prestadora de servicios penitenciarios durante el año pasado. 

Por otro lado, Shahshahani ya inició una demanda en abril en la cual denunció que CoreCivic obliga a trabajar a sus reclusos por salarios inferiores al mínimo e incluso castiga a quienes se nieguen a hacerlo, aplicando el confinamiento solitario, entre otras desatenciones a los principios establecidos por la ONU en 1998: "Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano", destaca el primer punto acordado por Naciones Unidas.

Vale repasar que en EE.UU. se contempla que el derecho internacional y el local corren por vías separadas, es decir que si no se sancionan leyes locales sobre resoluciones planteadas fuera del marco estadounidense, las definiciones de estos organismos supranacionales no son vinculantes —obligatorias—, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países. Además, el presidente Donald Trump decidió abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mediados de junio tras calificarlo como "hipócrita". Sin embargo, resta por ver cuáles serán las consecuencias en base a la legislación nacional.

"Violaciones al debido proceso" 

Por su parte, el director de foros y debates en Global Exchange —una organización de derechos humanos radicada en San Francico (EE.UU.)—, Marco Castillo, opina que "luego de ser separados de sus familias y sus vidas en aquel país, muchos migrantes se enfrentan a fuertes violaciones al debido proceso". Sobre este punto, agrega que aquellos extranjeros "no cuentan con traductores ni representantes consulares que les expliquen el sistema al que son sujetos y sus derechos frente al mismo".

Además, añade consideraciones sobre las condiciones de detención, sobre todo en los presos de origen mexicano: "Muchas veces son mantenidos en celdas sin aire acondicionado o con bajísimas temperaturas. Otras están sujetos al racismo, la violencia verbal y física, por parte de los custodios. Siempre son despojados de sus pertenencias —como ocurre con casi todos los presos—, pero casi nunca las recuperan".